El laberinto federal del PSOE

Hay algo de paradójico en el debate que se trae entre manos el PSOE a cuenta de la reforma federal de la Constitución. Es tal la afición mostrada por los socialistas a desarmar el modelo de Estado como estrategia de oposición, que han terminado atrapados en su propio juego, con consecuencias para su credibilidad que oscilan entre lo malo y lo peor.
Durante décadas, los socialistas han querido ser al mismo tiempo los que rechazaban desde Andalucía las singularidades del modelo territorial y los que desde Cataluña hacían del soberanismo la nueva y extraña bandera del progresismo en nombre de la diferencia. Han querido ser a la vez los intérpretes de la igualdad mientras adoptaban el discurso nacionalista de los derechos de los pueblos. Proponen una reforma para ordenar nuestro sistema autonómico después de que este haya sido arrastrado al desconcierto por el Estatuto catalán promovido por el socialista Maragall. Y ahora, alertan del riesgo de ruptura nacionalista pero obvian su responsabilidad en la socialización del nacionalismo más extremo y la legitimación política que desde la izquierda le han prestado a los que ahora plantean abiertamente la quiebra de la unidad constitucional. Dos legislaturas de Zapatero les contemplan.
Instalados en esto que puede ser contradicción u oportunismo, los socialistas han hecho pública una propuesta de reforma constitucional que se orienta a establecer una estructura federal en lo que hoy es el Estado autonómico. Y esto no es una disputa académica sobre cuánto hay de materialmente federal en nuestro modelo de Estado, sino una declaración política que rehace la organización territorial desde una posición conceptual –la opción federal– que hace referencia al sujeto político de la soberanía, a su formación y a su propia composición de base territorial. El federalismo no es sólo un conjunto de técnicas de relación entre diferentes niveles de gobierno, sino un principio de integración de partes constitutivas en un Estado, lo que desde luego no es el caso de España ni encaja en su naturaleza político-constitucional.
No es difícil ponerse de acuerdo en la conveniencia de una delimitación más clara de competencias, en la necesidad de estabilizar definitivamente un modelo cuya apertura tenía sentido en su fase de gestación y consolidación, y en la oportunidad de restablecer el recurso previo de inconstitucionalidad para Estatutos de autonomía, si es que suponemos que deba haber una nueva generación de estatutos que sería la tercera.
Pero no todo en el documento socialista es reforma en cuestiones que la mayoría de la doctrina constitucionalista y de los principales actores políticos hacen suyas sin objeciones. Hay varios otros aspectos de la propuesta federal abiertamente objetables, porque sí suponen una alteración del modelo autonómico, que en absoluto serían consecuencia de esa ‘evolución natural’ hacia el federalismo que el PSOE quiere ver en la organización territorial del Estado.
Con todo, lo más preocupante es que a partir de la quiebra que separa al PSC del PSOE, los socialistas parecen ver los problemas de la organización del Estado como un trasunto de los problemas de su propia organización y de las grietas estructurales abiertas desde Cataluña en la problemática familia socialista.
De ahí que la proyección de la propuesta federal haya sido perfectamente descriptible y que bajo el texto de intencionado tono académico se detecte el intento de buscar una salida por superación al embrollo del PSC. El intento, sin embargo, no parece haber encontrado el éxito que esperaba ni la credibilidad que aspiraba a infundir. Los socialistas proponen un federalismo para todas las comunidades –especialidades forales aparte– y un régimen de relación que no concretan para Cataluña pero que claramente sitúan fuera del paradigma federal que predican para el resto. Un régimen de relación para Cataluña cuyos presupuestos lo conducen a una fórmula confederal como contrapartida para conjurar la apuesta independentista del nacionalismo catalán.
El PSOE se equivoca al atribuir el independentismo catalán a un déficit en el reconocimiento del pluralismo en lo que se refiere a Cataluña por –dicen– «las dificultades del modelo autonómico actual para integrar sus singularidades culturales, simbólicas o nacionales». Semejante diagnóstico es injusto con el Estado autonómico y con el marco constitucional en su conjunto y repite la profunda distorsión del victimismo nacionalista. Si realmente los socialistas creen eso que han escrito es que no entienden nada o no quieren entenderlo. El resultado es un inmenso favor al independentismo, que seguramente observa con agrado que ni siquiera cuando plantea sin ambages sus pretensiones éstas son reconocidas como lo que son. Porque lo que está sustanciándose en Cataluña nada tiene que ver con el pluralismo que un modelo como el autonómico reconoce y garantiza en términos rigurosamente inéditos para Cataluña. Se trata de una cuestión de soberanía, de ruptura del Estado pura y dura, de secesión. Ennoblecer ese afán de ruptura como una lucha por el reconocimiento del pluralismo, la lengua o los derechos colectivos de los catalanes, viene a ser la más explícita demostración de este estéril ejercicio de arbitrismo que el Partido Socialista insiste en hacer.