José Antonio Zarzalejos-El Confidencial
- La escena del pasado 17 de enero, con muchos de los empresarios de Ibex 35 haciendo corro a Sánchez en Davos —con la notable ausencia de Sánchez Galán—, resultó estupefaciente por su complaciente docilidad
El Ibex 35 es el acrónimo de Iberia Index, que incluye las compañías mercantiles que, según diferentes ratios de medición, entre ellas la de capitalización bursátil, acumulan un valor de más de 445.000 millones de euros y dan empleo en los mercados en los que operan a más de un millón de personas. Son empresas financieras y bancarias, eléctricas, gasistas, de telecomunicaciones, de productos farmacéuticos, de construcción, de transporte, de electrónica, de ocio y turismo. Constituyen el núcleo duro de la económica española porque, además, aportan a las arcas públicas miles de millones en impuestos.
Algunas de estas compañías mercantiles están sujetas a regulación pública —la banca y las energéticas—, con mayor o menor intensidad en función de su carácter estratégico. De tal manera que, tanto por razones cuantitativas como cualitativas, sus gestores tienen la obligación pragmática de mantener unas correctas relaciones con el poder ejecutivo y este, en reciprocidad, de establecer un fluido modelo de comunicación y colaboración con sus responsables.
Este Gobierno de coalición no ha sabido o no ha querido —más lo segundo que lo primero— diseñar una fórmula de interlocución eficiente con las empresas del Ibex 35. Durante la primera parte de la actual legislatura, Pedro Sánchez abría en septiembre el curso ante el más selecto auditorio empresarial español en Casa América. No faltaba ni uno solo de los máximos gestores de estas empresas. Este año, ese ritual fue cancelado por el presidente el pasado 1 de septiembre: cambió a los empresarios por un paseo por los jardines de la Moncloa acompañado de ciudadanos anónimos —no se sabe el sistema de su selección— en el inicio de la campaña socialista bajo el lema “El Gobierno de la gente”.
En julio pasado, el propio Sánchez mencionó las inquietudes de Ana Botín, presidenta del Santander, y de Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, críticas con decisiones muy cuestionables del Ejecutivo. Si ambos se quejan, “vamos en la buena dirección”, dijo el socialista. Desde ese momento, el presidente del Gobierno daba otro de sus bandazos políticos tácticos presentando a los empresarios críticos como indicadores del acierto de sus decisiones, un planteamiento propio de López Obrador o Nicolás Maduro. Antes, su socio morado ya había agredido verbalmente a Amancio Ortega y a su hija Sandra, propietario él y gestora ella de Inditex. Por su parte, la ministra Belarra se ha permitido definir a Juan Roig, presidente de Mercadona, que no cotiza en bolsa, como un “capitalista despiadado”, y unos días antes proclamó que “no es decente que Ana Botín nade en billetes de 500 euros”. O sea, que digan lo que digan, Sánchez y Belarra están más alineados de lo que podría suponerse.
La capacidad de respuesta de las empresas del Ibex 35 suele ser implícita y silente: simplemente, dejan de invertir en el mercado español e incursionan en otros con más énfasis. Eso ya está sucediendo. La razón evidente es la demagogia populista del Gobierno y la imposición de unos gravámenes patrimoniales de carácter no tributario técnicamente inadmisibles y, además, confiscatorios. Las advertencias de la Unión Europea y del Banco Central son razonablemente contundentes sobre las medidas recaudatorias legisladas, aunque la única empresaria que las ha refutado con decisión —por mal hechas— haya sido la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa.
La escena del pasado día 17 de enero, con muchos de los empresarios de Ibex haciendo corro a Pedro Sánchez en Davos —con la notable ausencia de Sánchez Galán—, resultó estupefaciente por su docilidad complaciente y porque ninguno de ellos, salvo el presidente de Ferrovial, asistió a la intervención de Núñez Feijóo organizada en un desayuno por el diario ABC siete días antes. Excusa: “Ya hablamos en privado con él”. Sin embargo, ojos que no ven, corazón que no siente, de modo que, ante la opinión pública, y pese a ser zarandeados por la Moncloa, da la sensación de que los responsables de las empresas del Ibex comen de la mano de Sánchez y dan esquinazo al presidente del PP.
¿Qué les ocurre a estos gestores de las grandes empresas españolas? Que en muchos casos carecen de capacidad de liderazgo; que siguen teniendo una concepción reverencial del poder político, y que han interiorizado determinadas cobardías ante un presidente del que ignoran el alcance de su audacia impertinente. Ya saben que, como se pronuncien en favor de los intereses de sus compañías que contraríen al Gobierno, el socialista les lanza una arremetida con nombres y apellidos en un acto público y les desarbola inquisitorialmente. Y, en demasiados casos, sus exorbitantes retribuciones —a las que Sánchez ya ha aludido— les hacen enmudecer porque saben que son dialécticamente vulnerables. Han entendido que el presidente del Gobierno carece de los límites de un gobernante responsable y convencional en una democracia europea y que se asemeja a los de otras latitudes en que se ha instalado el populismo.
La consecuencia de esta relación es su toxicidad, que se manifiesta en términos de desconfianza, imprevisibilidad del poder en la toma de decisiones, en la ausencia de interlocución leal y el recelo insuperable a un Consejo de Ministros en el que más parece que en determinados temas se reparten los papeles muy coordinadamente. A fin de cuentas, las Big Four, al mismo tiempo que colaboran (¿a pérdida?) con el Gobierno en la gestión de los fondos Next Generation, no se libran de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo les discipline con una inspección laboral severa y selectiva.
Las grandes empresas españolas del Ibex 35 —muchas con notables éxitos en mercados difíciles como los europeos, ya maduros— forman parte de la institucionalización social de España y si no se hacen respetar por un Gobierno de las características del de Pedro Sánchez, perderán también la consideración de la opinión pública, quedarán afectados sus intereses —que en buena medida son también los del país, en tanto que crean riqueza, empleo, innovación y bienestar— y, de una forma o de otra, tendrán que migrar a otros escenarios menos hostiles. Si ellos —los grandes empresarios— no se defienden, que no pidan a los demás que lo hagan vicariamente.