Aciago favor les ha hecho Bolaños a las magistradas Ana Ferrer y Pilar Teso. Al patrocinar con demasiado fervor sus respectivas candidaturas a las salas penal y contenciosa del Supremo, ha convertido una legítima lid de aspiraciones profesionales en un pulso de influencia política bastante mal encubierto. Al triministro se le ha visto el plumero; bajo el argumento de promover a dos mujeres quedaba muy visible el interés por controlar las instancias judiciales que pueden poner al Ejecutivo en mayores aprietos: la que instruye y juzga los casos de corrupción con aforados por medio y la que revisa la legalidad de los actos administrativos del Gobierno. Y como a los jueces no les suele gustar que el poder se entrometa en sus asuntos internos, la mayoría del CGPJ ha resuelto la cuestión apelando a los méritos frente a las cuotas de género. Las propias aspirantes femeninas han hecho el digno gesto de retirar sus solicitudes para evitar el bloqueo.

La operación de injerencia gubernamental, defendida por el sector autodenominado ‘progresista’ de la justicia, ha resultado un notable fracaso, coincidente en el tiempo con otra sonada derrota del sanchismo en el ámbito parlamentario. El presidente no ve el momento de largarse a disfrutar de sus vacaciones de verano. La intención de controlar las estratégicas salas del alto tribunal ha terminado molestando incluso a las postulantes a los cargos, juristas de competente trayectoria incómodas por verse adscritas de antemano a un bando. El malestar en el ambiente corporativo con las sesgadas reformas de Bolaños tampoco les ha ayudado; en este preciso momento no hay entre las togas un clima propicio para que Moncloa exhiba sus pretensiones de padrinazgo. Más bien al contrario, cualquier sospecha de valimiento oficialista despierta en la carrera un recelo automático. Ferrer y Teso han pagado involuntariamente el pato de ese arrogante error de cálculo.

Como de costumbre, el aparato de propaganda había convertido la cobertura de las plazas vacantes en una confrontación partidaria. Para ello etiquetó a los actuales presidentes interinos de sala, Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas Murillo, con el marbete de conservadores, es decir, fachas, siendo así que ambos poseen, además de un currículum aplastante, una veterana ejecutoria de independencia demostrada. Lucas, en concreto, académico de Ciencias Morales de sensibilidad más bien próxima a la socialdemocracia, fue señalado como ‘bestia negra’ por haber ordenado escuchas a dirigentes independentistas y anulado ciertos nombramientos de confianza –los de Magdalena Valerio y Dolores Delgado– que consideró fundados en motivaciones arbitrarias. La feminización de la cúpula de la judicatura era una mera coartada del designio de cerrar el paso a jueces de autonomía problemática. O sea, insuficientemente sanchistas para el criterio de los que mandan.