Por precisar: utilizo en este texto el adjetivo de inaudito en su segunda acepción, que lo define como “algo sorprendente por insólito”, aunque sería perfectamente comprensible que se emplease también en el sentido de que el nombramiento del nuevo ministro de Universidades, Joan Subirats, es “escandaloso”. 

Para ser nombrado ministro bastan los requisitos establecidos por la Ley de Gobierno de 1997: “Ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, así como no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme y reunir el resto de los requisitos de idoneidad previstos en la Ley 30/2015 de 30 de marzo reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado”.

Estas condiciones las cumple el catedrático de Ciencia Política Joan Subirats y reúne las de idoneidad de la ley de 2015: “El nombramiento de los altos cargos se hará entre personas idóneas y de acuerdo con lo dispuesto en su legislación específica. Son idóneos quienes reúnen honorabilidad y la debida formación y experiencia en la materia, en función del cargo que vayan a desempeñar. La idoneidad será apreciada tanto por quien propone como por quien nombra al alto cargo”. 

Experiencia y formación para desempeñar las responsabilidades de ministro de Universidades también las recaba Subirats, y en cuanto a la honorabilidad, no se halla incurso en ninguno de los supuestos que esa norma prevé para considerar lo contrario. Aunque, como bien es sabido, la honorabilidad como cualidad de honorable (“digno de ser honrado o acatado”) admite en este y otros casos, y en términos de conversación y valoración públicas, un alto grado de controversia dadas las circunstancias.

En resumen: Joan Subirats es ministro conforme a las normas, designado porque quien debe hacerlo (Pedro Sánchez, asumiendo la decisión de Colau y de Díaz) y nombrado por real decreto firmado por el Rey —como acto debido— publicado en el BOE. Pero es que lo llamativo concurre cuando el señor Subirats, mentor de la alcaldesa de Barcelona e ideólogo de los comunes, procedente de Bandera Roja, del PSUC —el comunismo catalán extinto del que formó parte el padre de la Constitución Jordi Solé Tura—, se manifestó con alarde de satisfacción y publicidad votando el 1 de octubre de 2017 en el referéndum ilegal de Cataluña, prohibido expresamente por el Tribunal Constitucional. 

Resultaría fascinante en cualquier democracia que no haya perdido el oremus que un miembro de su Gobierno, al margen de méritos académicos, de sus buenos modales públicos y de su experiencia en la gestión, hubiera alardeado de desobedecer la Constitución y a su máximo intérprete, sea partidario del derecho a decidir de forma militante y todo eso resulte compatible con prometer acatamiento a la Constitución y fidelidad al Rey como jefe del Estado. Y no deja de ser aparentemente contradictorio participar en una votación ilegal sobre la unidad territorial de un Estado de cuyo Gobierno se forma parte, sin que tal Estado difiera en nada de aquel del que denostó el referéndum en el que participó tan ufanamente el nuevo ministro.

Que Pedro Sánchez haya designado a Subirats en sustitución de Castells no tiene la menor importancia. El presidente hace lo que le dice que haga la cuota gubernamental de Unidas Podemos, sobre la que no ejerce su jefatura. Simplemente, negocia su autoridad y, en algunos casos, actúa clandestinamente para que sus ministros se encuentren ante hechos consumados. Luego, soporta en silencio el cabreo correspondiente y continúa con esta simulación de coalición. En esas estamos ahora, como ayer informaba Fernando H. Valls. 

Si votó con convicción Subirats el 1-O, ¿cómo es que acepta ser ministro del Estado ‘opresor’ en cuya cúspide se sitúa el Rey que su pupila, Ada Colau, ataca y ante el que demuestra el más zafio de los modales institucionales? ¿Cómo es que Joan Subirats es ministro del secretario general de un PSOE que, bajo su mandato, respaldó en el Senado —27 de octubre de 2017— la aplicación del 155? Solo caben dos respuestas. Y las dos le cuestionan.

Primera: Joan Subirats es un hombre incoherente porque, pese a sus ideas y pulsiones, no deja pasar la oportunidad de ser ministro del Gobierno de España. Segunda: Subirats es un quintacolumnista que, como otros ministros de Unidas Podemos, se une al Consejo de Ministros con la idea de deteriorar desde dentro la institucionalización constitucional en coherencia con los propósitos de la organización morada a la que pertenece.

Claro es que cabe una tercera hipótesis: que su nombramiento refuerce el flanco débil que dejaba Castells y, con Díaz de compañera en el Gobierno y con Colau en Barcelona, suministre energía y velocidad al proyecto de país que se situaría a la izquierda del PSOE en unos muy próximos, dada la apertura del ciclo electoral en Castilla y León, comicios generales. 

La única hipótesis descartable es que Subirats llegue al Gobierno con la idea de fortalecer el Estado autonómico y apuntalar la Constitución 

La única hipótesis descartable es que Subirats llegue al Gobierno con la idea de fortalecer el Estado autonómico y apuntalar la Constitución que ha prometido servir y contra uno de cuyos principios esenciales votó en una convocatoria ilegal. 

Aquí, por lo tanto, no se discute si Subirats es formalmente idóneo para ser ministro. Aquí de lo que se trata es de determinar hasta qué punto estamos ante un episodio más del ‘entrismo’ de la izquierda extrema que representan los comunes —tan pegaditos siempre a los independentistas, incluido el episodio de Canet de Mar—; hasta qué punto su nombramiento forma parte del proyecto de Díaz y de Colau —la única confluencia de Podemos que mal que bien resiste—, y hasta dónde Pedro Sánchez está dispuesto a llegar.

Ocurre que si el señor Subirats, como ministro de Universidades y, por tanto, como alto cargo del Estado, reclama en alguna ocasión que se cumpla una ley —por ejemplo, las atinentes a las universidades—, cualquier ciudadano mostrando su foto votando el 1-O le puede mandar a paseo. 

Por lo demás, la promesa de acatar la Constitución y de fidelidad al Rey se ha convertido en un sarcasmo. Y nada hay más crispante que este ejercicio charlatán de las buenas palabras —consenso, diálogo, maneras recortadas— mientras escalan con la sonrisa torpe de los ingenuos o los malvados los destructores del sistema. Polariza y tensa quien nombra ministro a un ciudadano que se vanaglorió de votar ilegalmente el 1-O contra los fundamentos de nuestro sistema de convivencia.