QUIZÁ ni el mismo Mariano Rajoy, tan proclive a la ambigüedad, hubiese alcanzado jamás un grado de indeterminación tan superlativo. La insólita declaración de independencia retráctil de Puigdemont ha sumido a Cataluña en un limbo político. Jurídico no, porque a todos los efectos sigue rigiendo la ley española, aunque la pereza del Gobierno para hacerla valer equivale a una abdicación por plazo indefinido. Pero la autonomía, en tanto régimen administrativo, está de hecho suspendida por sus propios rectores, hasta un punto en que resulta milagroso que se mantengan en funcionamiento los servicios. Y como los milagros no existen habrá que colegir que es el Estado el que los conserva abiertos con sus inyecciones de dinero líquido.

Lo llamativo del caso es que esta situación de estancamiento, o más bien de evaporación, parece haber abierto una descongestión provisional del conflicto. La aceleración de los acontecimientos en octubre, una verdadera dinámica revolucionaria, había empezado a generar un estrés insostenible que ha encontrado en la pausa una suerte de alivio. Los separatistas necesitaban aflojar la tensión que se estaban provocando a sí mismos y el Gabinete se sentía agobiado ante la perspectiva de aplicar por las bravas el artículo 155. Ambas partes se sienten cómodas con este falso armisticio improvisado en medio de una escalada de crispación sin respiro. Conviene, empero, no llamarse a engaño: se trata de un simple espejismo.