EL CORREO 14/10/13
Dirigentes como Joseba Permach o Rufi Etxeberria quedarán varios meses al margen del día a día del partido, por lo que la defensa busca acortar la vista oral
«Vamos a intentar que el juicio dure lo menos posible». La defensa de los 36 imputados en el ‘caso herriko tabernas’, entre los que figura el considerado ‘núcleo duro’ de Sortu –Joseba Permach, Rufi Etxeberria y Joseba Álvarez–, se ha marcado como objetivo acelerar lo máximo posible la vista oral que arranca el próximo jueves en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. La izquierda abertzale es consciente de que la celebración del juicio va a condicionar la gestión del día a día del partido, que va a tener que prescindir de sus principales líderes en las reuniones internas y en los contactos habituales con otras fuerzas y agentes sociales.
Permach está al frente del área de relaciones institucionales, además de ser uno de los principales ‘gestores’ de Bildu en Gipuzkoa, mientras que Etxeberria se encarga de todo lo que tiene que ver con lo que el movimiento independentista denomina «resolución del conflicto». Ambos son, además, los que están expuestos a mayores condenas. El fiscal solicita penas de 12 años para ambos como presuntos dirigentes de ETA, una vez que la Audiencia decidió dejar fuera de este procedimiento a Arnaldo Otegi, al haber sido ya fue condenado como dirigente de la organización terrorista en el ‘caso Bateragune’.
Los abogados, encabezados por los letrados Iñigo Iruin, Jone Goirizelaia y Kepa Landa, han diseñado una estrategia para tratar de acortar los plazos. Sólo para las declaraciones de imputados y de partes implicadas –hay un centenar de asociaciones afectadas por la clausura de las herrikos– el tribunal ha previsto un calendario que se extiende hasta febrero del año próximo, si bien hay que tener en cuenta que el proceso se verá interrumpido todo diciembre y la primera quincena de enero. En ese afán por dar celeridad a la vista, la defensa tiene previsto prescindir de las cuestiones previas en la primera jornada del juicio e, incluso, piensa hacer lo propio con buena parte de los testigos. Todo para abreviar trámites y para que los principales referentes de Sortu vuelvan a sus tareas del partido, en un momento de especial tensión interna ante la falta de movimientos por parte del Gobierno de Mariano Rajoy y de ETA.
Sobre la mesa del tribunal que juzgará este caso, la presunta financiación de ETA a través de las herriko tabernas. Un procedimiento que arrancó hace 11 años bajo la instrucción del por entonces juez Baltasar Garzón.
En su escrito de conclusiones provisionales, presentado en abril de 2010, el fiscal insistía en que desde 1978 y hasta que Batasuna fue ilegalizada en marzo de 2003, su «simbiosis» con ETA fue «absoluta». Las diferentes estructuras del denominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), afirma la acusación, ejecutaron durante esos años y en distintos frentes «una actividad complementaria de apoyo, soporte y cobertura a las estrategias y fines de la organización terrorista, sin las que no hubiera sido posible la subsistencia de ésta». Estos dirigentes habrían diseñado, además, un sistema de financiación de la banda a través de esas herriko, que, según el Ministerio Público, disponían de un patrimonio de 12 millones de euros y tenían unos movimientos anuales de unos 15 millones.
La defensa, sin embargo, alega que no hay pruebas que demuestren que el dinero iba a parar a la organización terrorista y que Garzón hizo una lectura exagerada de las pruebas aportadas por la policía para poder establecer el axioma de que «todo es ETA». La izquierda abertzale, además, pretende subrayar durante las próximas semanas la, a su juicio, «incongruencia» de que se siente en el banquillo de los acusados a quienes han impulsado el giro estratégico que ha permitido a Sortu abrazar las vías exclusivamente pacíficas para hacer política.
Organización juvenil
El juicio a los principales líderes de Sortu se verá precedido hoy por la celebración de otra gran vista oral. La Audiencia Nacional inicia el proceso contra 40 militantes de Segi. Los imputados se exponen a penas de prisión de entre 7 y 9 años. La Fiscalía solicita el mayor castigo para nueve de ellos, a los que considera dirigentes de esta organización juvenil ilegalizada y les imputa un presunto delito de integración en organización terrorista con el grado de cabecillas. El Ministerio Público entiende que Segi «complementaba la actividad de la lucha armada de ETA mediante actos de kale borroka».