Al plantear la legalización como una ayuda a la evolución de ETA hacia el desarme, se olvida que ese planteamiento ya estuvo presente en el diálogo con ETA y Batasuna del 2006. Visto que cuando se es generoso elevan su listón de exigencias, invirtamos la lógica: que diga Batasuna el precio que está dispuesta a pagar por la legalización y veremos si es suficiente.
En el debate político de las últimas semanas han sido varias las opiniones que han puesto sobre la mesa la idea de la conveniencia de la legalización de Batasuna. El argumento principal que se esgrime para facilitarle la vuelta a la legalidad es que entonces tendría más posibilidades de actuar y de convencer a ETA para que abandone definitivamente las armas. Al cerrarle la puerta de la legalidad, dicen algunos, se estaría alimentando la radicalidad y se darían justificaciones para la continuidad del terrorismo.
Ante ese argumento, como cuestión previa, habría que recordar que Batasuna operó en la legalidad durante casi veinticinco años sin que esa circunstancia fuera utilizada para persuadir a ETA de que renunciara al terrorismo. Todo lo contrario: la acción en la legalidad se convirtió en un complemento inseparable de la acción terrorista en el marco de una estrategia conjunta aplicada al alimón por ETA y Batasuna. Se podrá alegar que en los últimos meses eso ha cambiado y que Batasuna dice apostar sólo por vías políticas. Habrá que preguntarse qué es lo que ha llevado a Batasuna a dar ese cambio, si la generosidad y la tolerancia de tres lustros o la dureza legal de los últimos siete años. Más bien parece que es lo último lo que le ha hecho comenzar a dar pasos que nunca había dado.
Al volver a plantear la legalización como una ayuda a la evolución de ETA hacia el desarme se obvia que ese planteamiento no es nuevo. Estuvo presente en el proceso de diálogo con ETA y Batasuna del año 2006. Los representantes del PSOE y del Gobierno insistieron por activa y por pasiva a sus interlocutores de Batasuna y de la banda terrorista para que los primeros buscaran la legalización. Incluso se llegó a dar por hecho, en agosto de 2006, que Batasuna iba a pasar por la ventanilla con unas nuevas siglas. Pero no ocurrió así.
ETA rechazó las presiones del Gobierno para que Batasuna aceptara legalizarse con un nuevo nombre: «Que quede claro: desde nuestro punto de vista, la izquierda abertzale no tiene que dar en este momento ningún paso con la intención de crear un partido», escribió ETA entonces. En respuesta a las invitaciones a pasar por ventanilla, la banda terrorista exigió la derogación de la Ley de Partidos. «Tenemos que salir victoriosos de esta batalla», señaló ETA. La banda consideró -y Batasuna aceptó- que era un problema del Gobierno que Batasuna volviera a la legalidad y que, por tanto, no les correspondía a ellos acatar la ley ni dar pasos.
Visto que cuando se les hace una oferta generosa -como se les hizo en 2006- ETA y los suyos reaccionan elevando su listón de exigencias, lo que procede es invertir la lógica: que sea Batasuna la que pida la legalización, que diga el precio que está dispuesto a pagar por ella y ya se verá si es suficiente. Ya que no valoran lo que se les ofrece, es mejor que les cueste conseguirla para que la consideren deseable.
Florencio Domínguez, EL CORREO, 6/7/2010