El auto del juez Joaquín Aguirre en el que insinúa una inminente imputación de Carles Puigdemont por el delito de traición sitúa la ley de amnistía en un nuevo escenario. Uno en el que las implicaciones de esa amnistía no afectan ya sólo a los españoles y a la estabilidad de las instituciones nacionales, sino a la existencia de la misma UE.

La información de que emisarios de Puigdemont se reunieron en Moscú con capos de la mafia rusa para desestabilizar a la UE utilizando la palanca del procés (un golpe contra la integridad territorial española que, de haber triunfado, habría desencadenado movimientos similares en otros países europeos) aleja también la posibilidad de que Bruselas avale la ley de amnistía o se desentienda de sus consecuencias.

Al auto del juez Aguirre se sumó ayer la publicación de la investigación llevada a cabo por un grupo de periodistas de investigación que incluye los medios The Insider y Re:Baltica, además de la página estonia Delfi.ee y el diario sueco Expressen.

La investigación prueba que Tatjana Zdanoka, una eurodiputada letona que ha mantenido durante los últimos años un estrecho contacto con el independentismo catalán, trabajó durante al menos veinte años para el Servicio Federal de Seguridad (FSB), la agencia de inteligencia rusa heredera del antiguo KGB.

Al auto del juez Aguirre y las revelaciones de varios medios internacionales que apuntan en una misma dirección, la de las negociaciones del nacionalismo catalán con el Kremlin y la mafia rusa para convertir el procés en un elemento desestabilizador de las democracias liberales europeas a cambio de apoyo a la independencia de Cataluña, el PSOE ha respondido con un argumento ciertamente endeble: el de que cada vez que «el Congreso» mueve ficha, un juez español sale a la palestra para boicotearlo.

Cabe preguntarse si la explicación no será más bien la inversa. Porque más cierto aún es que cada vez que un juez encuentra indicios de un nuevo delito, el PSOE amplía el perímetro de la ley de amnistía para acomodarla a las nuevas acusaciones.

¿O es que acaso considera el Gobierno que los medios The Insider y Re:Baltica, la página estonia Delfi.ee y el diario sueco Expressen son sicarios de los jueces españoles?

¿No será más sencillo aplicar en este caso el principio de la navaja de Ockham, que dice que en igualdad de condiciones la explicación más sencilla es la más probable?

¿Y cuál es la explicación más sencilla? ¿La de una conspiración de los jueces españoles, el Kremlin, la mafia rusa y varios medios daneses, estonios y suecos para boicotear los esfuerzos del PSOE por la «pacificación» de Cataluña?

¿O la evidencia de que el nacionalismo catalán estuvo dispuesto a negociar con el diablo a cambio de su apoyo financiero y militar a la independencia de Cataluña y a costa de la estabilidad de la democracia española y de la propia Unión Europea?

La respuesta es evidente.

El Gobierno, como no puede ser de otra manera, sabe que la ley de amnistía que se vota hoy martes en el Congreso de los Diputados, y que abarca delitos como el terrorismo y la traición, pone en peligro la supervivencia del Estado y la convivencia entre españoles.

En un momento en que las autocracias rusa, iraní, turca y china han puesto en marcha una ofensiva en varios frentes contra las democracias liberales occidentales, ¿pretende el Gobierno arriesgarse a ser visto como cómplice, aunque sea por la vía de la pasividad frente a sus tramas de espionaje y desestabilización, del bloque autocrático?