VICENTE VALLÉS-LA RAZÓN

  • Una reforma constitucional que afecte a la cuestión territorial requiere de una mayoría parlamentaria reforzada, imposible de conseguir si lo que se pretende es dinamitar España
Arranca hoy la semana que desembocará el sábado en la Diada de Cataluña. El 11 de septiembre de 2021 se va a celebrar en los días previos a la reactivación de la mesa negociadora entre el gobierno central y los independentistas que, no sin intención, fue fijada, precisamente, para que coincidiera con los fastos reivindicativos que el soberanismo organiza cada año, ignorando que la Diada es una fiesta de todos los catalanes, incluidos los que, con desprecio, llaman «unionistas». La mesa ha tenido, de momento, un recorrido de vuelo corto. Las discrepancias internas en el separatismo, las elecciones autonómicas y la pandemia han hecho que el proceso negociador quedara en estado de hibernación durante más de un año.
Ahora, los diferentes actores de esta ópera tan confusa se preparan para sentarse a hablar, a sabiendas de que escucharán las mismas cosas de siempre desde el otro lado de la mesa, y siendo conscientes de que esas mismas cosas –al ser inamovibles– solo pueden derivar a corto, medio o largo plazo en una nueva ruptura. Porque, como bien se sabe, lo que no puede ser es imposible, y el gobierno central no está en condiciones de ceder ante las exigencias inconstitucionales de los independentistas.

Jordi Cuixart, uno de los condenados por sedición e indultado por el Gobierno, ha mostrado sus notables dificultades para asumir la realidad al manifestar que «si la Constitución no permite la autodeterminación, pues se adapta la Constitución». Propone Cuixart la reforma constitucional como si se tratara de un juego de magia con naipes: nada por aquí, nada por allá. Pretende ignorar algo que conoce al detalle: que una reforma constitucional que afecte a la cuestión territorial requiere de una mayoría parlamentaria reforzada, imposible de conseguir si lo que se pretende es dinamitar España. Ni siquiera los espías de Putin que, según se ha sabido ahora, alternan desde hace años con Puigdemont, están en condiciones de conseguir algo así.

Tampoco deberían confiar en que esos objetivos se alcancen antes de 2030, que es la nueva fecha cabalística para un referéndum, fijada por el presidente de la Generalitat. Va teniendo menos prisa.