Los ingenuos dirán que “no se podía saber”, pero el Gobierno Sánchez ha convertido el juicio a García Ortiz por revelación de secretos en una ocasión de oro para avanzar en la demolición de la democracia mediante la deslegitimación del poder judicial y el incremento de la polarización política. Y ha contado con la inestimable colaboración de su legión mediática, convertida en novedoso periodismo judicial que, imitando al Número Uno, dicta sentencia desde la portada de El País como un verdadero dictador en ejercicio, advirtiendo a los jueces que osen desafiarle. Se limita a llevar a las últimas consecuencias el principio de su maestro Rodríguez Zapatero: “nos interesa que haya tensión.” Hasta que reviente.

Una “trampa de Tucídides”

La convivencia se basa en la confianza razonable en los demás; si desaparece, el riesgo de conflicto violento aumenta. Permítanme una digresión que viene al caso. Tucídides comenzó a escribir su Historia de la Guerra del Peloponeso, cuenta el mismo autor, cuando llegó a la conclusión de que el conflicto entre Atenas y su imperio, y la coalición dirigida por Esparta, sería la guerra más importante de los griegos, de consecuencias imprevisibles y trascendentales. Y en efecto, la polis clásica, y con ella su cultura y la democracia antigua, murió agotada por el largo enfrentamiento. Comenzó, que es lo que nos interesa, por la desconfianza insuperable entre los dos bloques políticos; hoy se conoce y se sigue estudiando como “trampa de Tucídides”, a saber: la guerra es casi inevitable cuando hay dos bloques enemigos, de poder y ambición hegemónica semejante, que desconfían profundamente uno del otro; cómo comenzará es secundario.

Lo que Tucídides explicó con maestría es aplicable a las sociedades divididas: las guerras civiles, bien lo sabemos, comienzan cuando la confianza se volatiliza y el miedo al otro y la fe en la fuerza superan a la esperanza en el acuerdo y la mediación. La función del Estado de derecho no es otra, precisamente, que impedir que la sangre llegue al río cuando los intereses enfrentados no pueden coexistir, imponiendo su arbitraje y el principio de legalidad; ese es el trabajo del poder judicial.

¿Pero qué pasa cuando es el Gobierno quien ataca el principio de legalidad, con Sánchez proclamando la inocencia de su fiscal antes de que acabe el juicio, deslegitimando preventivamente la sentencia? Obviamente, que la confianza en el sistema recibirá un golpe mortal. Sánchez nos conduce a una clásica trampa de Tucídides tras dividir España en dos mitades enfrentadas. Le auxilian en la tarea sus socios de mayor barbarie, con las soflamas de Ione Belarra llamando a “reventar a la derecha” (vil revival de las criminales de Largo Caballero y Dolores Ibárruri), las de Irene Montero animando el “antifascismo” de kale borroka, y las de Otegi culpando a las fuerzas de seguridad del regreso de la violencia.

A estas alturas ya es obvio que, sea cual sea la sentencia del caso García Ortiz, el daño a la función arbitral del poder judicial es irreparable: si le absuelven parecerá que el Supremo sigue las órdenes de Sánchez; si le condenan, que condenan al Gobierno y a todos los que le defienden. Es un ataque a los fundamentos mismos de la democracia y la convivencia civil. No es maquiavélico, sino autodestructivo; el florentino no lo habría aprobado. Pero eso ya no importa.

El secreto profesional 

El secreto profesional, reconocido legalmente a los periodistas, es que puedan mantener el anonimato de sus fuentes en una investigación judicial con el objetivo de proteger la verdad factual; en efecto, nadie contaría algo arriesgado a un medio de comunicación sin garantías de anonimato. Pero los periodistas que han desfilado como testigos de la defensa de García Ortiz han dado la vuelta al concepto: como ha dicho alguien, juegan a ser los periodistas del caso Watergate, pero defendiendo a Nixon.

El secreto profesional no sustituye a la función judicial de juzgar, que es lo que intentan hacer. Dicen conocer la fuente del famoso mensaje negando que fuera el Fiscal General, pero se niegan a revelarla amparándose en el secreto profesional, incluso si el resultado es condenar a un inocente. Seguramente porque saben muy bien que una condena de culpabilidad desmentida por pruebas desconocidas y reveladas más tarde, será revisada. El Fiscal lo pasaría mal, pero no peor que otras marionetas de Moncloa -que pregunten a Santos Cerdán-, y el objetivo de dañar la reputación judicial, y de las investigaciones de la UCO, quedaría cumplido y aumentado. Algo interesante para la futura defensa del propio Pedro Sánchez.

Dos versiones inconsistentes

En el trámite, los medios amigos han incurrido en embrollos propios de los hermanos Marx y su clásica Sopa de ganso, como sostener que el único que no conocía el contenido del mensaje de García Ortiz era el propio García Ortiz, o que circulaba y era conocido en los mejores cenáculos y mentideros antes incluso de que fuera escrito y saliera de la Fiscalía. Y así el periodismo judicial también está siendo juzgado gracias a su autoacusación: según unos, saben muy bien quién fue, pero no pueden revelarlo aunque conlleve la condena de un inocente; según otros, no hubo filtración alguna porque el mensaje que revelaba los secretos que debía proteger García Ortiz circulaba por redes y redacciones desde el principio de los tiempos. Dos versiones inconsistentes, pero complementarias.

Si el periodismo arrastraba problemas graves de desprestigio profesional y desconfianza -véase el caso de la BBC manipulando las palabras de Trump, aunque allí ha habido dimisiones y ceses en vez de premios-, la actuación de esos periodistas en este juicio puede ser el remate. Esperar que la mayoría de la gente sepa apreciar la diferencia entre los periodistas y medios que investigan y desvelan los abusos del poder y los que encubren y justifican es esperar demasiado. Y así, de una sola tacada, el sanchismo está logrando barrer la confianza en dos instituciones insustituibles para la democracia: la neutralidad e independencia de los jueces, y la profesionalidad del periodismo. No está mal.

Elegir el mal menor

A falta de un Tucídides de nuestros días, no me parece exagerado predecir que esto solo puede acabar mal. El asunto ya es si será un mal mayor o menor. Advertía el gran Baruch Spinoza en su Ética demostrada según el orden geométrico que en estos casos la ley de la razón es elegir siempre el mal menor. Ahora toca descubrir cuál puede ser.