El caso del chivatazo a ETA en el bar Faisán de Irún sigue vivo. El juez José de la Mata ha reabierto la causa tras conocer un nuevo informe. Y citó a declarar, en una pieza secreta, a los dos policías condenados: el comisario Enrique Pamies y el inspector José María Ballesteros. El magistrado les preguntó expresamente quién les dio la orden de alertar a la banda de una operación policial contra su aparato de extorsión en pleno proceso de paz con el Gobierno de Zapatero. Los agentes guardaron silencio. Como ya había hecho con el inspector, la Policía ha sorteado la sentencia para blindar la jubilación del comisario Pamies sin expulsarlo.
La reapertura se produce a partir de un informe elaborado por la desaparecida Brigada de Análisis y Revisión de Casos en el que apuntaba indicios sobre la autoría intelectual entre los altos mandos del Ministerio del Interior de 2006, a cuyo frente estaba Alfredo Pérez Rubalcaba.
La delación fue perpetrada por los dos mandos policiales al que fuera dueño el bar Faisán de Irún, el fallecido Joseba Elosua. Fue advertido por teléfono de la inminencia de una operación policial contra el entramado de extorsión de la organización terrorista que iba a llevar a cabo la Policía bajo la supervisión de la Audiencia Nacional, en concreto por el entonces juez de instrucción Fernando Grande-Marlaska. El chivatazo se produjo en medio del proceso de diálogo que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero mantenía abierto con la dirección etarra.
El informe que ha dado pie a la reapertura del caso fue elaborado por la ya desaparecida Brigada de Análisis y Revisión de Casos (Barc). Según consta en la documentación que está tramitando el juez de la Mata, los agentes analizaron de nuevo todo el tráfico de llamadas de los momentos claves del chivatazo y apuntaron hacia la cúpula de Interior como la posible X del caso Faisán. Señalaron al que fuera director general de la Policía en aquel momento y destacado dirigente del PSOE del País Vasco, Víctor García Hidalgo, y a su superior directo de aquella etapa, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho.
Los investigadores incluyeron en su informe el movimiento de llamadas entre ambos mandos, tras el contacto con uno de los condenados, los días en que se fraguaba la operación contra el aparato de extorsión etarra y el día de la delación, el 4 de mayo de 2006. Al frente del Ministerio del Interior estaba Alfredo Pérez Rubalcaba.
Como constata en su informe el fiscal, la Barc señalaba que en las conversaciones telefónicas se revelaba que Víctor García Hidalgo «tuvo conocimiento de los hechos, que los transmitió a Antonio Camacho» y que ambos, junto a otros dos mandos policiales, «hicieron posible una conspiración encaminada a la destrucción del dispositivo policial del 4 de mayo de 2006 junto a los ya condenados», expone el texto del Ministerio Público, recogiendo los datos de los agentes.
El juez De la Mata declaró secretas las nuevas pesquisas y tomó declaración a la comisaria que estaba al frente de la Barc y que elaboró y firmó el informe que aportaba estos nuevos datos para conocer los detalles de su informe y, sobre todo, si se ratificaba en él. Pero no fue ésta la única diligencia que el juez practicó mientras mantenía la causa en secreto.
Según han informado a EL MUNDO fuentes cercanas al procedimiento, el juez citó a declarar a los dos condenados, al comisario Enrique Pamies, quien fuera jefe superior de Policía del País Vasco, y al inspector José María Ballesteros.
La citación se produjo en calidad de testigos ya que ambos están condenados y su responsabilidad en el caso ya está delimitada. El juez buscaba a quien les dio la orden, al autor intelectual del chivatazo. Ambos acudieron a la Audiencia Nacional apenas unos días después de que el Consejo de Ministros desestimara la petición de indulto que habían presentado los dos condenados. A las pocas fechas, ambos tuvieron que acudir de nuevo a la Audiencia Nacional.
El juez y el fiscal preguntaron y repreguntaron quién les dio la orden de acudir al bar Faisán aquel 4 de mayo de 2006 y alertar al dueño de que se iba a producir de manera inminente una operación antiterrorista contra el aparato de extorsión etarra. Pero ambos negaron la mayor. Mantuvieron su versión de que ellos nada tenían que ver con esa delación y que son inocentes.
El juez interrogó a Pamies y a Ballesteros durante más de una hora a cada uno, sin lograr que aportaran dato alguno sobre la posible implicación de sus superiores en aquella actuación. Expresamente, el juez y el fiscal, Carlos Bautista, volvieron a preguntarles sobre sus comunicaciones de aquellos días y sus contactos con el director de la Policía y de éste con el secretario de Estado de Seguridad. Hablaron de comunicaciones normales y habituales en función de su trabajo, pero para nada relacionadas con una delación de la que insisten en que nada tienen que ver.
El movimiento judicial buscó un momento en el que quizá los condenados se hubieran sentido abandonados, después del rechazo del Consejo de Ministros a su solicitud de indulto. Como describen fuentes cercanas al procedimiento: «Buscaban un Amedo», en referencia al policía que colaboró con la Justicia para esclarecer crímenes de Estado de los GAL cuando desde el Ejecutivo entonces socialista se le abandonó y se le dejó de pagar la defensa.
Pamies y Ballesteros fueron condenados por estos hechos por la Audiencia Nacional en primera instancia. El Tribunal Supremo ratificó la pena. El juez De la Mata no ha practicado de momento ninguna gestión más. Ha pedido al fiscal que le remita un informe con su opinión sobre estas averiguaciones y los pasos que debería dar.
Previamente, el fiscal, en otro escrito, había descalificado las conclusiones apuntadas por la Barc: entendía que no había novedad alguna con respecto al material que se investigó y se juzgó. El representante del Ministerio Público apuntó que ese informe que ha dado pie a esta pieza secreta es más un material de análisis policial, «de inteligencia», pero que no aporta datos nuevos. No obstante, la Fiscalía no pide que la investigación sea cerrada.
Ahora, el juez ha levantado el secreto de este sumario y ha dado traslado de las diligencias a las acusaciones, fundamentalmente representadas por la asociación presidida por Daniel Portero, Dignidad y Justicia. Fue ésta precisamente la que presentó el escrito ante el juez De la Mata solicitando la reapertura del caso. La letrada de esta asociación, Vanessa de Santiago, indicó que las nuevas revelaciones desveladas por el que fuera director adjunto operativo, Eugenio Pino, sobre la existencia de un informe sobre el chivatazo hasta ahora desconocido requerían la reapertura de la causa para conocer sus detalles.
El Ministerio del Interior tardó varias semanas en localizarlo, porque en los archivos de la Secretaría de Estado no estaba registrado ni como chivatazo ni como informe del Faisán. Finalmente fue localizado cuando el juez había requerido ya al Ministerio en dos ocasiones para que lo localizara y se lo remitiera.
La Barc elaboró otro informe, que fue analizado también por la Audiencia Nacional, sobre los atentados del 11-M.