Ignacio Camacho-ABC
- El plan anticrisis clona el modelo del estado de alarma: decretazo, intervencionismo y postergación parlamentaria
Justo cuando ha decidido suspender el registro de contagios y anular las cuarentenas, el Gobierno ha vuelto al modelo de gestión política que aplicó a la pandemia. Reacción tardía y pese a ello improvisada, decretazos unilaterales sin negociación ni transparencia, intervencionismo proteccionista y descarga de responsabilidades en circunstancias externas. En este caso la guerra, como si desde el verano no viniese disparándose la inflación empujada por la subida eléctrica. El paquete de medidas anticrisis es un clon del aprobado durante el estado de emergencia, incluida la presentación ante un ramillete de directivos de empresas, el ninguneo de la oposición, la preterición del Parlamento y la solicitud de socorro a Bruselas, todo ello envuelto en una propaganda triunfalista impregnada de retórica épica. Sánchez no puede evitar ese tic providencialista que presenta su liderazgo como una especie de tutela benéfica sin la cual la nación quedaría sumida en la más triste de las miserias. La obsesión por el relato se impone a la eficacia de las decisiones concretas.
El plan ‘de choque’ es insuficiente pero mejor que lo que había antes porque antes no había nada. La bonificación de los combustibles, principal novedad y única de impacto inmediato, pudo y debió producirse hace varias semanas y la reducción -provisional- de impuestos en la factura energética llevaba unos meses en marcha. Las ayudas al transporte, que el sector considera escasas, han necesitado una huelga para que el Ejecutivo las otorgara. La prohibición de los despidos y la limitación de los alquileres son ideas rescatadas del decreto de alarma. De los 16.000 millones anunciados a bombo y platillo, dos terceras partes -diez mil-, corresponden a avales de créditos ICO aunque quedan 35.000 sin ejecutar de los comprometidos en plena eclosión del coronavirus. Y la intervención del precio del gas aún está en el limbo; requiere una tramitación compleja y tardará un mes como mínimo. En la situación del país cualquier paliativo social o económico es bienvenido pero este plan, como todo lo que tiene que ver con el sanchismo, parece corto y provoca más ruido político que beneficios objetivos.
En realidad, ese es su propósito esencial: aparentar que el Gobierno hace algo y de paso trasladar el debate a la polémica sobre los apoyos parlamentarios. Salir saldrá, aunque acaso el presidente tenga que introducir retoques para obtener el respaldo de sus habituales aliados. Lo que le interesa, sin embargo, es en primer lugar que la calle aplaque su enfado con un placebo y en segundo término que el PP se enrede en la duda de dar o no su acuerdo. Si se niega, Feijóo será acusado de irresponsable y si se aviene al consenso irritará a sus votantes más radicales y dejará al descubierto su flanco derecho. A esas alturas lo de menos será si estos pretendidos remedios surten algún efecto.