Manuel Marchena y Cándido Conde-Pumpido se llevan mal, y viene de lejos. En la carrera judicial todo el mundo lo sabe, incluso le ponen fecha al momento en que todo se rompió. Fue cuando ambos compitieron por presidir la Sala II del Tribunal Supremo, la misma que ayer le espetó al Gobierno que la ley de Amnistía es inaplicable porque la redacción de la malversación es una chapuza.

¿Saben quién ganó? Marchena, y algo se rompió entre los dos, que se saben dos de los magistrados más prestigiosos de España. Tal vez ahí, en ese choque personal, esté el germen de los últimos comportamientos del Tribunal Constitucional, esa manía por extralimitarse y corregir las sentencias del Supremo a pesar de que el TC no está para eso. No, no es esa la función del tribunal de garantías, que debe limitarse a velar por los derechos constitucionales de los condenados, no por los arrebatos de su presidente.

¿Quiere esto decir que Pumpido y Marchena actúan igual? No, exactamente al revés. El problema que tienen en La Moncloa es que los argumentos de la Sala II son eminentemente jurídicos y se pueden resumir en uno que todo el mundo entiende: la Ley de amnistía es una chapuza en lo que tiene que ver con la malversación, y lo es por dos motivos. El primero, porque este Gobierno carece de técnica legislativa, y no porque no cuenten con buenos juristas en plantilla, sino porque -y este es el segundo motivo- porque las prisas por cambiar la redacción original de la amnistía han propiciado que sea inaplicable.

No debe ser fácil tener que aguantar las presiones del abogado de Puigdemont, que si añade esta coletilla aquí, o quita esta frase de allá o mira a ver si puedes incorporar esto acullá. Es el problema de legislar para casos concretos, de hacerlo a base de portadas de periódicos y, lo más importante: hacerlo a toda velocidad porque los intereses políticos así lo exigen.

Dicho de otro modo: el escrito del Supremo lo empezó a redactar el Gobierno de España cuando empezó a remozar una ley para satisfacer a sus socios: que si el terrorismo, que si la malversación, que si la desobediencia. Al final, el texto aprobado en el Congreso el 30 de mayo era un collage de parches, como una manta vieja.

El borrador inicial de la Ley de Amnistía, el que Bolaños presentó en noviembre justo antes de la investidura, no estaba tan mal técnicamente. Su problema, eso sí, no estaba tanto en el articulado como en el preámbulo: una especie de ‘excusatio non petita’ para defender su constitucionalidad. Además, el hecho de que el Gobierno optara por hacerlo a través de una proposición de ley del Grupo Socialista (y no un proyecto de ley del Ejecutivo) fue el botón de muestra de las prisas.

Y en esa suma está el fracaso: la escasa técnica legislativa (recuerden la ley del ‘sí es sí’) y las prisas por aprobar una amnistía de la que sigue dependiendo la legislatura.

La Sala de lo Penal dictó ayer una resolución que revela independencia y criterio jurídico: el mismo que utilizan cuando condenan a ministros del PP o del PSOE, o al yerno del Rey, o cuando archivan las querellas inconsistentes que llegan contra el presidente por la pandemia o a ministros por causas de todo tipo. Pero al Gobierno le ha interesado mucho señalar al Tribunal Supremo, porque saben que es el dique de contención contra su amnistía. Lo curioso es que el mismo presidente del Gobierno que hoy extiende la sombra del lawfare sobre la Sala II tuiteó esto en 2018, cuando Marchena renunció a ser presidente del Supremo después de que un incauto portavoz del PP intentara apropiarse de su figura: «La renuncia de Marchena demuestra que era idóneo para presidir el #CGPJ y el Tribunal Supremo. Ensalza su prestigio e independencia. Entiendo su decisión y le agradezco su compromiso». Ese era Sánchez en 2018.

El Tribunal Constitucional se reúne hoy para revisar los recursos de los condenados por los ERE. La Sala II del Supremo les envió ayer un mensaje sobre la jurisprudencia de la malversación: ¿Escuchará Pumpido el recadito o preferirá seguir erosionando su prestigio?