EL MUNDO – 24/07/15
· El juez Juan Pablo González ha decidido no perder el tiempo en la primera causa con trascendencia mediática que ha abierto desde que está al frente del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.
· El pasado día 9 admitió a trámite parcialmente las querellas presentadas por víctimas del terrorismo que permitirán investigar a las diferentes cúpulas de ETA por crímenes contra la Humanidad, y ayer cursó una comisión rogatoria a Francia para poder interrogar a ocho ex dirigentes de la banda por este delito.
Son los que dirigieron ETA desde el 1 de octubre de 2004 –fecha en la que entró en vigor en nuestro ordenamiento jurídico el delito de lesa humanidad– y se encuentran presos en Francia: Aizol Iriondo Yarza, Jurdan Martitegui Lizaso, Garicoitz Aspiazu Rubina, María Soledad Iparraguirre Guenechea, Aitor Elizaran Sarasola, Mikel Albisu Iriarte, Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe y Gorka Palacios Alday.
El magistrado explica que para establecer la responsabilidad criminal «no basta con el mero conocimiento de los hechos», pero no es el caso de ninguno de ellos. Como miembros de la dirección de la banda terrorista eran quienes daban las órdenes a los comandos para atentar y, al tratarse ETA «de una estructura de poder perfectamente organizada», tenían «perfecto dominio de la organización, por lo que deberían responder de los hechos delictivos que han dirigido o respecto de los cuales han decidido», señala la resolución.
Por eso, González pide a Francia interrogarles como imputados por el delito de lesa humanidad en concurso real con delitos de asesinato, cuya investigación se inició tras la admisión a trámite parcial de las querellas presentadas por Dignidad y Justicia, Fundación Luis Portero y Antonio Salvá, padre de uno de los últimos dos guardias civiles asesinados por ETA.
En el periodo temporal limitado por el juez a la hora de admitir a trámite las querellas –presentadas bajo la dirección letrada del especialista en Derecho Penal Internacional Miguel Ángel Rodríguez–, la organización terrorista mató a 12 personas. Después de la entrada en vigor del artículo 607 bis del Código Penal, en octubre de 2004 que castiga la lesa humanidad, hubo un periodo de dos años en los que la banda no causó víctimas mortales.
Pero, en diciembre de 2006, hizo estallar un coche con más de 200 kilos de explosivos en el aparcamiento de la T4 en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. En él murieron los ciudadanos ecuatorianos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio. Un año después, asesinó en Capbreton (Francia) a los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero.
El siguiente asesinato fue el de Isaías Carrasco, en Arrasate-Mondragón, en 2008, y sólo dos meses más tarde mató con un coche-bomba al guardia civil Juan Manuel Piñuel Villalón, en Legutiano (Álava). En septiembre de ese año murió el brigada del Ejército Luis Conde de la Cruz, en Santoña (Cantabria), y en diciembre, fue asesinado el empresario Ignacio Uría.
En junio de 2009, ETA asesinó al policía Eduardo Puelles y, un año después, mató en un tiroteo al gendarme francés Jean Serge Nèrin. El último atentado le costó la vida a los guardias civiles Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada, en Calvià.
EL MUNDO – 24/07/15