Europeizar España. Parte de la máxima de la Generación del 98, personificada en uno de sus buques insignia, Miguel de Unamuno, parece seguir en boga más de un siglo después. A una semana de las elecciones catalanas, la afrenta de Artur Mas y CiU a la unidad del Estado español sigue en pie, sin aparentes fisuras, al amparo de una dialéctica que habla de expolio económico, de injusticia financiera y de ataduras fiscales por la ausencia de un régimen tributario propio para Cataluña, similar al de los territorios forales vascos y navarro, y de un organismo gestor -una especie de Agencia Tributaria- made in Catalonia.

Sin embargo, el mercado parece decantarse por la vía europea que preconizó el autor de Niebla o San Manuel Bueno, mártir, y tiende a desmarcase tanto del ideario económico convergente como de la retórica política asociada -formar parte del club comunitario siguiendo la declaración de intenciones del Gobierno de Escocia- para justificar la vía del referéndum e iniciar el itinerario de la segregación territorial de España. Incluso tilda de “mito” la desvertebración catalana.

Alex White y Raphael Brun-Aguerre, del Departamento de Investigación Económica de JP Morgan, acaban de suscribir un informe sobre los efectos directos y colaterales de una hipotética proclamación de independencia, en el que aprecian más inconvenientes que beneficios para una Cataluña aislada de España. Ambos conceden “credibilidad” al órdago secesionista de Mas, aunque, en todo caso, “a largo plazo”, debido a las dudas políticas, económicas, inversoras, fiscales y financieras que crea la hoja de ruta de CiU.

Barreras políticas de contención

La primera gran incertidumbre, legal, surge del impedimento constitucional a que las autoridades autonómicas convoquen consultas populares; pero, sobre todo, por el sólido rechazo de Gobierno, partidos mayoritarios y Parlamento y el no tan férreo, pero también bastante contundente, de la Comisión Europea sobre la salida catalana de la Unión y la capacidad de veto que sufriría su futurible candidatura de asociación. “La mayor incógnita es que los catalanes sean conducidos a través de un proceso electoral de plebiscito permanente”, toda vez que, a su juicio, un hipotético referéndum no se celebraría antes del ecuador de la próxima legislatura, “a finales de 2014”. Momento en el que creen que calará en el subconsciente catalán el sentimiento de aislamiento de España y Europa y sus reivindicaciones virarán hacia recabar una mayor extensión de sus competencias autonómicas.

Entre otras razones, porque Cataluña “depende del rescate español” -fondo diseñado a semejanza de los principios de solidaridad del Pacto Fiscal Europeo- y porque, al margen de si CiU, como anticipan los sondeos, gobierna en solitario o con apoyos puntuales, “Europa no entenderá nuevas críticas de la región más rica de España a supuestos déficits de solidaridad regional sin intentos serios de negociar otro modelo de financiación”. Incluso uno, recalcan, que se aproxime a los regímenes forales que lleve aparejado más poder político. Porque, en caso contrario, “¿cómo se va a defender que contribuyentes netos como Alemania u otros socios del norte, subsidien regiones españolas?”; o, de otro modo, “¿con qué argumentos se justificaría la ayuda de China y de otros socios boyantes del FMI al conjunto de la zona del euro?”.

El laberinto económico catalán

En el orden fiscal y financiero, White y Brun-Aguerre exponen, sin tapujos, las señales de alerta que deja la crisis a Cataluña. En esencia, el fracaso de las emisiones de bonos patrióticos catalanes, que “no lograron evitar la petición del salvavidas” a Madrid, a la vez que califica de “escéptica” la justificación de Mas de que la solicitud de recursos al Estado supone, en el fondo, una devolución de los flujos financieros catalanes a las arcas de Hacienda. “Cataluña, al igual que Valencia, otra de las grandes regiones que ha acudido al rescate, tiene tras de sí históricos y abultados endeudamientos que han utilizado para estimular sus crecimientos recientes”. Y ahora, en tiempos de ajustes, la elusión de responsabilidades “resulta políticamente insostenible”.

De ahí que los consejos a los clientes del banco de inversión norteamericano giren en torno a la idea de que la cita con el referéndum de CiU “no se dará a corto plazo”, con lo que la incertidumbre inversora en este frente debe reducirse a un “nivel bajo”. Más bien al contrario, resaltan: el escenario más factible será el de una renegociación de las relaciones entre Madrid y Barcelona, con “el reequilibrio de la balanza fiscal de Cataluña” como telón de fondo. De otro modo, el clima económico catalán podría resentirse. De un lado, por perder capacidad recaudatoria a las grandes empresas (“es una de las autonomías con mayor número de sedes societarias”, recuerda JP Morgan) en una fase en la que “la subida del IVA retrae los ingresos del consumo” y en la que, además, “las emisiones de bonos” bajo la protección del Reino de España “ha reducido los costes de financiación” si se compara con la salida al mercado de deuda catalana. A pesar de las duras condiciones inversoras a las que está siendo sometida la cuarta economía del euro, insisten.

Mitificación independentista

Otro experto del mercado que pone en tela de juicio las ínfulas de Mas es Matteo Cominetta, del banco de inversión suizo UBS, para quien la declaración de intenciones de CiU resulta “un mito”. En un documento con el sugerente título de ¿Puede Cataluña dejar [España]? A duras penas, Cominetta inicia su diagnóstico incidiendo en que desde Madrid “se hará uso de todos los instrumentos legales” para evitar la secesión de la “región más endeudada de España”. Incluso “suspendiendo la autonomía”, en el caso de que Mas se obstine en “convocar la consulta con o sin autorización” estatal o de que trate de eludir el artículo 155 de la Carta Magna apelando a la ley catalana de consultas y convoca una con la independencia como leitmotiv.

Cominetta considera que si Mas persiste en este error, “sin fundamento legal”, llevará a Cataluña a un “atolladero económico”. Aunque esta región -añade- aporta la quinta parte del PIB español lidera el volumen de deuda autonómica (45.000 millones de euros este año) con necesidades de financiación de 5.700 millones en esta segunda mitad de 2012 y vencimientos de 2.760 a finales de este mes, es decir, nada más conocer el resultado electoral.

Por si fuera poco, triplica la exigencia central de reducción del déficit, cifrado en el 1,3%, a pesar de los drásticos recortes que han agudizado su recesión. Su coyuntura, pues, “es fea” financiera y económicamente y se tornaría “lúgubre y puede que desastrosa si no abandona la carta independentista en beneficio de otra enfocada a obtener más capacidad financiera dentro del sistema regional de transferencias fiscales”. A su juicio, de no ser así, “Cataluña se encontraría fuera de la Unión Europea, de la zona del euro y del acceso a su mercado exportador predominante”, además de estar abocada a crear una divisa “en un contexto de riesgo global sumo, con una deuda completamente denominada en una divisa extranjera, el euro, sin acceso a los mercados de bonos y sin la protección del Mecanismo Europeo de Estabilidad y del Banco Central Europeo (BCE)”.

La receta de salida europea

El caso catalán pone de nuevo de actualidad la necesidad de más Europa para combatir los más de un centenar de territorios con diversos grados de sentimiento nacionalista en el Viejo Continente. No sólo los conocidos casos vasco y catalán en España, el flamenco en Bélgica o el escocés, galés o norirlandés en Gran Bretaña. También otros menos profusos, como el corso el bretón o el más curioso de la Occitania gala o el de las minorías étnicas en socios del este como Eslovaquia o Hungría. Tomas Valasek, exdirector de Política Exterior y Defensa del Center for European Reform (CER) asume que la crisis del euro alimenta estos conflictos y urge a ambas partes -secesionistas y unionistas- a dirigir sus esfuerzos a “eliminar el carburante separatista”, tanto en las órbitas nacionales como comunitarias, porque mucho de ese combustible “tiene que ver con las políticas de ajuste” económico. “Cada movimiento difiere entre sí y no se debe extrapolar”, advierte en respuesta a quienes pretenden entablar conexión entre los referéndums de Escocia y de Cataluña.

También el profesor Antonio Morales, de la Fundación Ortega-Marañón recalca esta clave. A su juicio, “la vía soberanista catalana sólo parece posible previo acuerdo con el Estado español”, algo que Mas confía en que “llegará por la debilidad del Gobierno central respecto a los nacionalismos periféricos, auténticas estrellas de la Transición, y por el cansancio y desistimiento del resto de España”.

Para combatirlo, Morales insta a Europa y a Madrid a la “firmeza, sin fisuras, para mantener un Estado, el español, con siglos de historia y evitar una secesión, la catalana, que sería la mayor catástrofe de una existencia compartida”. En definitiva, la moraleja del filósofo José Ortega y Gasset de que “España es el problema y Europa la solución” sigue vigente, pese a que la Unión atraviese por una alarmante crisis de identidad que, entre otras consecuencias, retarda también la superación de su turbulencia financiera actual.