ABC – 04/05/14
· Miembro de la Audiencia de Barcelona, se jacta en sus conferencias de ser uno de los artífices del nuevo Estado de Mas: quiere jueces «nacionales»
En teoría está asesorando al «Consejo Nacional por la Transición en Cataluña» en la elaboración de una constitución propia para ese nuevo Estado que defiende Artur Mas. En su condición de juez, Santiago Vidal, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona (San Sadurní de Noya, Barcelona, 1958), debería saber que con la ley en la mano es imposible construir ese Estado. Pero lejos de advertir sobre la ilegalidad de la consulta soberanista como primer paso para el plan secesionista, Vidal es considerado un ariete en el ámbito judicial de esa hoja de ruta que se ha marcado el presidente de la Generalitat, y que maneja dos fechas clave en 2015: el 23 de abril, con la proclamación unilateral de la independencia en Cataluña, y el 11 de septiembre, con la celebración de un referéndum constitucional.
En las distintas conferencias que Omnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana (ANC) le han preparado por toda Cataluña, Vidal, quien hasta finales los ochenta era abogado (no es, por tanto, juez por oposición), presume de su papel protagonista en el diseño de esa Constitución catalana, que, inspirada en la de Noruega y en la de Islandia, contemplará un DNI propio. Según los cálculos del magistrado, de la progresista Jueces para la Democracia, este documento entrará en vigor en enero de 2017, aunque él «se daría por satisfecho» si en 2020 puede sacar de su cartera un «documento de identidad de la república catalana» o un pasaporte catalán.
Sí al derecho a decidir
Eso no es todo. En esas charlas el juez, polémico por sentencias favorables al movimiento «okupa», repite hasta la saciedad el argumento de que en caso de que el Estado impida a Cataluña el «derecho a decidir», estaría justificado el incumplimiento de las leyes y la «desobediencia civil». No es nuevo, teniendo en cuenta que este mismo juez en julio del año pasado, durante la Conferencia Nacional de ERC en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), aseguró que «si se convocara una consulta de manera unilateral y España enviara a la Guardia Civil a sacar las urnas, Mossos y muchos ciudadanos les haríamos frente».
Pero cuando más disfruta este magistrado es al hablar del «poder judicial» que quiere para Cataluña y que pasa, entre otras cuestiones, por echar a un tercio de los jueces y fiscales que hay en esa comunidad autónoma, por que no haya ninguna sentencia en castellano y por cambiar el Tribunal Constitucional por
un «tribunal supremo catalán» para resolver cuestiones constitucionales. «No podemos aprovechar nada de lo que tenemos», dice. Vidal considera que cuando se cree el «nuevo Estado», unos 200 o 300 jueces de los casi 800 que hay actualmente en Cataluña se irán fuera. Lejos de asumir esa pérdida, aumentarán entonces la plantilla hasta los 1.000, de forma que los 500 que harán falta saldrán de la Abogacía catalana: en concreto se designarán de entre los 28.000 letrados que hay en esa comunidad, realizando «una selección, un concurso de méritos muy restrictivo».
Investigador por el CGP
El Consejo General del Poder Judicial ha abierto una investigación a este magistrado, que además es uno de los 33 firmantes del manifiesto independentista —también bajo la lupa del Consejo—, para esclarecer si ha podido incurrir en algún tipo de incompatibilidad. De hecho, el próximo 19 de mayo Vidal deberá responder ante el Promotor de Acción Disciplinaria en la sede del órgano de gobierno de los jueces, en Madrid. El artículo 389.7 de la LOPJ señala que el cargo de juez o magistrado es incompatible con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido. El incumplimiento se sanciona como falta muy grave, lo que puede acarrear hasta la separación de la carrera.
En este caso, llueve sobre mojado. El pasado septiembre, el CGPJ ya le denegó la autorización para participar en una comisión de análisis de la xenofobia convocada por la asociación SOS Racismo. Quizá por ello ahora ni ha pedido permiso.
ABC – 04/05/14