Por una abrumadora mayoría de 400 votos a favor frente a 248 en contra, el Parlamento Europeo levantó ayer la inmunidad del expresidente catalán Carles Puigdemont. Con un resultado similar, se retiró también la inmunidad a los exconsejeros Comín y Posantí. La votación de ayer es una importante victoria del Estado de Derecho. Los tres dirigentes separatistas han podido eludir hasta ahora la actuación de la Justicia amparándose en la «inmunidad» que les otorgaba su condición de eurodiputados. A partir de ahora, el juez Pablo Llarena como instructor de la causa podría reactivar de inmediato la euroorden y solicitar a la Justicia belga (lugar de residencia de los tres fugitivos) su entrega a España. Sin embargo, no sería descartable que los jueces belgas denegasen de nuevo la entrega basándose en interpretaciones de la euroorden carentes de cualquier justificación. Baste recordar la última negativa en la que los jueces belgas respondieron al Tribunal Supremo que no era el órgano competente para juzgar al exconsejero Puig, cuando el sistema de la euroorden no permite al juez al que se le pide la entrega de un presunto delincuente entrar a examinar la competencia del juez que lo solicita.
Para evitar correr el riesgo de que los jueces belgas rechacen nuevamente la entrega, el juez Llarena, con buen criterio, decidió -también ayer- plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) instándole a que se pronuncie sobre cuál es la interpretación correcta -conforme con el Derecho europeo- de la euroorden, precisando en qué casos puede ser rechazada y en cuáles no. La interpretación que viene haciendo la Justicia belga carece de toda lógica, pero es necesario un pronunciamiento del TJUE para desautorizarla expresamente y obligarle a colaborar con la justicia española. Ahora bien, el planteamiento de la cuestión prejudicial paraliza de nuevo la euroorden. El juez Llanera no la va a reactivar, ni los jueces belgas a examinar hasta que el supremo Tribunal de la Unión Europea resuelva la cuestión y fije una doctrina vinculante para todos los jueces. Y esto puede tardar más de un año. Cuando el TJUE resuelva la cuestión, el juez Llarena emitirá una nueva euroorden y la Justicia belga tendrá que entregar, finalmente, a los fugitivos.
En este contexto, para nuestro Estado de Derecho -y para el Poder Judicial que lo garantiza- la votación de ayer en Bruselas es un respaldo importantísimo. Diputados de las tres grandes familias políticas democráticas (conservadores, socialistas y liberales) confirmaron que Puigdemont, Comín y Posantí no sufren ningún tipo de persecución política; y que la Justicia española ante la que aquellos han de responder es plenamente garantista.