José Antonio Zarzalejos-El Confidencial
El señor Raimondi sabe que los estándares de la Justicia española en su tribunal son de los mejores, porque tiene un registro muy bajo de impugnaciones a sus sentencias
El juicio que comienza hoy en Madrid —ciertamente histórico— terminará, si hay sentencia condenatoria, en Estrasburgo, sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los independentistas toman la alsaciana ciudad francesa como su tierra prometida; y el resto la tememos, como territorio de condenación. Según el relato separatista, el juicio al proceso soberanista es “político” y así lo dejará claro el tribunal europeo —dicen—, que se encarga de contrastar la garantía de los enjuiciados en los países adheridos a la jurisdicción de ese órgano de protección de los derechos humanos.
Estamos ante una nueva estratagema de los secesionistas. No hay por qué temer un revés en Estrasburgo. El juicio está siendo manejado por la Sala Segunda del Supremo cumpliendo escrupulosamente todas las garantías procesales. Algunos piensa que con exceso, al permitir lo imposible en otros países: la retransmisión audiovisual y en directo de todas sus sesiones. El presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, Guido Raimondi, le acaba de reconocer a Pedro Sánchez en su reciente visita a la ciudad francesa que nuestra Justicia es “garantista”, gracias, entre otras muchas razones, al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que depura sentencias jurisdiccionales que lo requieran.
El tribunal europeo no juzgará, si llega el caso, sobre si concurrió rebelión, sedición o malversación, sino sobre si los procesados tuvieron o no un juicio justo. Pues lo van a tener. Luz y taquígrafos, que aquí nos jugamos la identidad democrática del Estado, que consiste, entre otras cosas, en la independencia de su poder judicial. Habrá que estar a lo que diga la sentencia firme que se dicte en su día. La mayoría de los españoles no catalanes (el 80%) cree que hubo delito en los comportamientos de los que hoy se sientan en el banquillo. En Cataluña también (el 53%), aunque en menor proporción. Son datos de Metroscopia publicados ayer en una quincena de periódicos regionales. Que los magistrados —en conciencia— decidan.
¿Qué deben resolver? 1) Si hubo delito; 2) si no lo hubo, absolver; 3) si lo hubo, qué tipo de delito, bien rebelión porque medió alzamiento violento para declarar la independencia de una parte del territorio nacional, o sedición porque medió un alzamiento tumultuario afectando al orden público. Naturalmente, el tribunal no podrá condenar nunca por un delito del que no se acuse a los encausados: principio acusatorio. Tampoco podrá juzgar a los fugados, porque en España no hay juicios en ausencia. En otros países democráticos, sí.
El señor Raimondi ya sabe que la Sala Segunda no se permite ni una licencia. Por eso elogió ante Sánchez nuestra Justicia. Por cierto: hizo bien el presidente del Gobierno en viajar a Estrasburgo en fechas tan cruciales. Y si fue en el avión oficial, nunca mejor empleado. De momento, atengámonos a las palabras del señor Raimondi y a las estadísticas. Y a esperar acontecimientos, que la vista oral —hoy, cuestiones previas— será prodiga en ‘performances’ no precisamente judiciales.