ABC 13/08/16
Arnaldo Otegui, el pasado día 8 en un acto en Bilbao Arnaldo Otegui «no va a formar parte de las listas, su nombre no va a estar en las listas, no va a aparecer en la papeleta, no va a ser elegido por nadie y por tanto no va a ser diputado en el Parlamento vasco». Es la afirmación realizada por el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ayer, día en que se conoció que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido que se remita a las Juntas Electorales vascas la sentencia firme que declara al líder abertzale inelegible hasta 2021, todo ello con el fin de que el fallo sea cumplido «de forma imperativa».
Este primer paso del Ministerio Público dirigido a evitar que Otegui concurra a los comicios autonómicos del próximo 25 de septiembre obtuvo de inmediato el apoyo de PP, Ciudadanos y UPyD, que ya han expresado su intención de impugnar ante la Junta Electoral de Guipúzcoa la candidatura de Otegui, al que EH Bildu insiste en presentar como su aspirante a lendakari. Por el contrario, PNV, Podemos y PSEEE, mayoritarios en el País Vasco junto a los de la izquierda batasuna, no la impugnarán, al considerar que Otegui Denuncia de irregularidades y subsanación. Las candidaturas proclamadas se publicarán en el BOPV el 30 de agosto Del 31 al 3 es el plazo para interposición de recursos y su resolución. Se puede recurrir en amparo al TC del 2 al 5, que deberá fallar siempre antes del día 9. debe presentarse a las elecciones. En una posición intermedia se situó el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, que admitió en principio que la inhabilitación es aplicable, pero consideró a continuación que «hay argumentos para sostener la postura de EH Bildu» de que no se le puede impedir concurrir a los comicios y avanzó que será el Tribunal Constitucional el que tenga «la última palabra».
Cualquier cargo
En contra de ello, el escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que dirige Javier Zaragoza en el que se reclama el cumplimiento de la condena de Otegui no deja lugar a dudas. «La pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo que le fue impuesta le impide ser elegido en cualquier proceso electoral, sea europeo, nacional o autonómico provincial o local, y la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público le impide ejercer cualquiera cargos públicos restantes aunque no se hayan precisado en la sentencia», dice. Desmonta con ello cualquier similitud con el caso del parlamentario vasco de EH Bildu Iker Casanova, condenado por pertenencia a organización terrorista y contra quien pesó una inhabilitación especial para empleo o cargo público, aunque el Fiscal interpretó que al no haberse especificado a qué cargos se aludía, no podía impedírsele ocupar el escaño.
El ministro de Justicia también aludió ayer a este pretendido paralelismo al subrayar que lo que afecta a Otegui es un «caso claro, no interpretativo», al tiempo que avisó de que, en el caso de que la Junta Electoral le permitiera presentarse, la Fiscalía impugnaría de urgencia esa decisión para que su recurso se resolviera antes de que se celebren las elecciones. En todo caso, Catalá recalcó que España es un Estado de Derecho y Otegui tiene una condena pendiente de cumplir, de modo que valoró «bastante difícil imaginar» que la Junta Electoral se aleje del criterio de la Fiscalía y «absurdo» que el reo diga que ninguna sentencia le va a impedir presentarse.