EL CORREO, 14/2/12
Cierra la puerta a cualquier conversación secreta y advierte que «la única hoja de ruta es el cumplimiento de la ley»
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díez, no se anduvo ayer con rodeos y descartó que el gabinete de Mariano Rajoy vaya a buscar con ETA una fórmula para que la banda escenifique su desarme. «Quien piense que el Gobierno va a pactar o ha pactado con ETA está alejado de la realidad», subrayó. El máximo responsable de las fuerzas de seguridad salió así al paso del modelo de disolución que la organización terrorista está intentando trasladar por vía indirecta al Ejecutivo central. Como ayer avanzó EL CORREO, la banda pretende alcanzar un acuerdo secreto con el Gobierno central para escenificar su desarme y disolución, previo pacto sobre los presos y los terroristas en activo. Unos contactos que se mantendrían con la ayuda de mediadores internacionales y que la organización armada está dispuesta a no revelar, incluso después de haber llegado a un compromiso con el PP.
Fernández Díaz, que ayer visitó el nuevo centro policial de Canillas, en Madrid, quiso cerrar la puerta a la fórmula que plantea ETA. Subrayó, en este sentido, que «la única hoja de ruta» prevista para la disolución de la banda «es el cumplimiento de la ley». El Gobierno de Rajoy no tiene previsto realizar grandes cambios en la política penitenciaria ni abrir un diálogo con la cúpula etarra hasta que esta organización se disuelva. Para sortear esa negativa, la banda plantea unas conversaciones en secreto, de tal forma que la entrega de armas y el anuncio del desmantelamiento definitivo sean, para el PP, «el principio de todo» y, para los terroristas, «el final de todo», una vez ya se hubiera buscado una salida legal a los presos y los terroristas en activo.
El ejemplo de los ‘poli-milis’
El planteamiento de ETA tampoco convence al Gobierno vasco. Fuentes de la Lehendakaritza aseguraron ayer a este periódico que la banda sólo tiene una salida: «Cumplir la Ley». El Ejecutivo entiende que si es la organización terrorista la que ha decidido poner punto y final a su actividad, de forma «definitiva» e «irreversible», es ella la que debe dar los siguientes pasos, sin aguardar a que la Administración que dirige Mariano Rajoy se siente a negociar las llamadas ‘cuestiones técnicas’, en referencia sobre todo a los presos y los huidos.
Ponen como ejemplo el caso de ETA político-militar y recuerdan cómo en el inicio de la década de los ochenta la organización acordó disolverse, sin que se entablaran negociaciones. Bastó, sostienen estas fuentes, con que un abogado designado por el colectivo contactara con el Gobierno central para ver la manera en la que cumplir sus penas pendientes.
El Ejecutivo autónomo considera que se puede seguir un esquema similar ahora, sin necesidad de mediadores internacionales como los que dirige el abogado sudafricano Brian Currin. Para el Gabinete de López, los terroristas deberán reconocer el «daño causado» y asumir sus «cuentas pendientes». A partir de ahí, reconocen, el sistema legal contempla fórmulas para facilitar la reinserción de quienes deberían pasar primero por la cárcel por su vinculación a una organización terrorista.
La disolución de ETA eliminaría uno de los riesgos que se tienen en cuenta a la hora de dictar sentencia y de revisar las condenas de los reclusos: la posibilidad de que los penados vuelvan a reincidir. Si la banda ya no existe, explican las mismas fuentes, es imposible que un convicto que quede en libertad se reincorpore a la organización terrorista. «Favorecería, incluso, al proceso a Arnaldo Otegi porque difícilmente se podría mantener que colabora con algo que no existe», advierten desde Lehendakaritza.
EL CORREO, 14/2/12