EL MUNDO 14/11/13
· Ocho magistrados de la Audiencia critican la liberación de 9 etarras el viernes pasado
Los nueve etarras excarcelados tras el último Pleno de la Audiencia Nacional podían haber seguido perfectamente en prisión hasta la reunión del Supremo, y continuar así los días, semanas o meses que exigiese el procedimiento escogido por el Alto Tribunal para aplicar la sentencia de Estrasburgo.
Esa es la tesis que suscribieron los ocho magistrados de la Audiencia que quedaron en minoría en el Pleno del pasado viernes, que con nueve votos a favor decidió una excarcelación en bloque. Los correspondientes autos y el voto particular discrepante fueron notificados ayer, pero llevan fecha del 11, antes de conocerse la decisión del Supremo. El TS avaló finalmente la vía emprendida por la Audiencia.
Los argumentos de la mayoría son literalmente idénticos a los que días antes habían servido para excarcelar a Juan Manuel Piriz, el primer etarra que se benefició de la sentencia de Estrasburgo después de la directamente afectada, Inés del Río. Los autos de libertad consideran que la doctrina de Estrasburgo es de «necesaria aplicación» al resto de presos y que quien debe hacerlo, y de forma inmediata, es la Audiencia Nacional como tribunal responsable de ejecutar las sentencias de terrorismo.
En cuanto al voto particular, redactado por el presidente de la Sección Segunda, Ángel Hurtado, resalta que la sentencia de Estrasburgo es «obligatoria», pero no «ejecutiva», al menos en los términos fulgurantes que interpretó la mayoría. A su juicio, motivos «estrictamente jurídicos» y de «prudencia» aconsejaban aguardar al Tribunal Supremo.
Las excarcelaciones del viernes se produjeron alegando que «no cabe, so pretexto de la resolución que pueda acordar el Tribunal Supremo, pretender que se demore la decisión una vez que se ha constatado que nos encontramos ante una privación de libertad irregular». Y que en cualquier caso debía adoptarse la libertad como medida cautelar, ya que sólo se dudaba del cauce que pudiera elegir el TS, no sobre el fondo del asunto.
El voto particular niega la mayor. «No consideramos […] que el mantenimiento en prisión del penado tenga el menor viso de irregularidad. […] Esa situación se encontraba perfectamente legalizada, bajo el control de juez de Vigilancia y de este tribunal». Y añade que, si la libertad era tan inaplazable, no se entiende por qué el Pleno no la extendió a las decenas de presos en igual circunstancia que aún siguen en prisión. «Si admitiéramos esta premisa, a día de hoy tendrían que estar en libertad todos aquellos otros penados que se encuentran en prisión en igualdad de circunstancia, sin siquiera petición de parte».
El voto añade que había «otras fórmulas» para aplicar la sentencia europea, incluyendo el recurso de revisión –el «idóneo», respaldado luego por varios magistrados del Supremo, pero no mayoritario–, un recurso de amparo, un incidente de nulidad o incluso una propuesta de indulto al Gobierno.
Al final, el TS ha dicho que debe ser la Audiencia la que excarcele. Este tribunal tiene previsto examinar al menos 13 casos en el Pleno fijado para mañana. Se trata de 12 etarras y de la grapo Olga Oliveira, primer terrorista de esta banda beneficiado por Estrasburgo.
Entre los etarras para los que la Fiscalía pide la libertad conforme a lo acordado por el Supremo se encuentran los históricos José Antonio López Ruiz, Kubati, e Inmaculada Noble. Les acompañan Francisco Javier Lujambio, Jesús Díaz de Heredia, Pedro Juan Odraizola, Juan María Gabirondo Agote, Pedro María Rezabal, Miguel Turrientes, José Félix Zabarte, María Josefa Urkudun y Gonzalo Rodríguez. También extinguirá su condena el arrepentido Antonio Alza Hernández, el primero de la vía Nanclares que disfrutará de la aún más rápida vía Estrasburgo.
Acusación terrorista a ultraderechistas
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acusado por primera vez de la comisión de delitos de carácter terrorista a miembros de un grupo de extrema derecha.
El Ministerio Público ha solicitado siete años de prisión para tres integrantes del grupo Falange y Tradición por la comisión de delitos de daños y amenazas con finalidad terrorista.
El fiscal acusa a José Ignacio Irusta, Javier López Monreal y Borja Illera de «ejecutar una serie de acciones dirigidas contra personas de la izquierda ‘abertzale’ o el comunismo, con objeto de atemorizarlas». Entre el material aprehendido se localizó una estaca de madera acabada en punta metálica, instrucciones de seguridad y la descripción de itinerarios de sus acciones.