Mejor dicho, tienen derecho a que no se les castigue por ello.

Respecto a esto, el juez instructor del Supremo Ángel Luis Hurtado dice en su auto de hoy martes lo que no puede evitar decir: que borrar pruebas carece de trascendencia penal.

Sin embargo, y aquí viene lo mollar, el juez tampoco puede obviar que quien borra pruebas está mandando una señal evidente de culpabilidad: «Carece de relevancia penal que un investigado haga desaparecer pruebas que le puedan incriminar; pero tampoco se debe ignorar que no tenga incidencia en el desarrollo de una instrucción penal».

Dicho de otra manera.

Que Álvaro García Ortiz filtró información confidencial del novio de Isabel Díaz Ayuso a la prensa o al Gobierno, tanto me da que me da lo mismo, lo tenemos claro todos los españoles salvo los que tienen el cerebro frito por el sanchismo mediático.

Pero demostrarlo en el Tribunal Supremo va a ser un poco más difícil.

Y de eso va todo.

Porque a Álvaro García Ortiz, como a Pedro Sánchez, le importa una higa su prestigio personal, el de la Fiscalía General del Estado o el de las instituciones del Estado en general.

Aquí de lo que se trata es de esquivar una condena en el Supremo, por lo civil o lo incivil, y aquí paz y después gloria.

Puro resultadismo. Con gol en el minuto 98, jugando mal, de penalti injusto y comprando al árbitro. Pero los tres puntos se quedan en casa y eso es lo que importa.

De hecho, ni siquiera una condena sería el fin del camino para el fiscal general del Estado. Por delante le quedarían el recurso al Tribunal Constitucional o incluso una hipotética amnistía del Gobierno. Es decir, la imposición de la voluntad del Poder Ejecutivo sobre las decisiones independientes del Poder Judicial.

El Estado de derecho español es ese deporte en el que juegan los delincuentes contra el Código Penal y al final siempre gana el PSOE.

Desde el punto de vista del relato, que es el único que importa hoy, un amaño en el Constitucional puede, de hecho, ser incluso más ventajoso que una simple absolución en el Supremo. Porque así podrían tanto Álvaro García Ortiz como Pedro Sánchez vender el cuento del lawfare de una judicatura franquista.

Lawfare sólo enmendado por la ímproba labor del Tribunal Constitucional en la defensa de los derechos del Mártir General del Estado.

Dice también el juez instructor en su auto:

«En el caso de la presente instrucción, es una evidencia que el investigado ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles, y, aunque ha dado distintas explicaciones para hacerlo, de haber mostrado algún grado de colaboración con el esclarecimiento de los hechos, bien podía haberlo comunicado antes de llevar a cabo tal desaparición, y no aprovechar para realizarlo el día 16 de octubre de 2024, cuando es notorio que este Tribunal Supremo se declara competente para conocer de la causa, a raíz de auto de 15 de octubre».

Por supuesto, la lógica dice que un fiscal general del Estado que sabe que va a ser investigado por la presunta filtración de la correspondencia confidencial de un particular no borra su móvil, ni siquiera por presuntos motivos de seguridad.

Y si necesita hacerlo por impepinables motivos de alta urgencia, advierte al Supremo de ello para que este tome las medidas oportunas.

Al no hacerlo, Álvaro García Ortiz ha reconocido su culpabilidad de la forma más burda posible. No es que sea tonto. Si hay algo que no es el fiscal general, desde luego, es tonto. Es que le importa un rábano.

Pero nada de eso importa ya. En España nos hemos acostumbrado por la vía de los hechos consumados a que un fiscal general del Estado se comporte como un vulgar narco de Sanlúcar de Barrameda. Y ahí anda Álvaro García Ortiz, recorriéndose con su narcolancha el Código Penal de arriba a abajo y saludando con la mano a los jueces del Supremo que le observan desde la orilla.

Ahí andan también en la prensa monclovita. Defendiendo la tesis de que el borrado de pruebas demuestra, precisamente, la inocencia de Álvaro García Ortiz. ¿Qué otra le quedaba a un pobre hombre acosado por la injusta actuación de una justicia franquista?

¿Eh? ¿Qué otra?