Cuando el Gobierno puso en marcha el proceso de regularización masiva de inmigrantes el pasado abril, insistió en que el número de beneficiarios del decreto sería de «casi 500.000 personas», contra los que como este periódico advirtieron de que la cifra excedería ampliamente los cálculos oficiales.
Con el cierre del plazo de presentación de las solicitudes este martes, ha quedado comprobado que la Policía tenía razón cuando estimó que el número de expedientes ascendería en realidad hasta los 1,3 millones.
Pero lejos de referirse a la duplicación de sus previsiones como un error de cálculo, Pedro Sánchez ha planteado la avalancha de peticiones como un «éxito» que «demuestra hasta qué punto era necesario este reconocimiento de derechos y deberes».
Para intentar cubrirse las espaldas, el Gobierno admite ahora que «barajó» un escenario de «más de un millón» de peticionarios, aunque nunca corrigió públicamente la cifra del medio millón.
La discrepancia entre las previsiones iniciales del Gobierno y el dato final sólo puede deberse a tres razones.
Bien a una ignorancia supina acerca de la auténtica magnitud de la economía sumergida en España, lo cual constituiría una incompetencia inadmisible para un gobierno.
Bien a un intento deliberado de engañar desde el principio.
O bien (y esta es compatible con la segunda) a que muchos inmigrantes sin papeles han venido expresamente a España a regularizarse.
Y esta última hipótesis ha cobrado la categoría de evidencia después de que EL ESPAÑOL haya podido conocer que la Policía Nacional calcula que en torno a 400.000 inmigrantes que no estaban residiendo en España han llegado a nuestro país tras el inicio del proceso de regularización.
Lo cual demuestra que Extranjería también estaba en lo cierto cuando alertó del efecto llamada que acarrearía el incentivo de premiar con un reconocimiento exprés de derechos a quienes se encuentran en una situación irregular en el territorio nacional.
Si aproximadamente un tercio de los 1,3 millones de personas que se han acogido a la regularización han trasladado su residencia a España después de la fecha de corte estipulada (el 31 de diciembre de 2025), es evidente que se ha producido un fraude masivo al abrigo de la laxitud de los requisitos temporales y documentales previstos para conceder este permiso extraordinario.
Se trata de otro de los efectos negativos que estaba llamado a ocasionar tal volumen inmanejable de expedientes en ausencia de unos mecanismos de control administrativo proporcionales.
Además del impacto en la seguridad ciudadana, los servicios públicos y la cohesión de la política migratoria europea, sindicatos policiales y funcionarios de Fronteras han venido alertando de que, al calor de la regularización, estaba brotando un mercado negro de falsos certificados de arraigo y abriéndose un coladero a través de rutas migratorias irregulares.
Sánchez se ha escudado en la acostumbrada narrativa de la xenofobia y la ultraderecha para desacreditar como «mensajes de odio» las críticas a la regularización, que ahora se están corroborando puntualmente.
Curiosamente, es la misma estrategia con la que se está intentando contrarrestar las denuncias de PP y Vox contra la «ingeniería electoral» del Gobierno, elevadas después de que EL ESPAÑOL haya puesto el foco sobre el pucherazo legal que se oculta tras la «ley de nietos».
Las terminales mediáticas del oficialismo y varios ministros han desencadenado este martes una feroz campaña coordinada contra la oposición, a la que acusan de replicar una estrategia «trumpista» por «sembrar dudas» sobre la limpieza del proceso electoral.
Pero si el Gobierno ya ha mentido sobre el alcance y el impacto de su regularización, ¿por qué habríamos de confiar en las buenas intenciones de Sánchez al fomentar una concesión masiva de nacionalidades que, según ha calculado un reciente informe de Freemarket Corporate Intelligence, podría llegar a engrosar el censo electoral para los próximos comicios en 1,3 millones de electores?