La crisis migratoria, el asunto que debía centrar ayer el pleno del Congreso, pasó a un segundo plano porque la atención política continuó fija en la controvertida reforma legal que facilitará la rebaja de penas a 44 etarras presos al serles acumulado el tiempo que permanecieron en cárceles francesas con el que llevan en las españolas. Si el Gobierno estuviese persuadido de que esa era la única forma de trasponer la directiva de la UE de 2008, habría empleado un sinfín de argumentos jurídicos para explicarlo con meridiana claridad y curarse en salud ante una polémica que había previsto con tanta antelación que logró convencer a las asociaciones de víctimas y a los demás grupos parlamentarios de que en ningún caso era ese su propósito. De que no compartía la denuncia de las organizaciones de reclusos de ETA, hecha suya por EH Bildu, sobre el trato de excepción que estarían sufriendo los condenados por terrorismo a ambos lados de la frontera. En lugar de eso, se regodeó con razón en el ridículo del PP -también de Vox- al haber apoyado la propuesta sin haberla leído, un esperpéntico error que no se subsana con golpes de pecho y peticiones de perdón, y en acusarle de utilizar la violencia con fines partidistas, para lo que esgrimió la sorprendente irrupción en el debate de Mari Mar Blanco, senadora popular y hermana del concejal asesinado por ‘Txapote’, uno de los beneficiarios de la iniciativa.