El fracaso del decreto ómnibus este jueves ha corroborado que el Gobierno de Pedro Sánchez, incapaz ya siquiera de aprobar medidas sociales, afronta una «legislatura imposible», en palabras de varios de sus socios, que ya hablan abiertamente de «elecciones».
La necesidad de contrarrestar la percepción del palmario naufragio del bloque de investidura ha llevado a Moncloa a lanzarse a una nueva campaña propagandística, encaminada a invertir el relato sobre su última derrota parlamentaria.
Se trata de culpar al PP del rechazo de su decreto. Y, aprovechando que muchas de las disposiciones del texto contemplaban ayudas sociales, culpar al principal partido de la oposición de que los ciudadanos no vayan a ver subida su pensión, ni prorrogadas las bonificaciones al transporte, ni tramitadas las ayudas por la dana.
El presidente ha sido quien más ha echado mano del emotivismo, al pedir «a los grupos que votaron en contra, particularmente al PP, que reconsideren esta oposición destructiva que causa dolor social».
Un relato idéntico al de los dos sindicatos mayoritarios, regados generosamente por Sánchez durante su mandato, que han convocado movilizaciones el próximo 2 de febrero para protestar por la derogación del decreto ómnibus, condenando el «oportunismo político» de la oposición.
El Gobierno y sus satélites tratan de encajonar al PP en un falso dilema entre la oposición responsable y la preocupación por la justicia social. Una línea de argumentación chantajista que pretende que sea Feijóo quien rescate a Sánchez de la política de alianzas que con tanta ligereza ha venido cultivando el presidente.
Por eso no le falta razón a Feijóo al afearle al Gobierno que esté «utilizando a los pensionistas como escudos humanos». Porque el PP no se oponía a la aprobación del escudo social, sino sólo a algunas de las medidas insertadas espuriamente en este batiburrillo legislativo, como la cesión del palacete parisino al PNV, la subida del IVA o el amparo de la okupación.
Con su actitud, el propio Sánchez se ha encargado de hacer aflorar la inconsistencia de esta tenaz campaña para culpar a la oposición de no ser capaz de gobernar.
Porque podría enmendar mañana mismo el desaguisado si atendiese a cualquiera de las reclamaciones del PP: o aprobar un nuevo decreto despiezando cada una de las tres materias de consenso (como le han pedido también algunos de sus socios), o secundar urgentemente las proposiciones de ley registradas por el PP, redactadas con un articulado calcado al del ómnibus una vez purgado de sus partes controvertidas.
Pero Sánchez ha descartado convocar un Consejo de Ministros extraordinario para acordar nuevos decretos. Porque, como ha revelado EL ESPAÑOL, la idea es dejar que PP y Junts «se cuezan en su propia salsa», dejando que sea la oposición la que asuma el coste de la caída del decreto. Hasta el punto de que el PSOE de Madrid ha exigido al gobierno de Ayuso que no mantenga por su cuenta las ayudas al transporte y que se haga cargo del voto negativo de su partido en el Congreso.
Lamenta Sánchez que «un proyecto político no es votar a todo que no». El mismo Sánchez que condenó a España al bloqueo político durante casi un año a causa de su defensa numantina del «no es no» y de su negativa cerril a abstenerse para facilitar la investidura de Rajoy.
En esta España mágica en la que todo está vuelto del revés, el Gobierno pretende que el precio de sus fiascos los pague la oposición. Y los sindicatos, en lugar de manifestarse contra el partido en el poder, protestan contra el que no detenta responsabilidades ejecutivas.