Las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que se ha manifestado «partidario» de expulsar al equipo Israel Premier Tech de La Vuelta, revelan una preocupante confusión sobre el papel del Estado democrático ante la violencia.
Cuando un ministro sugiere que las víctimas de los disturbios deben ser castigadas con la expulsión, mientras ignora a quienes los provocan, algo fundamental se trastoca en nuestra concepción del orden público y la justicia.
Los hechos son incontestables. Durante las últimas etapas de La Vuelta, grupos de manifestantes han protagonizado episodios de violencia que han puesto en peligro la integridad física de deportistas y espectadores.
En Lumbier, los activistas «cruzaron la carretera en mitad del paso del pelotón provocando incluso caídas».
En Bilbao, los disturbios alcanzaron tal intensidad que cuatro agentes de la Ertzaintza resultaron heridos, se produjeron tres detenciones y los manifestantes derribaron las vallas de seguridad e irrumpieron en la calzada, obligando por primera vez en la historia moderna de La Vuelta a cancelar el final de una etapa por «no poder garantizar la integridad de corredores y público».
Este no es el perfil de la protesta pacífica que ampara nuestra Constitución.
Cuando el director de la competición, Javier Guillén, califica los sucesos como «hechos violentos» y el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco los describe como «incívicos que atentan contra la seguridad y contra la convivencia», resulta incomprensible que un ministro del Gobierno de España responda pidiendo la expulsión de quienes sufren esta violencia en lugar de exigir el control de quienes la ejercen.
La propuesta de Albares revela, además, un desconocimiento alarmante de la normativa deportiva internacional.
La organización de La Vuelta carece por completo de competencias para expulsar unilateralmente al Israel Premier Tech. Sólo la UCI tiene potestad para tomar tal decisión, y hacerlo sin justificación reglamentaria podría costar a La Vuelta su estatus de carrera WorldTour.
El equipo, que cuenta con apenas cuatro ciclistas israelíes de una plantilla de treinta y que está dirigido por el español Óscar Guerrero, participa además legítimamente en el calendario internacional desde 2014.
Es cierto que el equipo recibe financiación del Ministerio de Turismo israelí y que su principal propietario, Sylvan Adams, utiliza la formación como herramienta de diplomacia deportiva.
Pero esto no constituye motivo legal alguno para su exclusión según la normativa UCI, que contempla la expulsión únicamente por violaciones antidopaje, comportamiento antideportivo grave o daños a la imagen del ciclismo, ninguno de los cuales concurre en este caso.
La comparación que establece Albares con la expulsión de Rusia tras la invasión de Ucrania carece de fundamento. Aquella decisión se adoptó siguiendo recomendaciones específicas del Comité Olímpico Internacional en el marco de sanciones internacionales coordinadas contra el país agresor.
Israel, por el contrario, ejerce su derecho a la legítima defensa tras los brutales ataques terroristas del 7 de octubre, que causaron más de 1.200 víctimas civiles. Equiparar al país que sufre el terrorismo con el que invade a su vecino constituye una distorsión moral inaceptable.
Pero el aspecto más grave de las declaraciones ministeriales trasciende el ámbito deportivo. Ceder al chantaje de la violencia establecería un precedente demoledor: que grupos organizados pueden conseguir mediante la fuerza lo que no logran por cauces democráticos.
Si los disturbios pueden determinar qué equipos participan en competiciones deportivas, ¿qué impediría que mañana otros colectivos violentos condicionen la programación cultural, la celebración de actos políticos o cualquier otra manifestación de la vida pública?
Un Estado democrático se define precisamente por su capacidad de garantizar el derecho de todos los ciudadanos (incluidos aquellos cuyas ideas o presencia resulten incómodas) frente a quienes pretenden imponer su voluntad mediante la violencia.