EL MUNDO – 06/03/16
· Por más que la Generalitat se empeñe en culpar al Gobierno de sus males económicos, un nuevo dato viene a confirmar que es la inestabilidad política que provoca el proceso independentista la principal causa de la desconfianza de los mercados en Cataluña. La agencia de calificación de riesgos Standard&Poor’s (S&P), que mantiene desde el estallido de la crisis en la categoría de bono basura a la Generalitat, la situó ayer en «perspectiva negativa», lo que implica una inminente degradación a un escalón más bajo que el actual. El diagnóstico de S&P hace referencia al bono a largo plazo, lo que significa para los inversores que se espera que la situación económica sea en Cataluña bastante peor en los próximos años.
S&P resalta el deterioro de las cuentas públicas catalanas desde el inicio de la deriva soberanista y el incremento de la tensión con el Gobierno a partir de la alianza del partido de Artur Mas con los radicales de ERC y los antisistema de la CUP. Aunque Oriol Junqueras, vicepresidente y consejero económico, ha impugnado esta rebaja del rating, los mercados ya habrán tomado nota de los pronósticos pesimistas de S&P.
Y no es para menos. La deuda de la Generalitat ascendió en el último trimestre de 2015 a más de 68.000 millones, lo que representa el 33% de su PIB, convirtiendo a Cataluña en la comunidad más endeudada de España. Además, alrededor del 60% de esa deuda la tiene con el Estado, lo que ha llevado a S&P a calificar de «alto riesgo» la actual falta de comunicación entre el Gobierno y la Generalitat.
Es cierto que desde la creación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) las comunidades no necesitan buscar financiación en los mercados internacionales. Sin embargo, las calificaciones de las agencias son significativas para demostrar que muchas de ellas, como es el caso de Cataluña, tendrían graves problemas de liquidez si no fuese por la ayudas del Estado. Hace unos días, el presidente Puigdemont quiso culpar al Estado de esta situación exigiendo una renegociación de los tipos de interés de la deuda de la Generalitat con el Estado, su principal acreedor. Pero con eso no resolvería la situación.
Desde 2012 y hasta mediados del pasado mes de agosto, el Gobierno ha prestado a Cataluña alrededor de 37.000 millones para refinanciar la deuda vencida, financiar el déficit público y pagar a los proveedores. Y, a finales de enero, el FLA tuvo que aportar 160 millones para pagar las facturas pendientes con las farmacias, con las que tiene una deuda crónica que amenaza con poner en peligro el sistema sanitario. A diferencia de lo que declaró Junqueras al FinancialTimes, no es España sino Cataluña la que presenta alarmantes síntomas de insolvencia.
Frente a esta situación, el Gobierno de Puigdemont sólo parece tener una respuesta: la independencia, como si llegados a ese punto los problemas se resolviesen solos. La única medida económica de Junqueras ha sido anunciar la apertura de 140 oficinas de una ilegal hacienda catalana, esperando poner en marcha mecanismos fiscales, para los que carece de competencias, con el fin de aumentar la recaudación. Por su parte, Romeva prevé dilapidar los fondos públicos abriendo 25 nuevas embajadas de la Generalitat.
Como consecuencia de esta cerrazón política, la situación económica seguirá deteriorándose, poniendo en peligro los servicios básicos que la Generalitat debe asegurar a todos los catalanes.
EL MUNDO – 06/03/16