DIARIO VASCO, 30/9/11
Plantea «acercamientos» y una política penitenciaria flexible para la «reinserción». López exige el abandono definitivo de las armas, sugiere la legalización de Sortu e incide en la necesidad de un «relato veraz»
El lehendakari abrió ayer un nuevo escenario en el camino hacia la pacificación y normalización. Su decálogo para la convivencia, que incluye exigir a ETA su disolución, flexibilizar la política penitenciaria con acercamientos de presos para promover la reinserción y reclamar, de forma implícita, la legalización de Sortu, fue para algunos demasiado audaz y para otros se quedó corto. Pero no dejó indiferente a nadie. Y más allá de la falta de concreción o no de estas iniciativas, supuso un movimiento de ficha de Patxi López por el momento elegido: todo un pleno de política general en el Parlamento, con la solemnidad que ello conlleva, con el debate judicial sobre la legalización de la izquierda abertzale abierto, y el eco del apoyo de los presos al Acuerdo de Gernika todavía reciente.
De hecho, la izquierda abertzale, EA y Aralar apreciaron el mensaje del lehendakari, aunque lo consideraron insuficiente. El PNV se mostró más crítico y habló de inconcreción. El PP no discrepa de las bases propuestas por el lehendakari pero le reprochan que visualice un escenario, el de final del terrorismo, que los populares consideran que todavía no se ha consolidado lo suficiente como para plantear esos pasos.
Las líneas avanzadas en los días previos no invitaban a pensar en grandes novedades en el discurso del lehendakari. De hecho, la paz ocupó tan sólo una cuarta parte de una intervención centrada en la salida de la crisis, el futuro debate fiscal o las políticas sociales. Pero López se guardó la traca final para el final y superó las expectativas para satisfacción de los socialistas, que no ocultaban ayer en los pasillos de la Cámara su alegría por el hecho de que el lehendakari mostrara la audacia que, de puertas para adentro, buena parte del partido le reclama. El propio portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor, se atrevió incluso a decir que el lehendakari «ha abierto las puertas a la paz».
De momento, lo que sí es constatable es que el lehendakari, en un contexto en el que siguen produciéndose avances, se ha resituado ante el final de ETA. Lo hizo oficializando un nuevo tiempo -«el terrorismo, tal y como lo hemos conocido en Euskadi, ha terminado para siempre»-, sentenció, y dibujando las diez bases que, a su juicio, deben marcar esta etapa que puede ser gestionada en Madrid por el PP de Rajoy.
López desgranó su decálogo para «la unidad, la concordia y la convivencia», tras una larga introducción previa sobre las consecuencias de la violencia de ETA en las últimas décadas y la necesidad de «convertir la memoria de las víctimas del terrorismo» en el principio básico del nuevo «futuro libre de la amenaza del totalitarismo». Para el líder del Gobierno Vasco es clave que se fije un «relato veraz» que situé la responsabilidad de lo ocurrido sobre las espaldas de ETA, y la necesidad de «no construir el futuro unos contra otros». Pero el punto más novedoso fue el relativos a los presos, un colectivo de unos 535 reclusos dispersos en 52 cárceles españolas, a los que hay que sumar otros 144, en su inmensa mayoría en Francia.
El mandatario socialista partió de la base de que «los presos y sus familias, a los que ETA siempre ha impuesto, mediante el terror, un silencio clamoroso, han abierto una nueva grieta» con su adhesión al Acuerdo de Gernika, que aboga por el final definitivo de la violencia de ETA. En este sentido, el lehendakari, en el punto siete del decálogo, hizo un llamamiento al colectivo de reclusos para «que rompan decididamente y de forma pública con ETA» y «asuman la legalidad penitenciaria para que sea posible su reinserción social».
«Acercamiento progresivo»
López fue más allá y, en el punto ocho, propuso «una orientación consensuada, dinámica y flexible de la política penitenciaria de la forma que mejor propicie la superación del ciclo terrorista». «Dicho consenso, basado siempre en el objetivo de la reinserción, contemplará, entre otras cuestiones, el acercamiento progresivo de los penados, siempre y cuando favorezca esa reinserción», expuso. Aunque la competencia de la materia es del Gobierno central, esta declaración supone todo un emplazamiento a los presos para que impulsen nuevos pasos que culminen con el abandono de las armas por ETA.
El segundo gesto de flexibilidad estuvo dirigido hacia la izquierda abertzale. El lehendakari defendió que «todas las sensibilidades políticas que aceptan el sistema democrático y asumen el cumplimiento de la legalidad, deben tener un reconocimiento legal» en una alusión implícita a la necesidad de que Sortu pueda ser legal, en pleno debate del Tribunal Constitucional sobre si admite la participación de este partido en las elecciones generales del 20 de noviembre. El Gobierno Vasco tiene intención de «socializar» este decálogo, según fuentes socialistas.
Al mismo tiempo, López parece haber sorteado las dos limitaciones que le acotaban el terreno. Por un lado, el PP vasco no parece dispuesto a abrir brecha entre los dos socios parlamentarios con este asunto, consciente de que puede ser su partido el encargado de gestionarlo. Por otro, el lehendakari tenía pactado el contenido con el candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, proclive a no dar pasos en falso en materia antiterrorista con La Moncloa en juego.
Por contra, la iniciativa del lehendakari enervó los ánimos de colectivos de víctimas como la AVT, que le acusaron de «preocuparse más por los presos que por las víctimas». Sin embargo, López incidió ayer mucho en el papel de las víctimas. Anunció la creación de un Instituto de la Memoria y la Tolerancia que coordine todas las actuaciones en recuerdo a las víctimas y la celebración en 2012 del Año Internacional de la Paz, la Libertad y las Culturas.
DIARIO VASCO, 30/9/11