El partido que impulsa Batasuna no nace sin antecedentes; por tanto, se le exige acreditar que ha roto las vinculaciones con ETA que le pusieron fuera de la ley. No bastan declaraciones genéricas contra la violencia. Hasta hoy, Batasuna tampoco ha tenido interés en mostrar su condena del terrorismo.
Batasuna y quienes defienden su legalización en cuanto presente los papeles en el Ministerio del Interior invocan que los estatutos del nuevo partido recoge un acatamiento expreso de la Ley de Partidos. Así lo dijo Rufi Etxebarria en la comparecencia efectuada el pasado 27 de noviembre en Pamplona. Sólo por eso, por indicar que se está dispuesto a cumplir la ley, debería aceptarse su vuelta a la legalidad, alegan.
Comprometerse a cumplir la ley es importante, ciertamente, pero hay que tener en cuenta que Batasuna ya ha asumido en el pasado compromisos semejantes que luego se quedaron en agua de borrajas. El 15 de junio de 1983, por ejemplo, el miembro de la Mesa Nacional de HB Patxi Erdozain presentó en el registro de partidos del Ministerio del Interior los documentos para la legalización en los que aparecían como promotores Jokin Gorostidi y Jon Idígoras, entre otros.
En la escueta declaración programática que precedía a los estatutos de HB se afirmaba que este partido tenía por objeto potenciar «una alianza electoral entre personas, grupos y partidos políticos de la izquierda patriótica en base a la defensa de un Programa Político Democrático y Popular, con acatamiento al Ordenamiento Constitucional Democrático y el compromiso de ajustar la actuación y organización interna de la Asociación a las formas y procedimientos democráticos». ¿Alguien cree que la actuación de Batasuna se ajustó al ordenamiento constitucional y se limitó al empleo de procedimiento democráticos? Si lo hubiera hecho no hubiera terminado ilegalizada por sus connivencias con ETA.
El partido que impulsa Batasuna no nace ex novo, sin antecedentes, sino que tiene a sus espaldas el pasado de sus promotores y, por tanto, se le exige acreditar que ha roto las vinculaciones con ETA que le pusieron fuera de la ley. El nivel de exigencia, legal y política, es superior al que tienen los partidos democráticos porque estos no han sido puestos fuera de la ley.
Todas las candidaturas y siglas que ha promovido Batasuna desde que fuera ilegalizada han tenido la posibilidad de desmarcarse de su pasado mediante una condena del terrorismo, pero no han querido hacerlo. La sentencia del Constitucional que ilegalizó a Aukera Guztiak en abril de 2005 dejó clara cuál era la doctrina jurídica sobre la condena del terrorismo. De la negativa a condenar no se derivaba la ilegalización, pero la condena «inequívoca» constituía un «contraindicio» que servía para disolver las sospechas. Batasuna y sus franquicias, sin embargo, nunca quisieron utilizar ese instrumento de la condena sin vacilaciones.
Eso sí, el Tribunal Constitucional precisaba que una condena «genérica» de la vulneración de los derechos humanos no tenía el mismo efecto que la condena inequívoca del terrorismo, porque éste, en la sociedad vasca, no era una «mera abstracción» sino una «realidad concreta». Los que están contaminados por su connivencia con ETA tienen que mostrar su desvinculación del terrorismo etarra y no de violencias genéricas. Y hasta el día de hoy Batasuna tampoco ha mostrado interés en mostrar su condena del terrorismo.
Florencio Domínguez, EL CORREO, 4/1/2011