- Una vez colocada la trampa por parte del trilero monclovita, el PP ya no se iba a librar de la polémica tanto si lo apoyaba como si lo rechazaba. Hiciera lo que hiciera sería criticado por el PSOE y sus medios afectos
El principal culpable es quien utiliza procedimientos antidemocráticos para mantenerse en el poder y Sánchez se ha convertido en el paradigma de ese reprobable proceder iliberal y autocrático, convirtiendo a España en una anomalía democrática permanente.
Era inimaginable que todo un fiscal general del Estado, cuya función es promover e impulsar la acción de la justicia, asegurar la legalidad e imparcialidad del funcionamiento de la misma y proteger los derechos de personas y colectivos, fuera imputado por un delito de desprotección de los derechos de un particular, llevándole a destruir pruebas y a obstaculizar la acción judicial al negarse a colaborar y no responder a las preguntas del juez a quien directamente ha señalado por actuar, según él, de forma predeterminada.
Sánchez ha conseguido que su fiscal general del Estado abrace el denominado lawfare con el que populistas de izquierdas y derechas e independentistas justifican sus corrupciones y tropelías contra la Constitución y el Estado de derecho, culpando a los jueces de investigarlos por motivaciones políticas y no por delinquir. De esa guisa , García Ortiz prepara el terreno para que otro siervo del sanchismo como él, Cándido Conde-Pumpido, y la mayoría socialcomunista de ese tribunal político y partidista al servicio del Gobierno en que se ha convertido el Constitucional, le salve la cara, una vez juzgado, si fuera condenado. Es el mismo tribunal que avalará la amnistía y blanqueará otra aberración democrática como la que perpetra Sánchez negociando en el extranjero con un prófugo de la justicia asuntos de Estado que afectan a su cohesión, a su unidad y a los intereses de todos los españoles.
Cabe preguntarse por el nuevo botín que le ha concedido Sánchez a Puigdemont a cambio de sus siete votos para sacar adelante el maquillado decreto de revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte y a los afectados de la dana. Si como admite la portavoz del prófugo en el Congreso, Mirian Nogueras, la cuestión de confianza que tanto exigían ya no es un obstáculo para seguir apoyando a Sánchez y la proposición de Junts se convierte en un brindis al sol sin consecuencias políticas para quien no está dispuesto a debatir y someterse al veredicto del Congreso, habrá que concluir que bajo las piedras donde Sánchez buscó los votos del prófugo estaban las nuevas condiciones de este para prestárselos.
Más pronto que tarde conoceremos las nuevas exigencias con las que Puigdemont prolonga la estancia «sine die» del felón en la Moncloa, pero me barrunto que entre las mismas, además de la condonación de los 15.000 millones de euros gastados por el independentismo en Cataluña y la gestión de la inmigración situando a los Mossos en puertos y aeropuertos para frenar entradas y decidir deportaciones, medida anticonstitucional por tratarse de una competencia exclusiva del Estado, no andará lejos el referéndum y la urgencia por su tramitación. Y si no, al tiempo.
En medio de todas estas anomalías democráticas ya no sorprende que un presidente del Gobierno irrespetuoso con las formas y procedimientos de la democracia perpetre decretos tramposos y chantajistas, impropios de un Ejecutivo democrático, mezclando asuntos de interés general con otros claramente ideológicos, sectarios y partidistas para conseguir la aprobación de estos últimos.
Y es ahí donde tiene que situarse el debate, en la irresponsabilidad del tahúr que preside el Gobierno, que miente o cambia de opinión en función de su conveniencia plegándose al dictado del delincuente que le sostiene y no tanto en la decisión del PP de apoyar el decreto «mini ómnibus» .
Una vez colocada la trampa por parte del trilero monclovita, el PP ya no se iba a librar de la polémica tanto si lo apoyaba como si lo rechazaba. Hiciera lo que hiciera sería criticado por el PSOE y sus medios afectos.
Si no lo aprobaba tendría a toda la maquinaria de propaganda sanchista y al corifeo ministerial dándole la turra a Feijóo hasta las próximas elecciones por dejar tirados a los pensionistas y a las familias golpeadas por la tragedia de la riada, exponiendo su falta de sensibilidad y empatía con esos colectivos.
El apoyo al decreto, sin embargo, aun suponiendo caer en una incoherencia respecto a lo que antes hizo el PP, elude la posible animadversión de los grupos beneficiados por las ayudas que el «no» le hubiera generado, aunque no evita los ataques de Sánchez y sus ministros, sospechosamente muy contrariados por el voto favorable, y de cuantos sostienen que Feijóo ha cedido al chantaje de quien, sin duda, hubiera preferido, una vez conseguida su mayoría de investidura con Junts en el redil, el rechazo de los populares a su tramposo decreto para explotarlo electoralmente contra ellos. En uno y otro caso el PP estaba condenado. Quizás el mal menor habría sido una abstención sustentada en explicaciones firmes y convincentes a favor de las medidas aceptables del decreto y en contra de las excrecencias introducidas por Sánchez para contentar a sus socios. Pero esa opción se difuminó en medio de la urgencia, incomprensible e innecesaria, por aclarar el sentido del voto cuando se podía estirar la reflexión mucho más tiempo mientras se abonaba el terreno de una posible abstención.