Rosa Martínez-Vozpópuli
- En el sanchismo la Justicia funciona al revés: primero se dicta el veredicto político y luego, si eso, se hojea la sentencia
Nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público. La pena tiene algo de justicia poética para un hombre cuyo empleo consistía, entre otras rarezas, en no aparecer demasiado por el trabajo. David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha sido condenado por cooperación necesaria en un delito de prevaricación administrativa. La sentencia considera probado que apenas acudió al puesto para el que había sido contratado, que no cumplió las obligaciones laborales asumidas y que sus contactos con los directores de los conservatorios acabaron siendo casi inexistentes. Nueve años sin poder ocupar un cargo público. Por una vez, la Justicia se ha adaptado perfectamente a su experiencia profesional.
La sentencia es recurrible, conviene decirlo porque algunos todavía sabemos distinguir entre una condena y una condena firme. También sabemos distinguir entre una investigación y una condena, que es precisamente la diferencia que el sanchismo lleva años intentando borrar con un cubo de propaganda. Hasta ahora todo era fango, acoso, ultraderecha, jueces con agenda, periodistas enfadados y organizaciones malísimas empeñadas en molestar a una familia que solo quería servir a España, preferiblemente cobrando de ella.
Ya no. Ahora hay una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Badajoz que declara culpable al hermano del presidente. Lo absuelve del tráfico de influencias, pero considera probado que fue cooperador necesario en la prevaricación. No es un titular de prensa ni un informe de la UCO interpretado por tertulianos con espuma en la boca. Es una condena judicial.
Un hermano delincuente
A muchos la palabra delincuente les parecerá muy fea, pero si un tribunal considera probado que has cometido un delito y te condena por ello, eso es exactamente lo que eres. Y así hemos pasado de tener un presidente que confiaba plenamente en su hermano, aunque nunca supiera nada de lo que hacía, a tener un presidente que es hermano de un delincuente.
Sánchez lleva años rodeado de personas en las que decía confiar y de las que luego no sabía absolutamente nada. Confiaba en su esposa, pero desconocía sus negocios. Confiaba en su hermano, pero no tenía noticia de cómo había terminado ocupando una plaza pública creada para él. Nuestro Adonis presidencial ha convertido la confianza plena en una forma superior de ignorancia. Él pone la mano en el fuego y luego resulta que nunca estaba mirando hacia la hoguera. Pero insiste en que creamos que un hombre que no se entera de nada, ni de lo que pasa en su casa, va a limpiarlo todo.
Ahora, además, su esposa ha sido enviada a juicio oral. Y no tengo ninguna duda de que, aunque acabara entrando en prisión, Sánchez sería capaz de continuar en el Gobierno y salir a explicarnos, con esa voz de teleoperador funerario, que España necesita estabilidad. España siempre necesita exactamente aquello que permite a Pedro Sánchez seguir en la Moncloa. Qué coincidencia tan patriótica. No porque le tenga pánico al banquillo, claro. Por responsabilidad institucional.
Pero el problema no acaba en el hermano y, encima, se agrava con la respuesta. Ni una mínima señal de pudor. El Gobierno y el PSOE reaccionan denunciando que se pretende derribar al Ejecutivo porque no pueden vencerlo en las urnas. Es decir, cuando un tribunal condena a un familiar del presidente, el condenado deja de ser el problema y pasa a serlo el tribunal.
La sentencia tiene más de 370 páginas, pero al Gobierno le bastaron unos minutos para decidir que no había pruebas y que el inocente era el condenado. Leerla entera habría sido un detalle, aunque quizá demasiado burgués. En el sanchismo la Justicia funciona al revés: primero se dicta el veredicto político y luego, si eso, se hojea la sentencia.
Gobernar entre los juzgados
Esto es un despropósito y lo siento especialmente por la gente joven. Por quienes han crecido viendo ministros insultar a jueces, diputados montar numeritos, asesores convertirse en altos cargos, cónyuges haciendo negocios alrededor de la Moncloa y familiares encontrando empleos públicos confeccionados con la delicadeza de un traje a medida. Pueden llegar a pensar que esto es la política. Que lo normal es gobernar entre sumarios, imputaciones, condenas y ruedas de prensa denunciando un ataque a la democracia cada vez que aparece una prueba incómoda. No, no lo es.
Esto es lo que ocurre cuando llenas el Congreso, los ministerios y los partidos de gente cuya preparación para administrar un país no supera la necesaria para organizar un botellón en un polígono. Gente sin oficio conocido fuera de la organización, sin experiencia, sin respeto por las instituciones y con una habilidad extraordinaria para confundir el Estado con una agencia de colocación para amigos, parejas, hermanos y compañeros de pancarta.
David Sánchez ha sido inhabilitado nueve años. Pedro Sánchez, de momento, sigue habilitado para gobernarnos. Esa es la parte de la sentencia que todavía cuesta más entender.