El inquisidor Sánchez y su ley para linchar a la prensa crítica

En vez de dedicarle «veinte poemas de amor y una canción desesperada», como haría el mefistofélico Zapatero, de paso que le largaba un rejonazo a Trump con Neruda de cartero, Pedro Sánchez no se anda con los lirismos de su hoy preceptor de dictaduras comunistas. En el aniversario de su imputación y en prenda de amor, como cuando en abril fingió que podría dejar la Moncloappor ella, obsequia a Begoña Gómez una «ley de encaje» a su nombre para amordazar a la Prensa que tuvo la indelicadeza de revelar sus negocios monclovitas y con aldabas de mujer del presidente.

Cual señor de horca y cuchillo, cuando la corrupción le acompaña como la sombra al cuerpo y con muchos de los suyos camino del banquillo con su fiscal general abriendo cortejo, Sánchez pretende acogotar a la prensa que publica lo que él no quiere que se sepa. Para tal menester, ha perfilado una variante de la ley Lynch con la que aquel coronel de la milicia de Virginia en la Guerra de la Independencia de EE.UU. se erigió en juez linchando a los lealistas ingleses a los que colgaba con la saña de sus ancestros irlandeses. De esa guisa, su rencor ha llevado a Sánchez a que el Consejo de ministros aprobara el martes el anteproyecto de un liberticida código contra los medios de comunicación que eleva a «Su Sanchidad» a algoritmo supremo. Al sustraer a la Justicia la vigilancia de los medios y entregársela a un órgano bajo su férula, la libertad de prensa retrocede a antes de la Ley Fraga de 1966 reducida a bien graciable del Inquisidor Sánchez.

Cuando no existe una prensa libre, cualquier cosa es posible, y él lo sabe. A este propósito, se pertrecha de tales patentes de corso y desembarca con el dinero del contribuyente en medios de comunicación y en sociedades del IBEX para que le saquen las castañas del fuego. Para esta lid, artilla una flota mediática que municiona con publicidad institucional y con fondos europeos para la digitalización al modo de los «fondos de reptiles» de hierro Bismarck para granjearse adictos en la guerra prusiana-austriaca de 1866.

A este respecto, Sánchez no se para en barras siendo muy aleccionador el motín a bordo desatado estos días en el acorazado Potemkim de grupo Prisa, antaño intelectual orgánico del PSOE y ahora simple órgano de propaganda de éste, donde directivos alentados por Sánchez se ha sublevado contra la propiedad y el presidente de la compañía los ha despedido por montar a instancias de la Moncloa una televisión a la que se oponía la mayoría del accionariado harto de proveer pérdidas. A la espera de la junta de accionistas prevista para junio, las espadas están en alto. No hay que descartar que el Gobierno fuerce la destitución del inversor francés de origen armenio, dueño del 29,8% del capital, sin necesidad de hacerle acudir a la Moncloa un viernes por la tarde como a Pallete cuando lo defenestró de una Telefónica que puede volver a Prisa tras vender sus acciones a amigos de Sánchez. Después de que los brujos visitadores de la Moncloa con Zapatero, se adjudicaran un canal —La Sexta— hasta arruinarlo, pueden obtener ahora otro, mientras se hacen de oro con las producciones que RTVE le encarga a tutiplén. Estos privilegiados del Presupuesto siempre caen de pie.

Con todo ese arsenal que acrecientan los medios públicos que usa privativamente, la Moncloa provee una prensa de información y opinión sincronizadas desarrollando el modelo del «procés» separatista que se impulsó, en noviembre de 2009, con la publicación —como en la Prensa del Movimiento— de un editorial único para presionar al Tribunal Constitucional sobre un «Estatut» que contravenía la Carta Magna. En este sentido, los comisarios sanchistas en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), a la que se le ha endosado la censura, tienen el referente de la negra trayectoria del Consejo Audiovisual de Cataluña demostrando que la pluralidad no es cosa de número si los medios marchan en manada y mutan en tigres de papel.

Con multas de hasta 600.000 euros y suspensiones de actividad de los que tilda de «prestadores de servicios de medios de comunicación», devaluando su función básica en una democracia a operarios de una actividad sin rango constitucional, por un organismo tomado por el PSOE, bastaría que Sánchez inclinara su pulgar para volar un medio —edificio incluido— como el diario «Madrid». Todo por osar su editor, Rafael Calvo Serer, firmar en 1968 el artículo «Retirarse a tiempo» en el que, al dimitir el general De Gaulle a causa del Mayo Francés, sugirió que Franco lo secundara tras seis lustros como jefe del Estado.

Si Sánchez hubiera tenido el menor interés regeneracionista, lo habría acometido cuando aterrizó en la Moncloa enarbolando la bandera de conveniencia de la lucha contra la putrefacción para desalojar a Rajoy. Sin aguardar a que corrieran siete años y a que la corrupción le aceche por vía familiar y de partido merced a informaciones periodísticas hoy judicializadas. Los recortes de diarios que antaño aventó para auparse a la Moncloa hogaño los tilda de bulos de «seudomedios» siendo, de facto, el mayor tenedor de ellos y con los que apuñala al adversario.

A este fin, trata de proscribir los medios críticos como Federico II de Prusia al dueño del molino que le afeaba la vista de su residencia palaciega y cuya arbitrariedad frenó que hubiera jueces en Berlín. Así, esta «Ley Begoña» no transpone ninguna directiva europea como finge el autócrata con una ley que raciona un bien de primera necesidad en una democracia, pero con el que él hace estraperlo para que los ciudadanos, sordos y callados, sean como ovejas conducidas al redil.

A este paso, en consonancia con una vieja campaña chavista, aquí no se podrá hablar mal de Sánchez. En 2017, para amortiguar el impacto del estreno mundial de «El Comandante», serie inspirada en Chávez y prohibida en su país, la dictadura venezolana aireó su cruzada del «Aquí no se habla mal de Chávez». «Si trabaja en un ministerio y tiene un huequito de oficina, usted coloca un cartel: ‘Aquí no se habla mal de Chávez’; si es taxista, usted coloca ‘Aquí no se habla mal de Chávez’…», exhortaba Diosdado Cabello en su show «Con el mazo dando». «Hablar mal de Chávez es —aporreaba— hablar mal del pueblo, es hablar mal de la patria». Hodierno, mazo en mano igualmente, el sanchismo emprende una arremetida pareja a la chavista con un eufemístico «Plan de Acción Democrática» que materializa su «vendetta» contra la Prensa tras el encausamiento de su esposa. No es «regeneración», es «degeneración» o, si se quiere, «ética del engaño» como la tesis de su jefe de gabinete, Diego Rubio.