EL MUNDO 05/12/14
· Detienen en Canarias a dos veteranos del grupo terrorista y a otras cinco personas en Málaga y AlicanteLa Audiencia Nacional les imputa blanqueo, contrabando y financiación del terrorismo
La Audiencia Nacional investiga a ex miembros del IRA por blanquear en España fondos procedentes del contrabando internacional de tabaco que podrían haber hecho llegar a miembros de la organización terrorista irlandesa aún en activo.
Dentro de esta investigación, la Policía española detuvo el lunes de la semana pasada a siete personas en Canarias, Málaga y Alicante bajo la triple imputación de contrabando, blanqueo y financiación del terrorismo.
Los principales arrestados son el matrimonio irlandés formado por dos veteranos del IRA: Leonard Hardy y Donna Maguire. Ambos fueron detenidos en el hotel de Canarias en el que estaban alojados. Fue la llegada de Leonard Hardy a las islas el pasado día 26 lo que desencadenó la operación, preparada desde hace meses a la espera de uno de los frecuentes viajes del matrimonio a España.
Los dos ex miembros del IRA comparecieron el 1 de enero ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz junto a los otros cinco arrestados. Él fue enviado a prisión eludible bajo fianza de 250.000 euros. Ella quedó libre con cargos para que pudiera volver con los cuatro hijos menores de edad con los que estaba cuando fue arrestada.
Entre los otros detenidos en la operación hay otros tres irlandeses, uno de los cuales fue enviado a prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros. Los otros dos son una mujer y su hija. El padre, que formaba parte de la banda, estaba ya cumpliendo condena por contrabando en Irlanda.
Además han sido detenidos una ciudadana noruega y un abogado español instalado en la Costa del Sol. Este último era el encargado de gestionar las inversiones inmobiliarias del matrimonio Hardy. Por su parte, la ciudadana noruega, una joven veinteañera, figuraba como administradora en sociedades supuestamente empleadas para el blanqueo.
El origen de la operación se encuentra en una investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (Udef), que detectó en zonas de Levante y la Costa del Sol operaciones inmobiliarias sospechosas que habitualmente esconden actividades de blanqueo. Por ejemplo, la compra de inmuebles con una hipoteca que se amortiza inmediatamente o en un plazo muy breve.
Con el informe policial, la Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió una investigación de la que se hizo cargo el fiscal Daniel Campos. Los antecedentes de los implicados hicieron que las diligencias se extendieran a los delitos de contrabando de tabaco y financiación terrorista. Esto último provocó la incorporación a las pesquisas de la Comisaría General de Información.
En los últimos meses, la Audiencia Nacional ha enviado varias comisiones rogatorias tanto a Irlanda como a Reino Unido dando cuenta de las investigaciones y solicitando colaboración. Pero frente a lo que estaba previsto en un principio, el día 29, cuando se realizaron los arrestos en España, no se produjeron detenciones, registros y embargos en Reino Unido.
En los comienzos de la investigación, la parte española propuso a sus homólogos británicos crear un equipo conjunto de investigación, a diferencia de lo sucedido en otros casos, pero las autoridades británicas prefirieron limitar las cosas a una operación coordinada.
El matrimonio Hardy tiene su residencia habitual en Irlanda, pero efectuaba numerosos viajes a nuestro país, presumiblemente para controlar sus actividades delictivas. Ambos tenían, además, vínculos previos con España, ya que en 2006 él fue detenido en nuestro país en virtud de una euroorden emitida por Alemania. Quedó en libertad provisional pero se vio obligado a establecerse un tiempo en España.
El núcleo de la investigación se ha centrado desde el principio en las actividades de blanqueo. En cuanto al contrabando, las pesquisas han permitido rastrear actividades comerciales en Asia, de donde provendría el tabaco. Los detenidos tenían varias sociedades dedicadas a la importación y exportación con este continente. También se han detectado conexiones con Holanda, donde supuestamente la banda contaba con almacenes.
La causa se encuentra todavía bajo secreto. En estos momentos, la Policía española examina lo encontrado en los registros practicados la semana pasada.
Esta no es la primera vez que la Audiencia Nacional investiga la financiación de una organización terrorista extranjera en nuestro país. El tribunal ya abrió una causa por el posible blanqueo de fondos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en España, en este caso procedentes del narcotráfico. La Fiscalía llegó a pedir ocho años de prisión para una española de origen ecuatoriano.
Pese a la convicción de los investigadores de que, como en el actual caso del IRA, esa financiación existía, la sentencia del caso Farc acabó únicamente con condenas de blanqueo, sin que se considerara acreditada la financiación terrorista.
Entre la apertura de la investigación sobre las Farc en 2008 hasta la iniciada sobre el IRA ha entrado en vigor en España un delito específico que castiga la financiación del terrorismo con penas de entre cinco y 10 años de prisión.