DIARIO VASCO, 31/8/12
El PP ve coherente la decisión judicial y la AVT la considera «incomprensible». El preso enfermo será excarcelado si en cinco días la Fiscalía no presenta recurso
El juez central de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, concedió a última hora de la tarde de ayer la libertad condicional al preso de ETA Josu Uribetxebarria Bolinaga, ingresado en el hospital Donostia de San Sebastián desde el pasado 1 de agosto aquejado de un cáncer «incurable». La excarcelación del secuestrador del funcionario José Antonio Ortega Lara pone fin a dos semanas de enredo judicial, con informes médicos «contradictorios» y el rechazo frontal de la Fiscalía. No obstante, la resolución no es definitiva y el Ministerio Público tiene de plazo hasta el próximo jueves para recurrir ante la Sala de lo Penal. Las víctimas ya le han pedido que lo haga. Hasta que no se pronuncie el fiscal, no se ejecutará la excarcelación del preso de Arrasate.
El juez le prohíbe acercarse al domicilio y lugar de trabajo de sus víctimas y familiares
El juez Castro considera que el expediente de libertad condicional de Uribetxebarria Bolinaga cumple con los requisitos legales dado su grave estado de salud, ya que padece un cáncer de riñón con metástasis pulmonar y cerebral, y su esperanza de vida oscila «entre los seis y doce meses». Por este motivo, alega «razones humanitarias» para decretar su excarcelación, dada la dificultad para delinquir y su escasa peligrosidad social. De la misma forma, el magistrado, que examinó al recluso el martes en persona, expone el derecho del enfermo a una muerte digna, según los convenios internacionales, y que su último periodo de vida «no puede realizarse en la forma en que se sustenta el internamiento penitenciario».
Con todo ello, la resolución menciona la necesidad de buscar un equilibrio entre la libertad condicional y el amparo a las víctimas del terrorismo, con las que el preso de ETA no tuvo piedad. Así, le impone una serie de medidas cautelares que de no cumplirlas revocarían su excarcelación.
Le prohíbe acercarse al domicilio y lugar de trabajo de sus víctimas y familiares, participar de forma activa o pasiva en manifestaciones públicas de enaltecimiento a ETA y ausentarse sin autorización judicial de su residencia. Asimismo, le obliga a fichar cada mes en el centro penitenciario de San Sebastián y comunicar al juez cualquier novedad referida a la evolución de su tratamiento médico.
Informes médicos
La decisión del juez Castro tuvo en cuenta la reunión que el magistrado mantuvo el pasado martes con los médicos del recluso en el hospital Donostia. Una cita que estuvo motivada por la necesidad de aclarar determinadas «contradicciones» en los informes médicos sobre la situación del paciente.
Recuerda el magistrado que la ley le permite esa posibilidad, y que sólo en el último trimestre ha realizado 24 visitas a centros penitenciarios y psiquiátricos para conocer el estado de determinados presos enfermos.
En el caso de Bolinaga, de 56 años, afirma que era «relevante» conocer la opinión de los médicos que están «a pie de cama» tratando y atendiendo al enfermo. El tratamiento a seguir y su evolución. Algo que no contenía el informe forense de la Audiencia Nacional, partidario de que fuera tratado en prisión como el fiscal.
Sobre este aspecto, puntualiza el juez que, según los oncólogos, «a día de hoy no se le podría dar el alta en ningún caso desde el punto de vista clínico (.) dado el riesgo de complicaciones secundarias». Por este motivo, añade el auto, los médicos del hospital Donostia aseguran que «empeoraría la vida del paciente si ingresara en prisión», dada la carencia de medios para tratarle.
Con esta excarcelación se cierra un enredo judicial que ha vivido de la polémica política desde hace un mes, con el ingreso hospitalario de Uribetxebarria Bolinaga, que llegó a declararse en huelga de hambre. Y que alcanzó su cénit el 17 de agosto con la concesión del tercer grado por parte de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio Interior, por «razones humanitarias». De forma posterior llegó el enfado de las víctimas con el Gobierno, los informes médicos y sus diferentes versiones y el rechazo de la Fiscalía a la libertad condicional. No obstante, aún queda un recurso que podría largar este culebrón del verano.
Reacciones
Nada más conocerse la decisión del juez Castro, se sucedieron las reacciones políticas. El Gobierno Vasco expresó su respeto ante la decisión y afirmó que, en estos casos, hay que atender a «lo que marca la ley». Fuentes del Ejecutivo vasco señalaron que si el juez ha tomado esa decisión, lo habrá hecho «con fundamento y de acuerdo a la ley».
El PP, el partido que sostiene el Gobierno español, afirmó que la decisión del juez es «coherente con lo que se ha hecho en España en los últimos 20 años» ante casos de enfermos terminales. El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Leopoldo Barreda, señaló que se está ante la «interpretación pacífica y la aplicación uniforme de las normas legales». El PSOE, por su parte, declinó pronunciarse ayer sobre este tema. El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, cree que es un «triunfo de los derechos humanos y una derrota del espectáculo».
IU afirmó que es una medida «lógica, necesaria y humanitaria». Aralar cree que, aunque «tarde», se ha hecho justicia. La más crítica fue Rosa Díez, líder de UPyD, que confió en que el fiscal recurra la decisión, a la vez que denunció que el Gobierno «ha enmascarado una mentira». Totalmente en contra de su puesta en libertad se mostraron asociaciones de víctimas como la AVT. Ángeles Pedraza afirmó que esta medida «demuestra que la Justicia no es justa» y mostró su «rechazo total ante una decisión incomprensible». El presidente de Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz, dijo sentir una «total decepción» ante el Gobierno.
DIARIO VASCO, 31/8/12