El masajista de Soraya y la legalidad catalana

El último hallazgo de los impulsores del proceso separatista es el parto de una ley secreta denominada «de transitoriedad jurídica» que permitiría mediante un cambio en el reglamento de la cámara regional someter a votación una norma sin debate ni conocimiento previo de los grupos de la oposición. El efecto de esa ley oscilaría entre lo mágico y lo estupefaciente, al punto de que, según sus promotores, permitiría a la Generalidad convocar un referéndum sobre el futuro de España en el que sólo podrían votar las personas censadas en Cataluña. El resultado, merced a este artefacto jurídico enriquecido con el uranio de la «legitimidad» de la que presumen los golpistas, sería vinculante y de efectos inmediatos si ganasen los partidarios de república catalana por una papeleta y aunque la participación no arribe al 40%.

Vistas las comparecencias de Artur Mas y Francesc Homs en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y en el Supremo (TS) por el 9-N, ha quedado meridiano que todo lo relativo a las leyes y a la democracia que las sustenta ha sido creado para que ellos y quienes ellos digan se las salten con ágil soltura, notorio desparpajo, alevosía absoluta y olímpico cinismo.

El exconsejero y actual diputado en las Cortes Homs aprovechó el último turno de palabra en su juicio en el TS para anunciar la inevitable celebración de un referéndum en Cataluña este mismo año, pero de verdad, no como el del 9-N, cuyo marrón endosan a los voluntarios, a que el aviso del TC era difuso, a que no se les notificó en persona y a que Rajoy no sólo se quedó de brazos cruzados sino que le echó agua al vino el día antes de lo juzgado con la frase «Lo de mañana no es ni un referéndum ni una consulta». Cuatro días después abundó en la llaga: «No ha habido consulta, sino un simulacro electoral, una farsa, un acto de propaganda política». No se olvidó de consignar la desobediencia al Constitucional, pero tampoco se alivió de expresar su «respeto» por los participantes. El presidente en persona.

Esa indolencia de Rajoy tan celebrada por quienes decían que no hacer nada en Cataluña era la quintaesencia del Sun Tzu no sólo ha permitido a las defensas de los acusados disponer de un potente elemento de descargo, como mínimo ante la opinión pública, sino que es la práctica consuetudinaria ante el chantaje catalanista de los Gobiernos de España, que Rajoy ha sublimado hasta alcanzar las más altas cumbres del pasmo contemplativo. Mientras, el separatismo avanza a grandes zancadas y se ha cargado de precedentes, de coartadas y de elementos para presuponer que hagan lo que hagan, nunca pasa nada y siempre les sale gratis, o mejor dicho, a devolver.

Los abanderados del 3% son los jefes de la manada. La materia fecal les llega hasta las fosas nasales, pero cuentan con importantes apoyos. Por un lado, los representantes del nacionalismo en los círculos, fomentos y orfeones catalanes, que son los interlocutores preferentes de los encomendados de la operación Diálogo. Por otro, Podemos, las mareas, las confluencias, el socialismo catalán, la momia del PSUC y Ada Colau, unidos en la piña con el Instituto Agrícola Sant Isidre, el Centre Excursionista y las patronales indígenas para lograr un referéndum «pactado» que enmiende la pretensión de que todos los españoles son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos vivan donde vivan, y consagre lo que con gran donaire le dicen a Soraya Sáenz de Santamaría muchos de sus selectos amigos catalanes:

· Es que los españoles tienen que comprender que los catalanes no somos mejores ni peores, sino distintos.

Por lo demás, la confusión es absoluta. Un juez de Berga, en el epicentro del procés, ha absuelto a la alcaldesa de la localidad, la cupera Montserrat Venturós, por mantener la estelada en la fachada del ayuntamiento durante las elecciones autonómicas del 27 de septiembre del 16 y las generales del 20 de diciembre de ese mismo año.

Como se recordará, la CUP pidió la cabeza del consejero de Interior por la «detención» de la alcaldesa, a quienes unos mossos llamaron al portero automático de su domicilio una mañana del pasado otoño para que hiciera el favor de ir a prestar declaración al juzgado por una denuncia de la Delegación del Gobierno en Cataluña, que por entonces dirigía Llanos de Luna. Venturós había hecho caso omiso de dos notificaciones judiciales. Se armó la de San Quintín. Convergencia contra el sistema judicial, la CUP contra los Mossos y los intelectuales de CDC y ERC contra la infiltración del CNI en la Policía propia, a la que achacan el empecinamiento policial en acatar las órdenes judiciales relativas al proceso o la corrupción, pues lo primero es consecuencia de lo segundo.

El juez basa la absolución de la alcaldesa bergadana en que las notificaciones para que se presentara no fueron entregadas por cauce institucional y personal, en que la estelada ha estado siempre ahí y no puede considerarse su presencia un delito electoral porque la bandera es un símbolo común a varios partidos y porque, a mayor abundamiento, en las generales no se presentaba el partido de la alcaldesa, entre otras jurídicamente inconsistentes consideraciones coincidentes con las del ejército de letrados del separatismo y que reflejan con notable exactitud los efectos de la presión nacionalista y el secuestro del Estado en Cataluña.

Que don Jordi Montull esté dispuesto a tirar de la manta de la corrupción nacionalista para salvar a su hija de una pena de 26 años por el desfalco del Palau y el desvío de ingentes cantidades a las arcas del partido de Pujol y Mas es una cosa. Que el testimonio de un capo arrepentido de rango subalterno vaya a prosperar, otra muy distinta.

Ni los más timoratos se abstienen ya de calificar el proceso separatista de golpe de Estado. Mas, Homs y Puigdemont ni siquiera disimulan, mientras Junqueras le aplica un suave masaje en la espalda a su «homóloga española», Soraya Sáenz de Santamaría, como si la distensión de la vicepresidenta pudiera desencadenar el preludio de un happy end nacionalista que empieza a dejarse notar con la legalización de la desobediencia. Si la jactancia de la CUP ha acabado en absolución, ¿qué sentencia no se podrá ligar con el argumento de que Mas y Homs no comprenden las requisitorias del TC y el apoyo del masajista de Sáenz de Santamaría? Cuentan además con el autorizado criterio exculpatorio de un exvicepresidente del TC, inspirador del marco legal del nuevo Estado catalán y testigo de la defensas. Es Carles Viver, titular de las medallas de Isabel la Católica y del Mérito Constitucional y comisionado de la Generalidad para la «Transición Nacional». Y si todo eso falla, les queda la ley bomba de transitoriedad y desconexión, una vida extra para pasar de la pantalla de la postautonomía a la preindependencia. Seguimos para bingo.