El juez corta el principal canal de contacto de la izquierda abertzale con los presos de ETA

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha cortado el principal canal de contacto de la izquierda abertzale con los presos de ETA tras suspender dos años la actividad de Herrira, que incluye el bloqueo de cuentas y la clausura de sedes. El magistrado, sin embargo, dejó en libertad a los 18 detenidos en la operación, cuatro con fianza. BILBAO / MADRID. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco cortó ayer uno de los principales cauces de comunicación entre la izquierda abertzale y el colectivo de presos de ETA. El magistrado dictó un auto en el que suspende de forma cautelar durante los dos próximos años –periodo que puede ser «prorrogable»– la actividad de Herrira, clausura sus sedes y bloquea sus cuentas, además de incautarse de los 62.000 euros que se encontraron durante los registros de las oficinas. El titular del Juzgado de Instrucción número 6 decretó, sin embargo, la libertad para los 18 detenidos el lunes en la operación de la Guardia Civil desarrollada en el País Vasco y Navarra.

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El magistrado sólo impuso para cuatro de ellos –el portavoz Jon Garay, Nagore García Bollo, José Manuel Ugartemendia y Jesús Mari Aldumberri– el pago de una fianza de 20.000 euros, no de las más elevadas en casos de integración de banda armada como es éste, y que obedece además a que todos ellos tienen otras causas pendientes o antecedentes. Al cierre de esta edición tres de estos imputados habían cumplimentado el trámite para hacer frente de la caución y se esperaba que el cuarto lo hiciera a lo largo de la noche.
Además de la obligación de comparecer cada quince días en los juzgados, tener retirado el pasaporte y prohibido salir de España, los encausados no podrán, por orden judicial, participar en «actos de control de presos» o cualquier otra actividad que pueda ser entendida como de apoyo a ETA. Velasco mantiene sobre todos ellos la acusación de integración en banda armada, financiación de la organización etarra y enaltecimiento del terrorismo.
La decisión de la Audiencia Nacional se traduce, en la práctica, en que la izquierda abertzale deberá impulsar un nuevo mecanismo para tratar de hacer llegar sus mensajes a las cárceles, además de renovar a sus responsables. Herrira, desde su puesta en marcha en febrero de 2012, se marcó como objetivo la defensa de los reclusos de la banda, pero desde los principios que rigen la actividad de Sortu y la apuesta por los métodos exclusivamente pacíficos.
«Éstos no son los de Gestoras», solían advertir los máximos dirigentes de la antigua Batasuna para aludir a los responsables de Herrira. La asociación tenía también entre sus funciones hacer llegar el nuevo ideario de la formación política a los presos, un colectivo rocoso, aislado en las prisiones y al que más le ha costado en los últimos años asumir el giro estratégico que supuso la ponencia ‘Zutik Euskal Herria’.
La reestructuración del mecanismo para respaldar a los reclusos llega en uno de los momentos más delicados para el movimiento independentista desde 2009. Los presos acaban de finalizar un debate interno que deberá darse a conocer en las próximas semanas. El conocido como ‘frente de makos’ debe pronunciarse sobre las recomendaciones del ‘foro social’ que organizó Lokarri. Según los detalles que han trascendido de ese diálogo entre los reclusos de ETA, el colectivo oficial, EPPK, descarta realizar una lectura crítica de su pasado, como se les exige desde el PNV, el PSE y el PP o desde el propio Gobierno de Mariano Rajoy, que demanda una petición pública de perdón por el daño causado.
El juez Velasco fundamenta su decisión en los informes aportados por la Guardia Civil. El instituto armado acusa a Herrira de estar bajo la dependencia de ETA, de ser sucesora de la ilegalizada Askatasuna –continuadora a su vez de Gestoras pro Amnistia– y de haber organizado 112 actos de homenaje a reclusos de la banda terrorista. El informe que ha manejado el Juzgado de Instrucción número 6 sostiene que la asociación se constituyó como una organización «perfectamente» estructurada y jerarquizada «con dependencia directa de ETA».
Un grupo de trabajo que, según el informe policial, contaba con un núcleo de coordinación «desde el que la banda terrorista» controla al ‘frente de makos’. La Guardia Civil aporta como prueba de esta teoría dos boletines internos de ETA enviados a los presos. Uno de ellos, según informa la agencia Vasco Press, tiene fecha del pasado mes de julio y alude a que «la herramienta que hay que impulsar para el desarrollo de la línea favorable a la repatriación de los presos vascos y refugiados políticos es Herrira».

Viajes a Francia
El instituto armado entiende en el análisis que ha entregado a Eloy Velasco que la plataforma de apoyo a los presos desarticulada había asumido «los objetivos, estructura, funciones, método y procedimientos de financiación, inconografía y entramado comunicativo de Gestoras y Askatasuna, desarrollando dinámicas que históricamente desempeñaba la ilegalizada Gestoras/ Askatasuna, lo que representa una sucesión operativa de la misma». Entre esas actividades alude a la convocatoria de actos de enaltecimiento a los militantes de ETA para mantener la «cohesión» del colectivo de reclusos y que éste persistiera en el cumplimiento íntegro de las penas.
La investigación incide también en la financiación de Herrira, uno de los aspectos a los que los jueces dan mayor trascendencia a la hora de decidir la ilegalización de un partido. La Guardia Civil sostiene que la asociación descabezada el lunes ha asumido deudas y gastos contraídos por Gestoras y Askatasuna. Y ha constatado también viajes de los imputados a Francia para reunirse con miembros de Askatasuna y recibir instrucciones.
Unas acusaciones que representantes de Herrira calificaron de «mentiras». En una rueda de prensa concedida en Baiona, denunciaron que la operación policial supone una clara «conculcación de los derechos a la libertad de expresión y a la libre asociación». En su opinión, con la apertura de este procedimiento judicial «ha quedado claro que el Estado español pretende obstaculizar la solución del conflicto» y siente «miedo a la capacidad que tiene Herrira de organizar movilizaciones en todos los pueblos y ciudades de Euskal Herria».