Señorías,
¿Vale todo para destruir a un rival político? ¿Hasta dónde llegaría cada uno de ustedes para conseguirlo? ¿Violarían la ley? ¿Arrastrarían el prestigio de las instituciones? ¿Y el de sus propios subordinados?
Este es uno de los asuntos —de los graves asuntos— que plantea la iniciativa que tengo el honor de presentar.
En una democracia plena hay límites que nadie puede traspasar. Y menos que nadie quien tiene el mandato constitucional de defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés general.
Señorías,
Exigimos al Gobierno el cese inmediato del Fiscal General del Estado en base al artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Sí, el mismo artículo que en su día invocaron los socialistas para reclamar el cese del buen fiscal Maza. No busquen excusas técnicas.
Y, sobre todo, no se escuden en la presunción de inocencia.
La del señor García Ortiz está intacta.
Como la del señor Ábalos, ¿no? Lo echaron del Partido Socialista sin mediar una imputación.
Incluso como la del señor Errejón. El inquisidor incinerado, del que sus señorías de la Izquierda, al parecer, lo sabían todo y del que ahora, en cambio, no quieren saber nada. Ahora resulta que ni era de Sumar ni era de Más Madrid. ¿Entonces de qué partido era? ¿Del PP?
El Fiscal General debe ser cesado porque ha incumplido grave y reiteradamente sus funciones.
Ha sido condenado por el Supremo por “desviación y abuso de poder”. Una sentencia demoledora, cuya ejecución ha incumplido. Ha sido declarado no idóneo por el Consejo del Poder Judicial.
Ha traicionado a los fiscales del Proceso para defender la amnistía por exigencias del Gobierno.
Y —ya el descrédito definitivo— se ha convertido en el primer Fiscal General imputado en la Historia de la democracia.
Ya oigo al señor Bolaños: “Imputado por defender la verdad”.
¿Ah sí? ¿El Tribunal Supremo ha prevaricado? ¿Por unanimidad? ¿Eso opinan ustedes, señorías del PSOE?
Atrévanse a decirlo desde esta tribuna. Su deriva antisistema es imparable.
García Ortiz no perseguía un bulo, no. Perseguía a una adversaria del Gobierno. Por eso está investigado: por revelar secretos de un particular para perjudicar a Isabel Díaz Ayuso.
Señorías,
Lo confieso: antes de preparar esta intervención no conocía los hechos con detalle.
Hoy en España los escándalos se acumulan como basura en un vertedero, dificultando un examen preciso y justo de cada uno de ellos.
Pero ese examen es imprescindible. Y su conclusión, espeluznante.
7 de marzo: García Ortiz recibe de una subordinada —hoy también imputada— la denuncia contra un ciudadano hasta entonces anónimo. La recibe, en el correo de la Fiscalía, bajo el sugerente título de: “Relacionado con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid”.
Cinco días después, la denuncia sale publicada, en idénticos términos, en el diario.es
13 de marzo: García Ortiz pide a esa misma subordinada que le envíe todos los correos intercambiados por el fiscal del caso con el abogado del novio de la señora Ayuso.
Ojo. Pide que se los mande a su cuenta privada de GMail. Algo estrictamente prohibido por las instrucciones internas de la Fiscalía. Se imaginan por qué, claro. Es una forma —burda, desde luego— de cubrir rastros.
García Ortiz recibe los correos a las 23.44 horas.
Siete minutos después —siete—, los publica la Cadena Ser.
14 de marzo: ya a cara descubierta, García Ortiz exige a sus subordinados que difundan a los medios una nota oficial con datos reservados del novio de la señora Ayuso.
Sus subordinados se niegan. Pero él insiste. Conmina a la Fiscal Jefe de Madrid por WhatsApp: “Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato”.
El relato, señorías… El Fiscal General del Estado, reducido a community manager del Gobierno.
Contra el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Contra las circulares internas de la Fiscalía. Y contra la normativa europea, que exige impedir las filtraciones, investigarlas de inmediato y hacer todo lo humana e institucionalmente posible para proteger el honor de la persona perjudicada.
¿Qué honor?, se preguntaría García Ortiz.
Si es el novio de Ayuso. Ese no tiene derecho al honor, ni a la presunción de inocencia, ni a la protección de datos, ni a la defensa. A ese podemos llamarlo “delincuente confeso” en prime time.
Como hizo Sánchez. Como hace Bolaños.
Señorías,
Les pido que mediten seriamente sobre tres cuestiones, sin prejuicios ni sectarismos.
Primero. La devastación institucional.
García Ortiz se aferra al cargo con el argumento de que es “lo menos gravoso” para la Fiscalía.
Ya. Lo saben mejor que nadie los propios fiscales, que ha pedido su dimisión y que ayer incluso se personaron contra él como acusación.
No cabe mayor despropósito que un inferior jerárquico interrogando a su jefe en una causa penal.
Y, sobre todo, no cabe mayor descrédito para la Fiscalía que estar a las órdenes de un presunto delincuente.
Segundo. Los correos. Incriminatorios.
García Ortiz tiene la obligación moral, institucional —y penal— de entregar todos los correos que recibió y envió desde su cuenta privada, los días álgidos de las filtraciones, del 5 al 18 de marzo.
Es la mínima transparencia exigible a su cargo. ¿No creen?
Y esperemos que no los haya borrado.
No vaya a ser que el mismo Gobierno que insiste en propagar el bulo de que el PP rompió ordenadores a martillazos —sí, un bulo desmontado hace ya cuatro años por la Audiencia Provincial de Madrid— esté amparando a un Fiscal General que eliminó correos electrónicos para tapar sus delitos.
Ahora bien.
Sepa el Fiscal General —y sepan ustedes— que Google siempre atiende los requerimientos judiciales y guarda todo, hasta los correos que borran los usuarios.
Todo se acabará sabiendo.
Con o sin correos, señorías, García Ortiz puede ser condenado, sí. Y esa condena no sólo mancharía indeleblemente al Gobierno. También a los que hoy, con esta votación, sabiendo lo que saben, no apoyen su destitución.
Y tres. La espiral totalitaria.
Hoy el perjudicado es el novio de una mujer a la que muchos de ustedes detestan. Quizá porque planta cara.
Pero cuidado. Mañana pueden serlo sus padres. O sus parejas. O ustedes mismos. Y por cualquier motivo.
Ahí queda el turbio aviso de García Ortiz: “Si yo quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra”.
Ya lo ha hecho.
¿Y ustedes se creen a salvo?
En los procesos de destrucción democrática nadie se libra, señorías. Todos acaban pagando.
Ahora bien. A veces, cuando esa democracia resiste, cuando esa democracia decide defenderse a sí misma, ocurre que el que más acaba pagando es el número 1.
Hoy la número 2 ha sido imputada por otros dos delitos. Y ya van cuatro.
Sí, el señor Sánchez tiene razón. Hoy ha dicho que “el tiempo pondrá las cosas en su sitio”. También a él.