ABC 27/07/17
IGNACIO CAMACHO
· La condición de testigo era un formalismo procesal; el interrogatorio trató al presidente como a un reo de facto
EMPIEZA a ser casi un rito democrático, como el de las presentarse a las elecciones al final de mandato, que Rajoy comparezca para declarar sobre la corrupción del PP cada cuatro años. En 2013 lo hizo en el Parlamento y ayer le tocó en el juzgado, donde el riesgo era mayor y no disponía de margen dialéctico por la rigidez del formato. El presidente comparecía en condición, que no en calidad, de testigo, pero eso resultó un mero formalismo procesal porque tanto a efectos de opinión pública como a los de la intencionalidad de los letrados estaba allí para que lo tratasen como a un imputado. Sin presunción de inocencia ni derecho a indulto: en la propia citación iba implícita la pena de telediario. El juicio y la sentencia política estaban pronunciados de antemano.
Más que de una prueba testifical, se trató de un mero espectáculo que solventó a las televisiones la árida programación de una mañana de verano. Había incluso un grupo de manifestantes de atrezzo a la puerta, con sus pancartas y sus pareados, y en los platós ejercían a pleno rendimiento las mesas de tertulianos. Para el final de la comparecencia estaba agendada una rueda de prensa del jefe de la oposición, que como era de rigor exigió su renuncia inmediata al cargo. En las redes sociales se agitaba la habitual jauría populista siempre dispuesta a la ejecución sumarísima de cualquier cristiano. Todo normal: la moderna usanza judicial española de los tribunales convertidos en alborotados escenarios mediáticos.
Como no podía ejercer su retórica de parlamentario porque no le interpelaban políticos sino abogados, el reo —perdón: el testigo— se enrocó en una estrategia de catenaccio. Las preguntas que recibió no buscaban obtener información sobre un proceso en el que no está implicado; eran acusaciones implícitas, más o menos sesgadas o tendenciosas, destinadas a sorprenderlo en contradicciones o fallos. El magistrado que presidía la sesión tuvo que rechazar bastantes cuestiones por incriminatorias, y eso eran exactamente: una indisimulada tentativa de convertirlo en acusado de
facto. Para evitar las trampas, Rajoy hizo eso a lo que está más acostumbrado: tirar de cachaza, lanzar evasivas, negar responsabilidades y ceñirse a un blindado argumentario. Obligado a hacer de diana se limitó a dejar que rebotaran los dardos.
En el plano estrictamente procesal, el interrogatorio nada podía aportar y nada aportó; su relevancia estaba en otro plano. Allí no había más dimensión sensible que la política, y a esos efectos el presidente ya se sabía linchado. Su preocupación esencial consistió en no dar pasos en falso, aunque probablemente no pueda evitar una nueva citación en el caso de los papeles de Bárcenas, cuyo careo denegó el juez por extemporáneo. Al ritmo que marchan los asuntos judiciales, quizás ese regreso a la sala de audiencias se produzca en su tercer mandato. .