Un año, el que se ha cumplido esta semana desde la detención de Koldo, ha tenido Ábalos para organizar su defensa antes de que el Congreso aprobara el suplicatorio. Quizá así se entienda el aforamiento que Sánchez le concedió tras aquel cese que sorprendió a todos los que desconocían sus negocios. Ese tiempo ganado –o perdido para una instrucción eficaz– puede resultar clave en la suerte de un escándalo cuyo principal implicado ha quedado hasta ahora al margen de las diligencias del sumario. Durante este amplio plazo, el exministro ha pasado de sufrir un expeditivo desahucio de facto, en el que su partido lo expulsó del grupo parlamentario, a blasonar con más o menos claridad de haber suscrito un pacto de protección mutua para minimizar daños. Sólo Víctor de Aldama parece dispuesto a colaborar con la Justicia a cambio de salir bien parado, pero ha de probar de forma indubitada siquiera una parte del material que ha exhibido a título indiciario. Y ese trámite, incluido el escrutinio de su móvil, va despacio. Hay caso para rato.

A diferencia de la investigación sobre el fiscal general, llena de recovecos y matices jurídicos que a mucha gente se le escapan por su especificidad técnica, la de Ábalos es de fácil comprensión popular al tratarse de un asunto accesible a cualquier mirada inexperta. Corrupción simple y llana, sospechas de sobornos, compraventa irregular de mascarillas en plena pandemia, trajines con «señoritas» presuntamente pagados por ciertas empresas, viajes particulares de financiación dudosa, sombras de cohecho en la adquisición o préstamo de viviendas, relaciones entre la Administración y sus contratistas envueltas en conjeturas de tráfico de influencias. Y todo ello en el entorno más próximo del presidente, en su círculo de confianza más estrecha y directa. En el núcleo de decisión donde la responsabilidad ‘in vigilando’ del liderazgo constituye una cláusula política y ética de insoslayable exigencia.

El vértice de la pesquisa fue durante seis años el ‘señor Lobo’ del sanchismo, el solucionador de problemas primero en el partido y luego en el Gobierno. El diputado que defendió la moción de censura en el Congreso. El encargado de recoger a Delcy en Barajas, el titular del ministerio que centralizó las operaciones de material médico en el confinamiento. Y siempre con Aldama en medio. Como suministrador de equipamiento sanitario, como licitante de obras públicas, como beneficiario de licencias, como intermediario en el rescate de Air Europa, como miembro de un séquito oficial en México. Incluso como interlocutor de Begoña Gómez a través de mensajes de teléfono. Demasiado cerca, demasiado presente, demasiado involucrado en demasiados secretos. La legislatura está colgada de su silencio. Ábalos lo guardará, pero si Aldama va hasta el final en el Supremo no habrá fusible político capaz de evitar el incendio.