Una vez firme la sentencia del TSJC, Torra no dispondrá de ninguna competencia porque deja de presidir el Gobierno de la Generalitat a todos los efectos. Si antes no ha convocado las elecciones, no podrá hacerlo una vez le sea notificada la decisión del Supremo, y no podrá tampoco ocupar escaño en el Parlament porque desde enero no es diputado autonómico: dejó de serlo por disposición de la Mesa de la Cámara en cumplimiento de la sentencia de inhabilitación del TSJC.

Pero Torra, inspirado y manejado por Puigdemont, tiene un plan: evitar que Roger Torrent, presidente del Parlament, proponga un candidato/a a la presidencia de la Generalitat y bloquear así la situación, dejando que transcurra la legislatura con un presidente en funciones —¿Pere Aragonès?— hasta su fin natural en diciembre del próximo año. Cataluña entraría en una situación de auténtico caos institucional y político que daría tiempo al hombre de Waterloo para preparar su partido —JxCAT— para las elecciones y mermar las mejores expectativas demoscópicas de ERC.

Tanto Torra como su mandante desean una combinación explosiva: desorden y tiempo. Con el primero, acentúan su insurrección constante de mayor o menor intensidad; con el segundo, se preparan mejor para los comicios, tratan de bloquear a los republicanos y poner en las mayores dificultades al Gobierno de Sánchez.

Pero un hombre implacable, un funcionario íntegro, un letrado que además es licenciado en Filosofía, Xavier Muro, secretario general del Parlament de Cataluña, puede, como en ocasiones anteriores, frustrar los planes de la dupla de los desafiantes Torra y Puigdemont. No es nuevo. Xavier Muro, que ocupa su responsabilidad desde 2016, ya impidió —y previamente advirtió de su ilegalidad— la publicación de las llamadas ‘leyes de desconexión’ (septiembre de 2017), pese al monumental cabreo de Carme Forcadell, que no logró cesarle, entre otras razones porque la decisión de Muro estaba secundada por los letrados de la Cámara con Antoni Bayona a su frente, un soberanista crítico con la unilateralidad que antepone el cumplimiento de la ley a sus apetencias emotivas e identitarias y que milita ahora en el PNC de Marta Pascal.

También fue Xavier Muro el que informó en derecho sobre la procedencia de que Joaquim Torra perdiese la condición de parlamentario tras la sentencia de inhabilitación con que le sancionó el TSJC. Y su dictamen fue atendido por la Mesa del Parlament y, específicamente, por su presidente. ERC ha encontrado en este funcionario un saco terrero para defenderse de las invectivas del ‘puigdemontismo’, que le atribuyen tendencias escapistas de la causa de la soberanía catalana y traición a la acción conjunta de los partidos independentistas.

Ha sido también el secretario general de la Cámara autonómica el que acaba de impedir la publicación en el Boletín Oficial del Parlament de la reprobación a Felipe VI acordada por la mayoría separatista el pasado 7 de agosto, apoyado también por el dictamen de José María Ridao, actual letrado mayor del legislativo.

Para el caso —muy probable— de que Torra y Puigdemont intenten bloquear una sesión de investidura de un nuevo presidente/a de la Generalitat, Xavier Muro volverá a actuar: como advirtió en un dictamen el 8 de febrero de 2018, y basándose en otro anterior del Consejo de Estado de 2003, bastará la comunicación por el presidente Torrent de que no hay posibilidad de investidura para que el plazo de dos meses comience a correr y las elecciones sean convocadas por el presidente en funciones cuando trascurran esas ocho semanas. Los comicios se celebrarán 54 días después del decreto de convocatoria.

La comunicación a la Cámara resultaría así un acto equivalente a una investidura fallida. Es obvio que ERC seguirá blindando al secretario general del Parlament, amparándose en su criterio técnico para desbaratar y frustrar los planes de Torra y de Puigdemont. En estas circunstancias, es muy posible que los catalanes sean llamados a las urnas en febrero o marzo de 2021.

Lo relevante del caso es que allí donde hay funcionarios que cumplen las obligaciones con las que se han comprometido en el ejercicio de sus funciones, reside una de las mayores garantías del Estado de derecho, y hay que reconocer que tanto el secretario general del Parlament catalán como el cuerpo de letrados de la Cámara han hecho honor a su palabra.

Pero también es importante apuntar que la aplicación coercitiva de la ley a través de los tribunales dispone de un enorme efecto disuasorio. Tan efectivo es que, desde los procesamientos derivados de los hechos de septiembre y octubre de 2017 —sentenciada ya la causa principal en el Supremo y pendientes otras en la Audiencia Nacional y en el TSJC—, no se han producido actos delictivos salvo el de la desobediencia de Joaquim Torra.

En ese contexto, hay que formular un reconocimiento expreso a Xavier Muro, al que le queda una ardua tarea por delante hasta que se logren convocar las elecciones en Cataluña, evitando en lo posible el caos y la dilación que desean los apóstoles de la catástrofe. Y ese reconocimiento resulta más necesario porque tanto él como algunos de los letrados del Parlament podrían estar afectivamente más cerca de lo que pretenden los diputados independentistas que del cumplimiento de la ley. Y es que la democracia no va de afectos sino de principios y de lealtad a la Constitución y a las leyes.