El lumpen contra la primera dama

Cuando Francisco Camps, el político español más vapuleado en el último cuarto de siglo por la artillería mediática al servicio de la izquierda, fue exonerado por un jurado popular en la llamada ‘causa de los trajes’, la campaña impulsada contra él, primero por ‘El País’ y luego por ‘El Mundo’, lejos de cesar, tomó un nuevo impulso.

De hecho, su absolución en este episodio cuajado de personajes de Berlanga supuso el comienzo de un calvario judicial de casi tres lustros, el final de su trayectoria política y un ostracismo social del que ha logrado zafarse a base de lo que Sánchez y sus pijiprogres llaman resiliencia, y los católicos como el expresidente valenciano conocen de toda la vida como resignación cristiana.

Un jurado integrado por seis hombres y tres mujeres decidió, el 25 de enero de 2012, por cinco votos a cuatro, que Camps no era culpable. Pero al PSOE le dio igual y, pese a que la Fiscalía no vio motivos para recurrir el fallo, los socialistas valencianos decidieron hacerlo ante el Tribunal Supremo, que, en abril del año siguiente, concluyó lo previsto: que el exbarón del PP estaba absuelto y bien absuelto.

El proceso se inició en febrero de 2009, cuando la Policía registró la sede de la empresa Orange Market en Valencia, vinculada a la ‘trama Gürtel‘. A partir de ahí, el periódico de Prisa le dedicó 169 portadas inculpatorias, rebatidas contumazmente por la realidad y desmontadas también, con precisión quirúrgica, por el periodista Arcadi Espada en su libro ‘Un buen tío‘, centrado en el linchamiento (eso sí fue ‘deshumanización’) de que fue víctima el Molt Honorable a pesar de los pesares.

Las tretas se sucedieron con posterioridad a la sentencia: hubo un informador que se reunió con algunos miembros del jurado para tratar de demostrar poco menos que eran analfabetos funcionales, que votaban al PP, que recibieron sobornos y que, en definitiva, habían matado a Manolete. Seguramente, creía que hacía periodismo.

Este es solo un ejemplo del juego sucio empleado en torno a una figura, la del expresidente de la Generalitat Valenciana, que aún hoy espera una reparación que seguramente nunca recibirá.

La persecución de los jueces es, en efecto, un argumento agotado para una dirigencia cuya conmoción y dogmatismo le impiden no obstante salirse del manido mantra victimista de Pedro Sánchez

En el caso de la pieza separada por malversación que implica a Begoña Gómez, la impresión es que, parafraseando a Feijóo, el lawfare ya no cuela, si es que alguna vez lo hizo.

José Flors, el magistrado del TSJ valenciano encargado de instruir la ‘causa de los trajes’, trabajó con toda tranquilidad en aquella Valencia de filigrana y alardes suntuarios decorada por Francis Montesinos y recreada en la literatura de Chirbes.

El PP era, todavía, una apisonadora política en aquellos lares, pero Flors no tuvo que soportar ni la centésima parte de presión ejercida sobre el juez Peinado, que debe de aburrirse las tardes de sábado, por el notario mayor del Reino, el ministro más recusado de nuestra historia democratica y Antón Losada (los tres demandados), entre otros.

La persecución de los jueces es, en efecto, un argumento agotado para una dirigencia cuya conmoción y dogmatismo les impide no obstante salirse del manido mantra victimista del presidente del Gobierno.

Pero descuiden. Como decía Súper Ratón, aún hay más: la espléndida carga simbólica de que sea el pueblo el que decida la suerte de una egregia representante de la casta del trinque que se creía impune será retorcida por los palmeros del sanchismo para cuestionar la legitimidad de su decisión; si es que esta se inclina por condenar, claro. Lo veremos.

Y Peinado, puesto ya en un segundo plano, dará paso a las objeciones sobre la presunta falta de cualificación de los seleccionados para impartir justicia, y a las insinuaciones sobre que todos son ‘ayusers‘ o sobrinos nietos de Miguel Ángel Rodríguez. O todo al mismo tiempo. Vaya si lo veremos.