La confesión de Aldama no es cuestión de fe, ni siquiera de fe ideológica, por más que se haya convertido en la penúltima línea divisoria de la polarización española. En el Derecho y en la Justicia no hay más verdad que la demostrable, por lo que de poco o nada sirve ahora mismo confundir deseos con realidades, como hacen quienes creen de antemano al comisionista y quienes confían a ciegas en el cerrado desmentido de Pedro Sánchez. Lo que sí tiene a priori la declaración es verosimilitud, apariencia de veracidad, porque contiene autoinculpaciones de delitos graves –aunque la colaboración con el juez pueda funcionar como atenuante– y porque coincide bastante con hechos ya revelados por el periodismo y sostenidos con pruebas documentales. Y ambas razones sitúan al presidente y a su entorno en una tesitura muy desfavorable.

El testimonio del imputado puede ser total o parcialmente falso, pero también total o parcialmente cierto. El problema para el Gobierno consiste en que se verá en un serio aprieto sólo con que uno o varios fragmentos resulten verdaderos. El cúmulo de irregularidades y presuntos delitos denunciados afecta a la cúpula del sanchismo casi en pleno: ministros, dirigentes del partido, mandos de la Guardia Civil, funcionarios subalternos. Y eso significa que el líder bajo cuya tutela y en cuya cercanía hayan podido ocurrir será responsable político –y tal vez penal– de esos hechos. Materia suficiente para costarle el puesto en una democracia de mínimos estándares éticos.

No sabemos –todavía– si el comisionista dice la verdad, pero sí que Sánchez nos tiene acostumbrados a la mentira. Y que la negativa es el primer recurso de cualquier gobernante en situación comprometida. También sabemos que el jefe del Ejecutivo prometió que jamás tomaría ciertas decisiones que luego ha hecho efectivas, y que ha sido capaz de cometer oscuros actos de corrupción política como la amnistía a los sediciosos separatistas. Que cuando está por medio su conveniencia no hay garantía que resista ni promesa que no quede incumplida. Con esos antecedentes de dominio público, su credibilidad ya no cotiza en ninguna bolsa donde rijan valores de autonomía crítica.

Aldama tendrá que acreditar con soportes firmes lo que ha dicho. Y toda la esfera pública debe ser consciente de que el poder hará cualquier cosa para impedirlo. Vienen momentos de una tensión extrema, inédita incluso en esta etapa de continuos conflictos institucionales, partidistas y hasta cívicos. Si por alcanzar y mantenerse en el cargo el presidente ha recurrido a toda clase de artificios, legítimos o ilegítimos, qué no se atreverá a intentar si se siente en peligro, siquiera remoto, de acabar en un banquillo. Porque si el escandaloso contenido del chivatazo se demuestra en todo o en parte verídico no le quedará más que un camino. O dos, si se contempla la hipótesis del exilio.