El referéndum de autodeterminación de los saharauis, que Naciones Unidas empezó a organizar en 1991, ha quedado enterrado porque Marruecos lo rechaza, la MINURSO (contingente de la ONU en el Sáhara Occidental) ya no lo prepara y el grueso de la comunidad internacional no muestra interés en que se celebre. 

El Consejo de Seguridad de la ONU llegó incluso a aprobar en 2003, por unanimidad, una fórmula mixta, el llamado Plan Baker II elaborado por el exsecretario de Estado norteamericano James Baker. Preveía instaurar primero en esa antigua colonia española una autonomía durante cinco años y después celebrar un referéndum de autodeterminación, pero con un censo que incluiría a buena parte de los marroquíes allí residentes, que son algo más numerosos que los saharauis. Aun así, Rabat rechazó la resolución, que Argelia y el Frente Polisario aplaudieron, y que no se aplicó.

Cuatro años después, en 2007, las autoridades marroquíes dieron a conocer su propia propuesta de solución: un plan de autonomía de 26 puntos a los que se añaden otras nueve disposiciones sobre las modalidades de su negociación y puesta en práctica. Argelia y el Polisario lo rechazan. Es ese plan el que el presidente Pedro Sánchez describe, en su carta a Mohamed VI del 14 de marzo, como “el más serio, realista y creíble” para poner fin al conflicto. 

La diplomacia española tuvo alguna relación con la “iniciativa marroquí para la negociación del estatuto para el Sáhara”, como se llama oficialmente la propuesta. España ayudará a Marruecos “a sentirse cómodo” en su defensa del plan y le apoyará para la elaboración de un proyecto serio, declaró en 2006 Luis Planas, entonces embajador en Rabat, a su colega estadounidense Thomas Riley, según un cable del Departamento de Estado desvelado en 2010 por Wikileaks.

Miguel Ángel Moratinos, que era entonces ministro de Asuntos Exteriores, no empujó en ningún momento para que se pusiera en práctica en Plan Baker II avalado por el Consejo de Seguridad. Optó, en cambio, por redactar en 2006 un documento que recogía sus ideas sobre cómo resolver el conflicto y se lo entregó a los cuatro países que, junto con España, forman parte del Grupo de Amigos del Sáhara Occidental (EEUU, Francia, Reino Unido y Rusia). Apostaba por “una solución similar a la que España ha dado a Cataluña”, según los cables diplomáticos estadounidenses. 

Si el plan marroquí es a ojos de Sánchez la mejor solución, parece “incomprensible” que el presidente español y el PSOE en general “hayan tardado nada menos que 15 años en darse cuenta”, ironiza Khadija Mohsen-Finan, profesora de la Universidad de la Sorbona especialista en el Magreb. En realidad, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero reservó, en 2007, una buena acogida a esa propuesta marroquí cuando le fue presentada en Moncloa por una delegación que se desplazó especialmente desde Marruecos. Nunca la ensalzó por escrito como hizo Sánchez hace tres semanas. A Moratinos, según los cables de Wikileaks, no le gustó porque no era lo suficientemente “generosa” con los saharauis. 

Sin llegar a otorgar al Sáhara las competencias que ostenta la Generalitat de Cataluña, la iniciativa marroquí sí le concede unas competencias parecidas a las de las autonomías españolas llamadas de “vía lenta”, con dos matices de gran calado. Primero, la autonomía no es para los saharauis sino para la población que reside en el territorio que hoy en día es mayoritariamente marroquí. El regreso de los saharauis refugiados en los campamentos de Tinduf, en el sureste de Argelia, atenuaría ese desequilibrio demográfico.

El rey Mohamed VI mantiene, además, en el Sáhara autónomo sus “atribuciones constitucionales y religiosas”, que son muy amplias. La Constitución marroquí de 2011 trató de introducir un cierto reequilibrio de poderes entre el soberano, por un lado, y el Gobierno y el legislativo, por otro, pero Marruecos sigue siendo lo que los politólogos describen como una “monarquía ejecutiva”. Además de ser el jefe espiritual de los musulmanes marroquíes, el rey define y ordena la ejecución de las políticas públicas. 

Más allá de su contenido, la oferta marroquí de autonomía parece impracticable. Bernabé López, catedrático honorario de la Universidad Autónoma y experto en las relaciones hispano-marroquíes, se mostró desde el primer momento partidario de la iniciativa de Rabat. Él mismo acabó, sin embargo, reconociendo en una tribuna en ‘El País’ en 2011, que “solo un Marruecos democrático podrá hacer propuestas creíbles para lograr una solución negociada en el Sáhara como preconizan las Naciones Unidas”. ONG como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o Freedom House describen al Sáhara como uno de los territorios más liberticidas del mundo, mucho más que el propio Marruecos. 

Si las autoridades marroquíes quisieran que su plan fuera creíble, deberían, primero, tratar de ganarse a la población del territorio que le es mayoritariamente hostil. Hay 43 activistas en la cárcel, según Ahmed Ettanji, periodista saharaui independiente. Solo una de las asociaciones saharauis nacionalista, la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos, ha sido legalizada por Rabat. Cuando en 2013 fue recibido en la Casa Blanca por Barack Obama, Mohamed VI se comprometió a legalizarlas a todas, según un cable diplomático marroquí desvelado en 2014 a través de Twitter.

La aspiración de los rifeños a que fuera reconocida su especificidad cultural y a que su región dejase de ser marginada dentro de Marruecos fue duramente reprimida en 2017. Unos 1.400 activistas rifeños llegaron a estar encarcelados a finales de ese año, aunque, a día de hoy, solo permanecen en prisión los cuatro líderes de aquel movimiento masivo de protesta, empezando por Nasser Zefzafi, condenado a 20 años. Los intentos de fundar partidos políticos regionales, en el Rif y en otros lugares, han sido vetados por las autoridades porque la Constitución marroquí los prohíbe expresamente. 

Hace ya 12 años que Mohamed VI sacó a su embajador en Madrid, Omar Azziman, para nombrarle presidente de la recién creada Comisión Consultiva de la Regionalización y, además, poco después, consejero real. Azziman presentó un proyecto descrito como de “regionalización avanzada” que, a día de hoy, sigue casi íntegramente en los cajones de palacio. 

En un país tan diverso como lo es Marruecos, las autoridades tienen miedo a descentralizar de verdad. ¿Cómo Rabat podría entonces conceder y respetar un estatuto de autonomía de esa antigua colonia española? La propuesta formulada por Marruecos en ningún momento menciona que la autonomía podría gozar de garantías internacionales, de una supervisión de su funcionamiento por, por ejemplo, Naciones Unidas para que sus competencias no sean recortadas o diluidas.