Hemos aceptado la alarma en sustitución de la excepción. Primera batalla perdida y sin posibilidad de enmienda. Se ha echado de menos un poco más de audacia entre los jueces que han decidido meterse bajo el paraguas de la salud pública para amparar recortes en los derechos y libertades individuales. Como poder independiente han interpretado la ley de la manera menos arriesgada dando por hecho que la democracia puede suspenderse por causa de fuerza mayor. El Parlamento británico confirmó lo contrario sometiendo a examen sus gobiernos con los bombas de los nazis cayendo como chuzos de punta sobre Londres. Aquí se ha cerrado el Congreso y los parlamentos autonómicos dejando los poderes ejecutivos con las manos libres para firmar decretos como a la antigua usanza. Ordeno, mando y sanseacabó.

Cuando salgamos de esta, vacunados y con la economía y la sociedad llenas de heridas y llagas, convendría que los jueces hicieran examen sobre el terreno conquistado por el ejecutivo que se pone una vez colorado, se evita cien veces el amarillo y no retrocede. Como dice el sociólogo Alejandro Navas, “el poder ocupa el espacio como el gas”. Por lo tanto si después de la crisis no lo volvemos a encauzar y canalizar tendremos un problema. No es un fenómeno nuevo. Lo ocurrido en estos meses se enmarca en lo que el historiador Timothy Snyder define como la “obediencia anticipatoria”. Ocurre cuando los ciudadanos se adaptan “instintivamente, sin reflexionar, a una nueva situación”. Por lo tanto nos hemos puesto a disposición del Estado ante el temor a lo desconocido. Ni corto, ni perezoso el poder ha recorrido un camino que en circunstancias normales sería imposible de transitar. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión, tal y como afirma el profesor Navas que “ asistimos a un reforzamiento del Estado”

Sin supervisión judicial no se distingue la democracia liberal de lo que no lo es. Y además hubo detenidos como si Madrid por un instante fuera lo de Maduro

La resurrección de la patada en la puerta no puede convertirse en un hecho más de la excepcional alarma. Que la Policía Nacional se haya atrevido a derribar la entrada de una vivienda, aunque sea turística, no deja de ser una morada particular, confirma el peligro de dar por bueno cualquier comportamiento del poder dentro o fuera de las circunstancias excepcionales. No cabe ni la más mínima justificación. El hecho en sí, una fiesta ilegal, no tiene un pase, pero que el Estado se haya atrevido a darle una patada en la puerta, por razones de salud, deja expedito el camino para el todo vale por la seguridad del Estado. Bastaría otro decreto de alarma. No fue precisamente el lechero quien aporreó la puerta de madrugada. Sin supervisión judicial no se distingue la democracia liberal de lo que no lo es. Y además hubo detenidos como si Madrid por un instante fuera lo de Maduro. Parece mentira, pero es un juez el jefe de los agentes de policía que con un ariete revientan una puerta protegida por la Constitución del 78. El ministro Marlaska empezó cazando bulos y va a terminar dándole la razón a Corcuera, que por lo menos tuvo la decencia de dimitir cuando el Constitucional dijo que ya no se podía entrar en una vivienda sin control judicial. Marlaska no para de empeorar. El caso del coronel Pérez de los Cobos no es más que otro ejemplo de ese poder que tiende a ocupar todos los espacios. Menos mal que el subordinado se negó a cometer la ilegalidad que le ordenaba sus superiores desde la Moncloa, el ministerio del Interior y la dirección general de la Guardia Civil en la calle Guzmán el Bueno de Madrid. Al ministro no le queda otra que coger la puerta y marcharse sin más patadas.

Obligación de vacunarse en Galicia

El poder no quiere límites. Y los que nos gobiernan, administración central y autonomías, han implementado sus decisiones sin que la ciudadanía se haya atrevido a a pedir cuentas por miedo incluso al que dirán. La ley autonómica de Galicia , que obliga a vacunarse a los gallegos contra la covid, ya veremos qué dice el Tribunal Constitucional, contribuye al intento de control aprovechando la pandemia. En este caso la iniciativa parte del PP en Galicia, demostrando que hay estatalistas en todos los partidos y que no vale presumir sólo de liberalismo en Madrid. El poder autonómico en Galicia ha optado por la imposición y la obligación frente a la pedagogía y la información. Nada bueno puede salir de una ley que anula la libertad individual de quienes por propia voluntad, en este caso la mayoría, aceptan vacunarse. Por unos pocos que se niegan pagan todos los demás que han decidido contribuir al bienestar general sin que nadie les conduzca esposados al pinchazo. ¿Les arremangarán por la fuerza, jeringuilla en mano, tras penetrar en sus domicilios dando patadas en las puertas a aquellos que no acudan a la cita del sistema de salud? Explica Snyder en su ensayo “Sobre la tiranía. Veinte lecciones para aprender del siglo XX”, que si la sociedad civil confunde la ética con las emociones del momento (por ejemplo en esta excepcional alarma) se puede acabar haciendo y diciendo cosas que anteriormente habrían parecido inimaginables.