La Policía remitió el pasado jueves al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional un escrito en el que trata de aclarar sus gestiones para localizar el desaparecido informe sobre el chivatazo policial a ETA perpetrado en 2006 por al menos dos mandos policiales cuando el Ejecutivo de Zapatero estaba dialogando con los terroristas.
En dicha nota, se explica que del informe del chivatazo se hicieron tres copias y que, según los testimonios recopilados, las mismas fueron a parar a manos del anterior ministro, Jorge Fernández; a quien fuera su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y a quien fue su director de la Policía, Ignacio Cosidó. Según los testigos, en la brigada donde se realizó este informe, no se quedó ninguna copia y todas las existentes fueron a parar a los integrantes de la anterior cúpula del Ministerio del Interior. Lo que sí desvela el escrito enviado al juez es que en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) se conservan 11 «legajos» con los que la brigada confeccionó el informe del caso Faisán.
El juez José de la Mata, tras recibir esa comunicación, ha dictados dos providencias: en la primera, reclama a la DAO que le envíe esos «legajos» sobre el chivatazo. En la segunda, se dirige a los directores de Gabinete del ministro del Interior, del secretario de Estado y del director de la Policía para saber «si conservan en sus archivos el informe» y, si es así, que se lo remitan a la mayor brevedad.
La existencia de este informe sobre el Faisán se conoció cuando el anterior número dos de la Policía, Eugenio Pino, desveló hace un mes en una entrevista en EL MUNDO que una brigada policial había revisado algunos polémicos casos. Se refirió en concreto a los atentados del 11-M, al asesinato de Marta del Castillo y al chivatazo a ETA. Tras estas revelaciones, la asociación Dignidad y Justicia, presidida por Daniel Portero, se dirigió al juzgado que instruyó para que se lo requiriera al Ministerio del Interior, por si aportaba nuevos datos que permitieran, sobre todo, conocer quién dio la orden de dar el soplo, quién es la X política del caso Faisán.
El juez De La Mata reclamó información al Ministerio. Ahora, el nuevo director adjunto operativo de la Policía, Florentino Villabona, ha remitido un escrito de cinco folios a la Audiencia en el que desgrana los pasos que ha seguido. Y concluye que en los archivos policiales sigue sin aparecer ninguna de las copias realizadas por la brigada de Pino.
Villabona explica que tomó posesión de la DAO el 31 de enero. El 3 de febrero, decidió disolver la llamada Brigada de Análisis y Revisión de Casos (Barc). El día 9 de ese mes, aparecieron en EL MUNDO las revelaciones de su predecesor, Eugenio Pino. Al día siguiente, ordenó que la comisaria que estaba al frente de la Barc emitiera una nota en la que desglosara todos los informes elaborados por la misma. Tres días después, ese mando envió un documento en el que detalla las actuaciones de la brigada. Y sobre el informe del Faisán, apunta: «Se emite informe en enero de 2013 entregado al director adjunto operativo (dos ejemplares), jefe de la Unidad de Asuntos Internos (un ejemplar). En presencia de la abajo firmante, el DAO entregó un ejemplar al director general de la Policía y éste, al secretario de Estado de Seguridad. Se les explicaron verbalmente las conclusiones. No se ha conservado copia en esta brigada. Los estudios indican la autoría material del hecho de las personas que fueron juzgadas (…). Estas personas resultaron condenadas», señala la comisaria, según consta en el informe remitido a la Audiencia, al que ha tenido acceso EL MUNDO. En todos los casos se refieren a la autoría material y no a la autoría intelectual.
El nuevo jefe de la DAO explica que llamó al que fue jefe de Asuntos Internos, quien le aclaró que, «si bien tuvo conocimiento de ese informe, nunca lo tuvo en su poder fuera de las dependencias policiales de la Unidad».
Villabona añade que también se ordenó remitir un burofax a su predecesor, Eugenio Pino, para que «a la mayor brevedad posible haga entrega o razón del informe denominado caso Faisán». «El requerido contactó telefónicamente el día 14 de febrero y manifestó que había dos copias del informe, una de las cuáles entregó al ministro del Interior, Jorge Fernández, y la otra, al secretario de Estado de Seguridad. Igualmente manifestó que las copias de los informes las tenía el señor Marcelino Martín Blas (entonces jefe de la Unidad de Asuntos Internos)», continúa la documentación entregada a la Audiencia.
Indica también ese escrito que el 15 de febrero, una inspectora adscrita a la disuelta brigada de Pino hizo entrega en la DAO «de un total de 30 bultos compuestos por legajos, cajas y sobres conteniendo el archivo y diversos enseres de la Barc. De dicha entrega se levantó acta con número de entrada en el registro detallando su contenido. Entre la relación no constaba referencia alguna al mencionado informe sobre el caso Faisán. El material fue precintado».
La comunicación elaborada por Villabona señala que el 16 de febrero se remitió al fiscal jefe de la Audiencia Nacional copia de otro informe –el relativo a los atentados del 11-M–; en aquel mismo escrito, la Policía ya dejaba constancia de que «no se ha localizado copia alguna» del informe sobre el chivatazo.
El 20 de febrero, «habiendo resultado infructuosas todas las gestiones realizadas para localizar la copia física y los dos originales del referido informe», se citó de nuevo a la comisaria de la Barc por si podía aportar nuevos elementos para la búsqueda.
Esta comisaria reiteró el 28 de febrero sus datos y explicó que, cuando estaba al mando de la Barc, «ha ido informando sucesivamente a cada uno de sus superiores jerárquicos sobre los casos analizados, incluyendo el denominado caso Faisán, ampliando que el mencionado informe se entregó en el despacho del director general de la Policía y que desconoce el destino y paradero de ninguno de los tres únicos ejemplares del mismo. En la Barc no quedó copia ni física ni digitalizada».
El 2 de marzo, la DAO ordenó que se revisen los 11 legajos almacenados en el archivo y que contienen el material a partir del cual se elaboró el informe del Faisán: «En dicha revisión no se encontró el mencionado informe».
Por todo lo anterior, el director adjunto operativo concluye en la respuesta remitida al juez que, «efectivamente, entre mayo de 2012 y enero de 2013 se realizó por personal que acabó formando la Barc un análisis operativo de la investigación del caso Faisán del que los intervinientes han dado razón de su entrega a sus superiores, sin que conste ejemplar alguno físico en los archivos de esta DAO, de la Unidad de Asuntos Internos ni de la Barc».
LOS TESTIMONIOS DEL DOCUMENTO
Sobre la entrega del informe.
«En presencia de la abajo firmante, el DAO entregó un ejemplar al director general de la Policía y éste, al secretario de Estado de Seguridad. Se le explicaron verbalmente las conclusiones. No se ha conservado copia en esta brigada».
Sobre la investigación.
«Los estudios indican la autoría material del hecho de las personas que fueron juzgadas (…). Estas personas fueron condenadas».
Sobre la respuesta del ex DAO
« El requerido [en referencia a Eugenio Pino] contactó telefónicamente el día 14 de febrero y manifestó que había dos copias del informe, una la entregó al ministro y la otra, al secretario de Estado de Estado»