El juez José de la Mata ha pedido a la Policía que le remita el informe sobre el chivatazo a ETA en el bar Faisán de Irún elaborado por la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC). El requerimiento, dirigido a la Dirección General de la Policía por el magistrado de la Audiencia Nacional, pide que la remisión se haga con «urgencia». De la Mata solicita igualmente que se identifique a los policías que elaboraron el informe, según explicaron ayer fuentes jurídicas.
La medida adoptada por el juez es el primer paso hacia una posible reapertura de la investigación. Para llegar a ese punto, en primer lugar la Policía tendría que encontrar y remitir el informe y que el juez instructor comprobara que incluye material novedoso de posible relevancia jurídica.
La existencia de un nuevo informe sobre el chivatazo policial a ETA fue desvelado en este diario por el ex director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino.
Junto al informe del chivatazo, la misma brigada elaboró, según lo relatado por Pino en la entrevista, otro sobre los atentados del 11-M y un tercero sobre la desaparición de Marta del Castillo.
El único que se ha localizado hasta la fecha es el relativo a los atentados islamistas. Interior se lo remitió a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que lo examinó y consideró que no justificaba la reapertura de la investigación.
El caso del chivatazo a ETA tiene una peculiaridad que permite suponer que la brigada que lo elaboró habría podido alcanzar conclusiones relevantes: que los autores del soplo eran policías. Los condenados fueron el entonces jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector José María Ballesteros. La Audiencia les impuso una condena a un año y medio de prisión por un delito de revelación grave de secretos.
En el caso llegó a estar imputado y brevemente procesado el ex secretario de Estado de Seguridad Ignacio Camacho, sospechoso de haber dado la ordena de avisar a ETA de una operación policial para no estropear las conversaciones con la banda. El informe final del caso sostuvo que el chivatazo tuvo un móvil «político».
La BARC ya no está en activo y sus miembros fueron destinados al Centro Nacional de Desaparecidos, que depende de la Secretaría de Estado de Seguridad, según precisó en un comunicado la Dirección General de la Policía tras encontrar el informe sobre el 11-M.
El pasado 14 de febrero, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, reconoció que estaba «sorprendido» por la revelación de Pino de que existían esos tres informes secretos. Ante las reiteradas preguntas de los periodistas, Zoido explicó que el informe de Marta del Castillo no existió. Iba a redactarse cuando se acordó la desaparición de la brigada.
Sobre el caso Faisán, el ministro añadió que «parece ser que en su día hubo un informe». Al final de su intervención, precisó que del mismo se hicieron dos copias. «A ver si me lo traen», sostuvo. «Tienen instrucciones concretas para despejar estas dudas y que sigamos todos trabajando», añadió el ministro en referencia a la Dirección General de la Policía.