En 1978, el 8,2% votó no en el referéndum para la ratificación de la Constitución. Algunos incluso acudieron a las urnas acompañados de un notario. «Si esto sale mal, quiero dejar claro que no tuve nada que ver con la que se va a liar en España», decían. El temor era comprensible. Pertenecían a una generación que había vivido no sólo la Guerra Civil, sino también la crisis de la Restauración y la degradación de la II República.
Por si no se acuerdan, hoy es día de fiesta porque hace 38 años los españoles se dieron (el 91,8% votó sí) una Constitución y, pese a que su reforma ha sido casi desde entonces un debate recurrente, ningún partido había iniciado formalmente los trámites para abordarla. La semana pasada, el PSOE anunció su intención de crear una subcomisión en el seno de la Comisión Constitucional; el primer pasito de un camino que, de momento, nadie –ni siquiera, como verán a continuación, los más prestigiosos constitucionalistas– tiene claro adónde nos llevará. En situación de extrema debilidad parlamentaria, el PP asumió la propuesta de los socialistas, si bien Sáenz de Santamaría advirtió sobre la posibilidad de abrir un debate que «no se sepa cerrar».
No sólo los políticos asumen que será difícil alcanzar un acuerdo. Tampoco los expertos constitucionalistas tienen una posición común sobre qué debe ser España (federal, plurinacional…) o el modelo territorial que se debería implantar.
FEDERAL SEGÚN QUIÉN
De momento, la «urgente necesidad» de la reforma (el argumento más esgrimido es que se deben renovar los consensos, hacer partícipes a las nuevas generaciones) y la necesidad de delimitar el Título VIII, que versa sobre la organización territorial del Estado, son los únicos puntos en los que todos los constitucionalistas parecen coincidir.
«Una muestra de este caos», dice Jorge de Esteban, «es que España está formada por siete nacionalidades (Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, Baleares, Canarias y Aragón), cinco comunidades autónomas (Asturias, Cataluña, Castilla-León, Murcia y La Rioja), dos regiones (Extremadura y Castilla-La Mancha) y una comunidad foral (Navarra)».
¿Pero qué hacer para solventarlo? La Declaración de Granada que acordó el PSOE en julio de 2013 ya incluía un giro federalista, aunque la concepción socialista del mismo puede variar dependiendo de si lo interpreta Susana Díaz o Miquel Iceta. En realidad, indica el catedrático Tomás-Ramón Fernández, se trata de una mera formalidad. «Las palabras me dan lo mismo. En España ya casi tenemos un régimen federal. Las autonomías tienen más competencias que los Länder alemanes. Lo que pasa es que aquí necesitaríamos algo como la Ley Fundamental de Bonn [la constitución alemana, que garantiza la primacía de la ley estatal en caso de conflicto con los Länder], que yo copiaría casi íntegra».
Precisamente, el catedrático de la UPV Alberto López Basaguren mantiene una posición parecida. «La evolución del sistema autonómico ha ido por el camino de los sistemas federales. Pero en la Constitución faltan los elementos que garantizan adecuadamente el equilibrio entre autonomía y unidad y hay elementos que distorsionan ese funcionamiento, como la elaboración y la propia función de los Estatutos de autonomía, sin los que la pretensión de la reforma del Estatuto de Cataluña no hubiese sido comprensible».
Pero, dicen, no se puede volver atrás. Y precisamente, Cataluña parece la cuestión de fondo que sustenta esta urgencia de reforma constitucional, a pesar de que en el CIS de octubre, el 62,6% de los encuestados decía estar satisfecho con el actual régimen de autonomías o reclamaba una mayor centralización.
Esteban es partidario de dar cierto reconocimiento a la singularidad de Cataluña, una concesión que otros territorios podrían interpretar como un injusto premio al cúmulo de deslealtades que el nacionalismo lleva perpetrando desde 2012. Esteban parece resignado: «Si los españoles tienen los mismos derechos qué más da que unos (los catalanes) tengan diferentes competencias». ¿Pero no se trataría de privilegios? «Los catalanes lo quieren todo. Con Cataluña ha pasado como el que tiene un salchichón y le van exigiendo rodajitas (el estado central va cediendo competencias, transferencias…). ¿Qué pasa? Que el salchichón se ha acabado y ahora quieren uno nuevo». Es decir: una constitución que recoja nuevos reconocimientos identitarios, transferencias y concesiones económicas. ¿Y no pedirían otras comunidades o estados federales, como se vayan a llamar, un régimen similar? ¿Ser iguales? Don Jorge se encoge de hombros… «Claro, ese es el problema. Y tampoco sería cuestión de convertir las 17 autonomías en los 17 Estados de una federación. Quizás Cantabria debería unirse a Castilla. Murcia a Valencia…». Y esa, evidentemente, tampoco sería una solución que satisficiera a nadie y ni mucho menos al ansia diferencial catalana, pues sólo trocaría el célebre café para todos en salchichón.
Santiago Muñoz Machado es el único que, acertada o no, ha presentado una propuesta de reforma constitucional. Incluye un referéndum en Cataluña sobre un nuevo estatuto y su posterior encaje mediante una reforma constitucional que debiera votarse también en España. «No hay que ser pesimista. La Constitución ha envejecido y hay que ponerla al día». ¿Pero una reforma no ahondaría en las desigualdades entre comunidades? «La descentralización siempre las genera. Existe singularidad desde que Cataluña hace una política diferente a la de los andaluces. O el PP diferente a la del PSOE». Una de las concesiones podría ser el famoso Cupo (por analogía al caso vasco) que Mas reclamó a Rajoy en 2012, una riesgo para la solidaridad entre comunidades considerando la sobrefinanciación de Euskadi y el peso de su economía (6,1% del PIB) frente a Cataluña (18,9%). «Ese era el punto de partida con el que Mas pretendía negociar y el Estado hizo muy bien en negarse». ¿Pero la nueva reforma reconocerá concesiones? «Habría que mirar impuesto por impuesto pero todo se concretaría en que Cataluña tuviera más disposición de los recursos propios».
¿Y eso afectaría al resto de comunidades? Por supuesto.
La pregunta es evidente. Si nadie tiene claro que se vaya a alcanzar un consenso necesario para reformar la Constitución, ¿por qué hacerlo? López-Basaguren recuerda a aquellos votantes certificados que votaron no en el 78: «La situación me recuerda la crisis del sistema de la Restauración (1876-1931), salvando las distancias entre los dos sistemas políticos. Existe un gran riesgo de creciente desapego de los ciudadanos hacia el sistema constitucional, hasta que caiga como fruta madura y no haya otra alternativa que un nuevo proceso constituyente. Para evitar ese proceso es por lo que la regeneración del sistema y la reforma constitucional son indispensables». Muñoz Machado alude a la «sensación de decadencia», que se traduce en la desobediencia, por ejemplo, de algunas sentencias del Tribunal Constitucional.
Ayer, el último CIS revelaba que el 0,4% de los españoles se muestra preocupado por la independencia de Cataluña. ¿Les parece poco el desvelo patrio? Los desahucios preocupan exactamente la mitad. Y, ¿saben qué porcentaje creía que los estatutos de autonomía le «afectaban personalmente?». El 0,0%. Veremos si esa tranquilidad se mantiene cuando se abra el previsible proceso para la reforma constitucional.