IGNACIO CAMACHO, ABC – 19/12/14
· En la política es creencia común que el Ministerio Público es literalmente un Ministerio. Una cartera más del Gabinete.
Tiene Eduardo Torres-Dulce un aire y un flequillo como de Bobby Kennedy, sólo que el presidente no es su hermano ni lo parece. Formaba tándem fraterno, de amistad y lealtades que fueron decayendo, con Gallardón; pero éste se bajó a destiempo y lo dejó pedaleando en dirección contraria a la del Gobierno. Como tiene brillante currículum de crítico de cine y ha escrito algunos libros de westerns todo el mundo le construye metáforas y analogías sobre Gary Cooper; en la política, sin embargo, el heroísmo solitario suele conducir a la melancolía. Se necesita pertenecer a una banda o a un bando y el fiscal general se había quedado en esa tierra de nadie donde el tiroteo final abrasa con fuego cruzado.
Torres-Dulce no ha sido el fiscal más independiente de la democracia sino el único que ha intentado serlo. En España es creencia común que el Ministerio Público es literalmente un Ministerio. Una cartera más del Gabinete aunque su titular no se siente en el Consejo. Así lo han entendido con naturalidad todos sus antecesores y así lo interpreta también el propio Gobierno, que considera a la Fiscalía su longa manus en el ámbito jurídico: un órgano jerarquizado bajo su obediencia. Ante un horizonte judicial tan delicado como el que se presenta en 2015 se trata de un puesto estratégico.
Ese empeño en preservar la autonomía del cargo le ha supuesto a Torres-Dulce un torrente de desencuentros. Desde el caso Bárcenas a la querella contra Mas, los roces han sido continuos. El pararrayos de Gallardón había dejado de funcionar incluso antes de la dimisión del ministro y ahora en Justicia los criterios los marca la vicepresidenta, mujer de acción ejecutiva decidida y fuerte que comanda un batallón de abogados del Estado. Tanto el poder como la Fiscalía negarán la existencia de presiones como exige el guión de los formalismos. Pero el fiscal se ha sentido presionado y se va por eso, porque aunque le blinda su estatuto no está para guerras contra quien lo ha nombrado. Ésa es la verdad: se sentía incómodo y no veía el modo ni la conveniencia de seguirlo ocultando. El conflicto del 9-N, que él tampoco supo prever ni manejar, y la reorientación del nuevo Código Penal-Procesal han supuesto la línea de no retorno.
El final de la legislatura está mellándole la cohesión al equipo de Rajoy, que va perdiendo piezas sometidas al duro desgaste de un mandato esmerilado. El presidente trata de blindarse en un núcleo de disciplina política a medida que se aproxima el apurado arreón electoral del próximo año. Su displicente despedida al fiscal general muestra con glacial e indisimulada crudeza el grado de desconfianza y distanciamiento. En realidad puede que hasta se sienta aliviado; ahora necesita rodearse de pretorianos. No hay sitio ni es momento para exquisiteces cuando la política entra en esa fase en la que el juego se disputa sobre terreno embarrado.
IGNACIO CAMACHO, ABC – 19/12/14