El juez analiza si prohíbe el acto con los últimos presos de ETA excarcelados

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, de guardia esta semana, debe decidir en las próximas horas si autoriza o prohibe el acto que han convocado para mañana en Durango presos de ETA recientemente excarcelados tras la supresión de la ‘doctrina Parot’. El magistrado analiza un informe elaborado por la Ertzaintza después de que las asociaciones Dignidad y Justicia y AVT hayan presentado sendas denuncias en las que exigen que se impida esa comparecencia al entender que constituye un delito de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas.
La comisión de intermediarios del EPPK, que está encabezada por los abogados Arantza Zulueta y Jon Enparantza y que integra a otros 23 simpatizantes de la izquierda abertzale, anunció ayer de forma oficial, tal y como avanzó este periódico el martes, la celebración de una rueda de prensa a mediodía de mañana en el Kafe Antzokia de Durango. El acto, añade la nota, estará protagonizado por los reclusos que acaban de quedar en libertad y tiene como objetivo valorar el comunicado que el pasado fin de semana dio a conocer el EPPK, en el que por vez primera el colectivo asume las leyes españolas para lograr su excarcelación y cierra la puerta a la posibilidad de una amnistía, una de las reclamaciones históricas de la organización armada. Fuentes de la lucha antiterrorista no descartan que los asistentes puedan expresar su «renuncia a utilizar en el futuro medios violentos» y exhiban un cierre de filas en torno al último pronunciamiento del colectivo oficial de los internos etarras.
La Ertzaintza, a petición del juez Pedraz tras consultarlo con la Fiscalía, ha remitido un informe en el que amplía los detalles de la convocatoria. Según fuentes del Gobierno vasco, los datos recabados por la Policía autónoma subrayan que la reserva del recinto cultural se ha realizado a nombre de un particular e incluye una rueda de prensa y un posterior lunch para alrededor de un centenar de personas. Las dimensiones de la cita dan a entender que acudirá la mayoría de los algo menos de 60 reclusos de ETA en libertad tras la anulación de la ‘doctrina Parot’ –no está prevista la asistencia de los internos de la ‘vía Nanclares’, que algunas fuentes sí sumaban ayer al evento de mañana– y los 25 componentes de la comisión de interlocución del EPPK, un organismo constituido en julio de 2012. La relación de participantes incluiría a, entre otros, Inés del Río, Domingo Troitiño, Isidro Garalde ‘Mamarru’, José Antonio López Ruiz ‘Kubati’, y Juan Lorenzo Lasa Mitxelena ‘Txikierdi’.
El juez Pedraz, que ha descartado pedir como reclamaba el fiscal informes a Policía y Guardia Civil, debe evaluar ahora si la simple presencia de ex presos de ETA que han cumplido sus condenas puede interpretarse como un acto de exaltación de la actividad de una organización terrorista o si supone una humillación para las víctimas. Así lo entienden Dignidad y Justicia y la AVT que han presentando sendas denuncias para impedir su celebración.
Para los letrados de la primera de esas asociaciones, la que dirige Daniel Portero, la relación de la convocatoria con ETA es clara ya que tras ella estaría la dirección del EPPK, que se encarga de «procurar la cohesión y la adherencia de los presos que cumplen condena por actos terroristas siguiendo los postulados de ETA». En casi idéntica línea, la AVT entiende que la convocatoria supone un delito de enaltecimiento del terrorismo «ya que la finalidad de la misma es apoyar a los terroristas que se encuentran presos, y en segundo lugar, supone una clara y absoluta ofensa a las víctimas del terrorismo ya que dicho acto se ha convocado con toda la intencionalidad, conociendo el impacto, dolor y desasosiego que la derogación de la ‘doctrina Parot’ ha supuesto» para los damnificados.
Según explicaron fuentes judiciales, el magistrado tomará la decisión de prohibir o no la convocatoria sólo si tiene indicios de que se puede cometer un delito enaltecimiento de la violencia en su variante de «descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas», castigado en el Código Penal con entre uno y dos años de cárcel.

«Atentos» al contenido
Tal y como informó este periódico el pasado martes, fuentes del Gobierno de Mariano Rajoy veían «complicado» impedir la celebración de ese acto, al tratarse de una convocatoria protagonizada por una organización legal –la comisión de interlocución del EPPK– y con la asistencia de personas que son libres y no tienen, por el momento, causas pendientes. No sería, además, la primera ocasión en la que se llevan a cabo eventos en nombre del colectivo de reclusos, como el que se celebró en Bizkaia hace dos años y por el que el EPPK se sumó a la Declaración de Gernika.
Fuentes de la lucha antiterrorista advierten, no obstante, que, de producirse la rueda de prensa, estarán «atentos» al contenido de la misma para evaluar la posibilidad de impulsar procedimientos judiciales contra los convocantes y organizadores. Además, insisten en que el acto podría constituir un indicio más ante un hipotético procedimiento de ilegalización de Sortu.