Hoy van a ser designados los ministros de un Gobierno nuevo que durará el tiempo que Puigdemont quiera. Este Gabinete nace intervenido, y no precisamente por la Unión Europea. Su única razón de ser es que no gobierne la derecha y su programa, su misión auténtica, consiste en sacar adelante la amnistía, negociar una consulta de autodeterminación y dar cumplimiento a las promesas que Sánchez ha hecho por escrito al prófugo de Bruselas. El resto son trámites burocráticos, rutina legislativa, letra pequeña, palabras menores de un contrato de supervivencia que los socios separatistas respetarán en tanto vean que el Ejecutivo trabaja en lo que de verdad les interesa. A saber: ley de impunidad, soberanía fiscal plena, reconocimiento nacional y traspasos de competencias suficientes para convertir el modelo territorial de la Constitución en el de una España desigual o asimétrica. Un confederalismo más o menos explícito que incluya el derecho a un referéndum de independencia bajo la humillante verificación de unos intermediarios extranjeros en Ginebra. Eso en lo que respecta a Cataluña; las contrapartidas a los aliados vascos se han negociado bajo cuerda. Si Bildu y el PNV se empeñan están en condiciones de forzar los primeros pasos de la anexión de Navarra –disposición transitoria cuarta– y de abrir las puertas de las cárceles a los presos de ETA. Si algo saben hacer bien los nacionalistas es aprovechar las oportunidades que se les presentan.

La oposición augura, desea más bien, una legislatura corta e inestable, pero no tiene por qué ser así dada la proclividad del sanchismo a pagar cualquier precio por su propio rescate con el consentimiento disciplinado de sus votantes. Aunque en el cuatrienio completo no piensa casi nadie, tres años o unos meses menos –dos presupuestos y una prórroga– parecen un objetivo de alcance. El gozne del mandato serán las elecciones catalanas de 2024, donde una victoria clara de los socialistas podría tentar a Sánchez a soltar lastre. A esas alturas, en realidad mucho antes, la derecha habrá perdido la fuerza que la amnistía le está proporcionando para agitar la calle y Moncloa tendrá bien regado el tejido social a base de gasto público y derramas subvencionales. En todo caso, el independentismo conservará en sus manos la llave de cualquier desenlace a medio plazo, y la va a usar como destornillador para aflojar las ya muy sueltas tuercas de la cohesión del Estado. Se trata de gentes con un objetivo bien definido y demostrada experiencia en explotar la debilidad de un poder en precario, necesitado de un oxígeno político que en esta clase de circunstancias se cobra caro. Cuando sea que acabe la respiración asistida, España será un país civil e institucionalmente más desarticulado, con graves desperfectos en sus mecanismos democráticos. Y hará falta un trabajo prometeico para hacerse cargo de ese legado.